El Gobierno da explicaciones a IU sobre el cierre de la fábrica de armas de La Vega

(Infodefensa.com) Madrid – El Gobierno ha dado explicaciones sobre el cierre de la fábrica de armas de La Vega (Oviedo) en respuesta a una pregunta escrita presentada en el Congreso por el diputado de IU Gaspar Llamazares.

El parlamentario pide al Gobierno responsabilidades tras “su pacto secreto” con General Dynamics para el cierre de la fábrica, “aprobado por las direcciones generales de Infraestructuras, y Armamento y Material del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria y la Delegación del Gobierno”. Llamazares indica en su pregunta, presentada el pasado 10 de junio, que cerrar la fábrica de armas de La Vega costó 6,74 millones de euros. “Solo el traslado de las armas y la maquinaria se elevó a 3,4 millones, un dinero que computó como pérdidas y justificó el despido de 55 trabajadores, hace 13 meses. Los "números rojos" avalan el nuevo ERTE presentado por General Dynamics, que mandará al paro a una media de 213 trabajadores al mes, durante los próximos 18 meses”, explica el diputado. Añade que los informes aportados por Manuel Alba Navarro, secretario general del Congreso y letrado mayor de la Cámara (hasta su renuncia en febrero de 2014), demuestran que el cierre comenzó a fraguarse en 2011, cuando la multinacional pactó con Defensa la prórroga del contrato de la cesión de La Vega por 10 años. En el nuevo pliego de condiciones se establece que “la concesionaria, por interés propio, podrá proceder a la devolución de una o varias instalaciones, fábricas, establecimientos o centros, entre ellos la Fábrica de Armas de Guerra de Oviedo”.

Un año después –continúa Llamazares–, el 11 de abril de 2012, General Dynamics solicitó hacer efectiva la cláusula para proceder al desmantelamiento de La Vega y el traslado de la plantilla, la producción y parte de la maquinaria a Trubia.

El diputado recuerda que el Gobierno argumentó entonces que el Estado no podía intervenir en la decisión de una empresa privada, pero incide en que General Dynamics necesitó “permisos e informes favorables por parte del Ministerio de Industria, la Dirección General de Infraestructuras y la Dirección General de Armamento y Material de Defensa, la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno para llevar a cabo la operación”.

En su respuesta escrita del 1 de julio, el Gobierno explica que la concesión demanial otorgada a Santa Bárbara Sistemas el 22 de julio de 2011 fue “consecuencia directa” de la renovación del acuerdo de 25 de julio de 2001 entre el Ministerio de Defensa y la Empresa Nacional Santa Bárbara S.A. en relación con el régimen patrimonial de los bienes cedidos temporalmente a esta empresa. “Tal y como se concreta en el documento, afectaba por igual a todas las fábricas e instalaciones que tenía la antigua Empresa Nacional Santa Bárbara en terrenos de propiedad militar, e incluía los derechos y deberes que las partes debieran cumplir en caso de devolución de las instalaciones, tal y como, con ocasión de la firma, informó la prensa local”, indica.

Añade que la empresa comunicó en el año 2012 a la Dirección General de Infraestructura el preaviso de devolución de la Fábrica de Armas de Guerra de Oviedo, “cumpliéndose tanto con lo estipulado en el documento de julio de 2011 como con el resto de requisitos”.

Respecto a los permisos, explica que, en aplicación del vigente reglamento de armas, se solicitaron y se recibieron los informes reglamentarios para la emisión por parte de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) de la resolución de autorización de la modificación sustancial solicitada por la Fábrica de Armas de Trubia de acuerdo con el reglamento anteriormente citado. “En todo caso se ha seguido la legislación y los procedimientos vigentes”, se afirma en la nota.

En relación con las medidas tomadas por la empresa, se incide en que GD-SBS es una empresa privada del sector de la defensa, y por tanto “autónoma en sus decisiones industriales, laborales y empresariales”, que toma en función de su objeto social como empresa mercantil. Dentro de esta autonomía empresarial figuran todos los aspectos relativos a la fabricación (instalaciones, líneas de producción, costes etc.) de sus productos actuales o de aquellos que deriven de nuevos encargos.