Acusan a diez empresas de participar en las compras irregulares de la Armada de Uruguay

25/10/2010 (Infodefensa.com) Montevideo - La Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay ha probado la participación de al menos diez empresas en las irregularidades detectadas en diversas compras de la Armada del país. El organismo recaudador presentará en los próximos días varias denuncias ante la jueza Graciela Gatti, que ya procesó a tres marinos.

"Hemos detectado varios casos en los cuales algunos proveedores de la Armada asentaban operaciones inexistentes con documentación apócrifa", informó al diario local El País el director de Rentas, Pablo Ferreri.

Según la DGI, "se dio la situación de que algunos proveedores brindaban las facturas apócrifas a otros", dijo Ferreri, quien analizó el tema con la cúpula del organismo recaudador, donde decidieron llevar esta situación ante la Justicia.

El titular de la DGI indicó que son una decena los empresarios implicados en las maniobras, pero evitó dar a conocer la cantidad global de las ventas simuladas, en virtud de que esos datos están amparados en el secreto tributario.

El organismo recaudador comenzó a investigar a los proveedores de la Armada a petición del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, quien le entregó a Ferreri diversa documentación relativa a una nómina de varias empresas aparentemente implicadas en las maniobras.

En los próximos días, la DGI pondrá en conocimiento de la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti todos los informes respecto a la participación de los proveedores de la Armada en las maniobras de simulación de compra de insumos para esa fuerza.

La magistrada, junto con la fiscal Mónica Ferrero, tiene a su cargo la investigación respecto a las "compras fantasmas" en la fuerza de mar, caso por el que ya hubo cuatro procesamientos, entre ellos, el del ex comandante Juan Fernández Maggio, quien se encuentra recluido en Cárcel Central desde el pasado 20 de agosto.

Junto con el ex jefe naval, fueron procesados e ingresados en prisión los oficiales Gerardo Feble (ex director de Logística) y Pablo Da Costa (integrante de la Dirección de Material Naval).

Además, fue enjuiciado, aunque sin ingresar en prisión, el marino Danilo Damonte, ex titular de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento de la Armada. Damonte no fue enviado a prisión debido a que llegó a un acuerdo con la fiscal Ferrero a quien le entregó documentación sobre otras irregularidades a cambio de no ir a la cárcel.

Todos los oficiales navales fueron procesados por su responsabilidad en la simulación de la compra de un banco de pruebas para motores y una grúa hidráulica por un total de 600.000 dólares a finales de 2008. Ese dinero, que figuraba como erogación, fue reingresado irregularmente a la contabilidad de la Armada, aunque no se pudo determinar a ciencia cierta a qué fue destinado.

Ferreri dijo que la DGI, en función de sus investigaciones administrativas, determinó que las maniobras mediante compras fraguadas en la Armada causaron "claros perjuicios al Estado". "Si no existió la operación de venta no se configura defraudación, pero al haberse detectado la utilización de facturas falsas, hay un claro perjuicio para el Estado, que pagó por elementos que en realidad no compró", explicó el jerarca.

En los últimos días, la indagatoria en torno a las irregularidades en compras de la Armada se ha centrado en Interpol, dependencia policial a la que la jueza Graciela Gatti encomendó la investigación del caso. Efectivos de esa unidad han interrogado a varios marinos y empresarios.