La fiscalía salvadoreña acusa al director de la Policía de incumplir sus deberes

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador acusó al director general de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Mauricio Arriaza Chicas, por incumplimiento de deberes. El Congreso, además, pidió su destitución dos días después de la acusación fiscal.

La audiencia judicial en un tribunal de Paz de San Salvador quedó agendada para este próximo martes 22 de diciembre, mientras que la solicitud de destitución por parte de la Asamblea Legislativa, aunque sea vinculante, de acuerdo con la Constitución, no será acatada por el presidente Nayib Bukele.

“No les voy a hacer caso, porque la Constitución no les da esa facultad”, dijo Bukele, la semana pasada, en el Cantón El Mozote, en Morazán, al noreste de El Salvador, donde en 1981 ocurrió la masacre de al menos 1.000 civiles (entre ellos niños) por parte de los militares, y donde el presidente calificó de “farsa” la guerra (conflicto armado interno de 1980 a 1992) y los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la confrontación armada, el 16 de enero de 1992. A propósito, por dicha masacre, Bukele no ha dado acceso a instalaciones militares a la autoridad judicial que ha reabierto el caso.

Enfrentamientos Bukele&Órgano Legislativo

Con el tema de la destitución de Arriaza, Bukele vuele a polarizar su tirante relación con el Órgano Legislativo y además incomodó a muchos sectores con esa declaración en contra de la guerra y los Acuerdos de Paz, que fue tildada por algunos actores de aquella época como irrespetuosa y fomentar así la impunidad.

Parte del artículo 131 de la Constitución salvadoreña que obliga a Bukele a acatar la solicitud de destitución del jefe policial por parte del Poder Legislativo es claro: “La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia de Estado por causa de graves violaciones de los derechos humanos”

La acusación fiscal y esta solicitud de destitución en contra del comisionado Arriaza surge de la intervención militar y policial a la Asamblea Legislativa, del 9 de febrero anterior, donde Bukele presionaba a los diputados por la aprobación de un préstamo por 109 millones de dólares para seguir financiando su plan de seguridad.

Además de un pedido por parte de una comisión especial del legislativo de llevar con apremio (acompañamiento policial) a dos ministros de Bukele para dar cuenta de su actuación durante la pandemia, pero que Arriaza ignoró.

Ante la negativa de Bukele, queda en manos de un juez de Paz si procesa al director de la PNC, a partir del requerimiento fiscal que será abordado en la audiencia inicial de este próximo martes. Hay que recordar también que Arriaza fue expuesto a un antejuicio, hace unos días, en la Asamblea para retirarle el fuero o inmunidad que lo protegía como viceministro de Seguridad para ser procesado penalmente, pero el funcionario renunció al cargo en Seguridad y como titular de la PNC no cuenta con esa protección.