Prokurica llama al nuevo gobierno a no suspender el Estado de Emergencia
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Prokurica llama al nuevo gobierno a no suspender el Estado de Emergencia

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Las Fuerzas Armadas apoyan a la PDI en un procedimiento investigativo en Curapaillaco. Foto: Jedena Biobío
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El ministro de Defensa Nacional de Chile, Baldo Prokurica, resaltó el despliegue realizado por las Fuerzas Armadas en los casi cuatro meses de la aplicación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia por Grave Alteración al Orden Público en cuatro provincias de la Macrozona Surllamó a las próximas autoridades de Gobierno a reevaluar su anuncio de suspender esta medida hasta que no se recupere la paz, tranquilidad y respeto al Estado de Derecho en Biobío y la Araucanía.

El Estado de Excepción fue decretado por el Gobierno del presidente Sebastián Piñera el 12 de octubre pasado, producto de hechos de violencia asociados al narcotráfico, crimen organizado, asesinatos, destrucción de viviendas y fuentes de trabajo, así como el robo de madera. La medida se aplica en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, y se ha extendido ininterrumpidamente tras sucesivas aprobaciones de diputados y senadores en el Congreso Nacional.

La medida implica el despliegue de mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas quienes ofrecen apoyo, cobertura y protección a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en sus labores policiales; ponen a disposición de ambas policías tecnología, logística y transporte y apoyan en labores como el control en puntos carreteros, entre otros. Este decreto no implica que las Fuerzas Armadas reemplacen o desarrollen labores propias de las policías.

Reducción de los hechos de violencia

El ministro Prokurica señaló que el trabajo profesional de las Fuerzas Armadas y las policías ha permitido reducir los hechos de violencia en comparación al período previo al Estado de Excepción. “La acción conjunta de las Fuerzas Armadas y policías ha permitido reducir en 45% los hechos de violencia bajando de 5,5 diarios antes del Estado de Excepción a tres diarios desde su vigencia; en 72% las usurpaciones de terreno y en 10% los atentados incendiarios. Los más de 63.000 controles y más de 5.800 operativos militares, mixtos y patrullajes con las policías han tenido como resultado la detención de 160 personas, 43 de ellas en lo que va de este año”, indicó.

El secretario de Estado además señaló que a diferencia de lo que varios legisladores y dirigentes políticos han planteado, la violencia no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas sino de violentistas. “En las últimas semanas, los hechos de violencia han recrudecido y estos grupos que operan al margen de la ley han asesinado personas inocentes, han destruido viviendas y fuentes de trabajo, realidad muy distante de quienes consideraban y acusaban infundadamente a las Fuerzas Armadas por aumentar la espiral de violencia. Por el contrario, el despliegue policial y de las Fuerzas Armadas ha generado una percepción de mayor seguridad y tranquilidad para personas que antes veían interrumpido su quehacer diario, necesidad que quedó refrendada por la ciudadanía en una consulta pública”, señaló.

El ministro también manifestó que “no renovar esta herramienta que otorga la Constitución apunta en el camino equivocado, al menos hasta no desarticular, procesar y condenar a los grupos que aterrorizan a chilenas y chilenos que habitan en dicha zona para así brindar una real tranquilidad a los habitantes del sur. Retirar a las Fuerzas Armadas aumentará la sensación de inseguridad de los habitantes, dejará desprotegidas a las policías, impedirá el uso de tecnologías que apoyen la pesquisa de delincuentes y ello podría traducirse en un incremento de los hechos de violencia y delincuencia. Por eso, llamo a las próximas autoridades de Gobierno a reevaluar su anuncio de suspender esta medida hasta que no se recupere la paz, tranquilidad y respeto al Estado de Derecho en Biobío y la Araucanía”.

Para este Gobierno –insistió el ministro Prokurica- "la solución a la situación que ocurre en nuestro sur necesariamente debe ser multidimensional, debe realizarse por la vía institucional y debe tener como fin primordial garantizar la paz permanente y la plena vigencia del Estado de Derecho, descartando cualquier posibilidad de diálogo con grupos delictivos y que infunden el terror a nuestros compatriotas". 



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