Estados Unidos acusa a España de "jugar con fuego" por poner en manos de la china Huawei las escuchas policiales

El presidente del Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Rick Crawford, ha emitido un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por la decisión del Gobierno español de adjudicar a la empresa china Huawei el servicio de almacenamiento de escuchas judiciales.

Crawford calificó la medida como “casi inimaginable” y advirtió que España “está jugando con fuego” al poner en riesgo su propia seguridad nacional y la de sus ciudadanos. “Al confiar a un conocido agente del Partido Comunista Chino la recopilación y custodia de una ingente cantidad de datos sensibles, España se ha expuesto a amenazas claras contra su soberanía y la de sus aliados”, señaló el congresista republicano.

El legislador denunció que cada país que permite operar a Huawei “abre nuevas oportunidades” para que la empresa —a la que vinculó directamente con los intereses estratégicos del Gobierno chino— utilice esos datos para avanzar en sus objetivos geopolíticos. A su juicio, con cada “victoria” como esta, el Partido Comunista Chino se envalentona para emprender nuevas campañas de influencia a escala global.

“La comunidad internacional debe trabajar unida para defenderse de la influencia destructiva y extendida del Partido Comunista Chino”, concluyó el dirigente del Congreso estadounidense. 

Contrato de Interior con Huawei

Este comunicado hace referencia a la adjudicación de contratos por un total de 12,3 millones de euros por parte del Ministerio del Interior español a la multinacional china Huawei para la gestión y almacenamiento digital de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales. 

Estas adjudicaciones figuran en la plataforma de contratación pública del Estado, están gestionados por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación y se han realizado conforme a los procedimientos públicos establecidos.

Tal y como publicó el digital The Objective, los centros de proceso de datos del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, donde se gestiona el almacenamiento en bruto de todas las escuchas telefónicas que se realizan mediante el sistema espía Sitel, utilizan una plataforma tecnológica fabricada por Huawei que, además, no dispondría del certificado de seguridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

Estos centros de proceso de datos emplearían un sistema de almacenamiento denominado Huawei Oceanstor 6800 V5.

Esta decisión viene generando preocupación interna en sectores de la Policía Nacional, Guardia Civil y el CNI, debido al papel estratégico del sistema y la vinculación de Huawei con el Estado chino. Pero esta situación ha traspasado fronteras y son varios los medios internacionales que se han hecho eco de la noticia. 

El analista y abogado estadounidense Gordon G. Chang, autor de varios libros sobre lo que supone la amenaza china para occidente, ha llegado a asegurar que la OTAN podría plantearse incluso expulsar a España de la Alianza. “España les está complicando la vida a las democracias occidentales. Es hora de perder la paciencia”, escribía recientemente en la red social X.

Según publicaba esta semana el medio europeo Euronews, fuentes internas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han expresado su preocupación ante lo que consideran una "incongruencia estratégica" en materia de seguridad.

No hay que olvidar que la adjudicación del contrato de Interior a Huawei contrasta marcadamente con la tendencia de la europea de ir apartando a la compañía china de determinadas funciones consideradas sensibles. Así, en el conjunto de la Unión Europea ya son diez los países que han impuesto restricciones a esta empresa y a otras de esa misma nacionalidad. Reino Unido y Suecia prohibieron directamente a los proveedores chinos de sus redes core de 5G, mientras que Francia, sin hacer una lista pública, ha excluido a todos los suministradores chinos de las redes de sus empresas locales. Alemania o Portugal también han ido en esa misma línea.

En 2020, la Comisión Europea recomendó a sus Estados miembros excluir a proveedores "de riesgo elevado" de los despliegues de 5G.