Montoro defiende los beneficios económicos de los programas especiales de armamento

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido en el Congreso los beneficios económicos de los Programas Especiales de Armamento (PEAs), tanto en términos de I+D+i como en creación de empleo.

En la presentación del crédito extraordinario para el pago de los PEAs en el Congreso para su convalidación, Montoro señaló que el crédito “tiene una gran importancia desde el punto de vista de la defensa nacional”, ya que permite a las Fuerzas Armadas alcanzar un estándar operativo suficiente para afrontar las amenazas relativas a la defensa de la soberanía nacional. “Pero también –añadió- tiene una gran importancia desde el punto de vista del desarrollo de la industria nacional”.

Explicó que los programas especiales han supuesto “un importante incentivo para el sector industrial estratégico y puntero”, que genera más de 20.000 empleos directos de altísima cualificación. “Es un sector intensivo en I+D+i, que exporta y que además genera patentes aplicables en otros campos ajenos al ámbito armamentístico”, agregó.

En esta línea el ministro esgrimió que, al cumplir con los compromisos adquiridos con el sector, además de ratificar la solvencia y la credibilidad de nuestro país, se está colaborando “con el futuro de una industria muy cualificada, pero que debido a la crisis atraviesa por una situación delicada”.

No obstante, afirmó que la existencia de esta crisis no puede convertirse en “argumento populista y demagógico para desatender un ámbito de actuación que afecta al presente y al futuro de los ciudadanos, mucho más de lo que algunos quieren hacernos creer cuando desprecian la importancia de la inversión en la defensa de España”.

Montoró defendió que ya se pueden apreciar “los beneficios económicos que han supuesto las diferentes iniciativas del Ministerio de Defensa de replanificar y renegociar estos programas especiales de armamento”, aunque los efectos de la replanificación dificultan la posibilidad de generar una previsión anual exacta del importe que hay que destinar al cumplimiento de estos compromisos, “por lo que se ha optado por esta vía del crédito extraordinario para afrontar los pagos anualmente”.

En su intervención el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, achacó al Gobierno su negativa para acercarse a los grupos parlamentarios y tratar de llegar a un acuerdo y rechazó la validez del crédito extraordinario como medida ya habitual para pagar los grandes programas.

“Llevan toda la legislatura intentando engañar al Parlamento con unos Presupuestos Generales del Estado donde no incluyen cantidades enormes de gastos de defensa, que luego incluyen en un presupuesto —entre comillas— posterior del verano”, argumentó López Garrido, que añadió que estos gastos, además de los grandes programas, están los pagos de misiones en el exterior, organismos autónomos vinculados a defensa o la I+D+i militar.

“Nosotros vamos a votar que no a este decreto-ley, que es propio de una política sin proyectos, sin objetivos, aislacionista, sin capacidad de ampliar acuerdos en un asunto tan trascendental para la defensa de nuestro país y para la industria española”, finalizó

La diputada Irene Lozano, por su parte, quiso dirigirse a los responsables de la industria, ante la “sordera” del Gobierno a los argumentos de la oposición, del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado. A dichos responsables les dijo que esta manera de financiar los programas especiales es “muy arriesgada para ellos”, ya que ha sido puesta en cuestión jurídicamente por el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Grupo Socialista.