El presidente del Gobierno acudirá al Congreso de los Diputados el próximo miércoles, 7 de mayo, para explicar su Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con 10 471 millones de euros adicionales en un conjunto de medidas que tiene como objetivo elevar su gasto en defensa al 2 % del PIB este mismo año 2025, cuatro años antes de lo previsto.
Sin embargo, es muy posible que el nuevo plan del Ejecutivo sea solo un parche si, tal y como ha explicado el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, en una entrevista publicada en el diario El País, la próxima cumbre de la Alianza Atlántica podría dejar corto ese 2% previsto por Sánchez.
Así, según Kubilius, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, “ya ha dicho que hay planes para acordar durante la cumbre en junio de este año que el gasto estándar será del 3% del PIB o incluso más. Por lo tanto, esa será también la nueva tarea del gobierno español: encontrar la manera de aumentar ese gasto en defensa en un futuro próximo".
De ser así, el compromiso que salga de dicha cumbre supondría un nuevo reto para España y un desafío para el Gobierno, pues si el plan para llegar al 2% le ha supuesto un choque con Sumar, su socio en el Ejecutivo de coalición, alcanzar ese 3% se antoja un imposible.
La iniciativa española combina inversiones en equipamiento, entrenamiento y ciberseguridad, con un fuerte impulso a la industria nacional —el 89 % de los fondos se ejecutará en España— y prevé la creación de casi 100 000 empleos, contribuyendo así a la autonomía estratégica de la Unión Europea.
Contexto y compromisos de la OTAN
En la cumbre de Gales (2014) y ratificada en Bruselas (2018), los aliados de la OTAN acordaron destinar al menos el 2 % del PIB a defensa, un umbral que hasta 2024 solo cumplían siete miembros. España, con un 1,24 % en 2024 según el informe de la propia Alianza Atlántica hecho público la pasada semana, era de los últimos en la lista, pero con el plan anunciado por Pedro Sánchez esta cifra escalará al 2 % en 2025 sin incrementar ni un céntimo la presión fiscal ni mermar el gasto social, según ha dicho el propio Ejecutivo.
Aprobado el pasado martes, el plan español moviliza 10 471 millones de euros adicionales para cinco grandes áreas: modernización de equipamiento, refuerzo de la formación (35,45 % del total), desarrollo de capacidades de ciberseguridad (31,16 %), adquisición de nuevos sistemas de defensa (18,75 %), apoyo a emergencias (16,73 %) y mejora de la seguridad de los despliegues exteriores (3,14 %).
El 89 % de los recursos se invertirá en España, fortaleciendo los corredores industriales consolidado —aeroespacial en Madrid y Sevilla, naval en Galicia y Cartagena, terrestre en Galicia y Asturias— y creando nuevos ‘hubs’ tecnológicos en otras comunidades autónomas.
El plan prevé, además, cláusulas de retorno regional en la contratación pública y el impulso a 31 Programas Especiales de Modernización (PEM), que movilizarán 3 807 millones en su primer año, con el fin de fomentar la I+D+i y atraer financiación europea a través del Fondo Europeo de Defensa.
Según PwC y TEDAE, la industria de defensa aportó 10 609 millones al PIB en 2023 y siete comunidades acumularon el 84 % de esa contribución, lideradas por Madrid, Andalucía y País Vasco; el plan aspira a incrementar el PIB hasta en 0,7 puntos y generar casi 100 000 empleos, entre directos e indirectos.
En paralelo, el plan europeo de 800 000 millones de euros en cuatro años contempla préstamos y flexibilización de las reglas fiscales, medida que España deberá acompañar con un esfuerzo adicional si quiere aspirar al 3 % del PIB en gasto militar, tal como prevé la OTAN.