La Comisión Europea ha planteado formalmente la posibilidad de utilizar parte de los fondos no ejecutados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF, por sus siglas en inglés), instrumento central del plan NextGenerationEU, para reforzar capacidades industriales críticas, entre ellas las de defensa. Así se recoge en la Comunicación COM(2025) 310 final, titulada NextGenerationEU - The road to 2026, en la que Bruselas traza la hoja de ruta para cerrar la ejecución de los fondos europeos post-pandemia antes del 31 de diciembre de 2026.
A medida que se agota el plazo para que los Estados miembros completen sus inversiones y reformas en el marco del RRF, la Comisión urge a revisar los planes nacionales (RRPs) y propone reorientar las partidas no ejecutables hacia inversiones estratégicas viables en el plazo restante. Entre las opciones que expone de forma explícita, figura por primera vez la posibilidad de canalizar fondos del RRF hacia el futuro Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP), iniciativa aún en negociación que sustituirá al actual Fondo Europeo de Defensa (EDF).
Un instrumento excepcional en su recta final
Creado en 2021 para mitigar el impacto económico de la pandemia, el RRF ha financiado reformas e inversiones con un volumen sin precedentes: 723.000 millones de euros entre ayudas directas y préstamos. España, junto a Italia, ha sido uno de los principales beneficiarios, con asignaciones que suponen hasta el 11 % de su PIB de 2024.
El instrumento debía ser ejecutado íntegramente antes del cierre de 2026. No obstante, a mediados de 2025, la Comisión constata un ritmo de ejecución desigual y reconoce que aún quedan 335.000 millones de euros por desembolsar, lo que supone el 51 % de los fondos totales. Sólo el 31 % de los hitos y objetivos se ha cumplido a día de hoy, y el 21 % adicional ha sido reportado como completado pero aún pendiente de validación.
Bruselas identifica múltiples causas para este retraso: la complejidad administrativa, la revisión de planes con capítulos REPowerEU, los efectos de la guerra de Ucrania y otras crisis superpuestas. A ello se suma la dificultad inherente de gestionar fondos de esta magnitud en un periodo tan corto.
Propuesta de uso alternativo: defensa e innovación estratégica
Ante el riesgo de que los fondos no se ejecuten a tiempo, la Comisión propone varias opciones de redistribución interna dentro de los planes nacionales. Una de las más destacadas es la posibilidad de que los Estados miembros contribuyan con fondos del RRF a programas europeos en materia de defensa.
En concreto, el texto sugiere “contribuciones voluntarias nacionales al futuro Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP)” como una vía para ejecutar fondos no utilizados antes de la fecha límite. Estas contribuciones, señala la Comisión, serían consideradas como “inversiones RRF válidas”, siempre que se destinen a proyectos bajo EDIP que beneficien directamente al Estado miembro donante.
Para ello, el Reglamento de creación del EDIP deberá incluir una cláusula específica que permita el uso de fondos del RRF con esta finalidad, garantizando que el retorno quede dentro del país aportante. La Comisión insta a los colegisladores (Parlamento Europeo y Consejo) a incorporar esta disposición durante los actuales trílogos legislativos.
Además del EDIP, Bruselas también propone que los fondos se dirijan a otros programas industriales estratégicos como el de Conectividad Segura por Satélite (IRIS) o el Programa Espacial de la UE. Las contribuciones a estos programas, igualmente, serían reconocidas como inversiones válidas dentro del marco RRF.
Planificación acelerada para evitar pérdidas
Para acceder a estas opciones, la Comisión recuerda que los Estados miembros deben revisar sus planes lo antes posible, con fecha límite de presentación de revisiones fijada para finales de 2025. El objetivo es garantizar que sólo permanezcan en los planes medidas cuya ejecución pueda completarse antes del 31 de agosto de 2026.
Aquellas inversiones que no se consideren realizables dentro del plazo deberán ser eliminadas o sustituidas. En los casos en que las inversiones tengan partes divisibles, se permite mantener bajo el RRF solo aquellas fracciones ejecutables en plazo, dejando el resto para su financiación con fondos nacionales o de cohesión.
La Comisión ofrece también opciones de inversión a través de instrumentos financieros, transferencias al fondo InvestEU, inyecciones de capital en bancos públicos nacionales, o la creación de mecanismos de coinversión privados.
El calendario es ya muy ajustado. El último día para presentar solicitudes de pago es el 30 de septiembre de 2026, y todos los pagos deberán realizarse antes del 31 de diciembre del mismo año. La Comisión pide a los gobiernos que empiecen ya a compartir informalmente evidencias de cumplimiento, para evitar cuellos de botella en el último trimestre.
Un paso hacia la soberanía industrial y la defensa común
El uso de fondos de recuperación en defensa marca un giro significativo en la política económica de la UE. El texto de la Comisión justifica esta orientación apelando a la autonomía estratégica, a la necesidad de reforzar la resiliencia industrial y a las lecciones de la guerra en Ucrania. El objetivo declarado es consolidar cadenas de suministro europeas, acelerar la innovación militar y garantizar que la inversión se mantenga dentro del ecosistema industrial europeo.
En el caso concreto del EDIP, se prevé que este nuevo instrumento financie proyectos cooperativos entre países europeos en ámbitos como munición, plataformas terrestres, sistemas antiaéreos o capacidades espaciales.
La propuesta también se enmarca en el contexto de presión creciente por parte de algunos socios europeos y de Estados Unidos para que los países de la UE eleven su gasto en defensa. Reutilizar fondos del RRF para este fin podría ayudar a compensar los déficits presupuestarios estructurales sin comprometer otras partidas nacionales, aunque no está exento de polémica política.
España, entre los más afectados
España es el tercer mayor beneficiario del RRF en volumen, con una asignación inicial de más de 77.000 millones de euros en subvenciones, más otros 84.000 millones disponibles en préstamos. Hasta la fecha, sin embargo, la ejecución ha estado por debajo de lo previsto, y buena parte de las reformas se ha concentrado en los últimos dos años del periodo.
Según la Comisión, el 11 % del PIB español de 2024 está vinculado directamente al RRF, una proporción sólo superada por Grecia y Croacia. En ese contexto, el margen de adaptación de los planes españoles es más limitado, lo que podría convertir a España en uno de los Estados con más presión para ejecutar o redirigir los fondos pendientes.
Si bien el Gobierno ha manifestado su intención de cumplir los objetivos dentro del plazo previsto, la opción de redestinar fondos a defensa o a programas industriales de alto impacto puede ofrecer una vía pragmática para salvaguardar los fondos asignados.
Una ventana de oportunidad europea
Con esta propuesta, la Comisión Europea no sólo busca garantizar la plena absorción del RRF, sino también avanzar hacia una mayor integración industrial y tecnológica en el ámbito de la defensa. La guerra en Ucrania, las tensiones globales y la presión por una mayor autonomía estratégica han modificado las prioridades europeas. Aprovechar los fondos no utilizados del RRF podría convertirse en una palanca decisiva para acelerar ese giro.
Mientras tanto, los Estados miembros deben revisar sus planes, redefinir prioridades y presentar revisiones viables antes de que se agote el tiempo. La cuenta atrás para el cierre del RRF ya ha comenzado.