Centroamérica: los impuestos para financiar seguridad y los índices de criminalidad

Por el momento, solo dos países centroamericanos manejan impuestos especiales para financiar sus planes de seguridad: Honduras, pese a llevar más tiempo implementando estas políticas, aún ocupa el primer lugar en la lista de países más violentos del planeta; mientras que en El Salvador este programa tiene tan solo un mes de vida, concretamente, desde principios de diciembre, y tampoco se queda atrás en los rankings globales de naciones más violentas.

Pero entonces cabe preguntarse ¿por qué Honduras (por ser el que más tiempo lleva con este impuesto, desde 2012) no logra bajar sus índices de homicidios, violencia y criminalidad, aún con una fuente de financiación para alimentar estrategias y planes de seguridad?

¿Será como dijo Rudolph Giuliani, que ha asesorado en seguridad a más de un gobierno centroamericano y al mismo Colombia, que el problema se debe buscar, más bien, en cómo se aplican planes y estrategias que en la disposición de más recursos financieros?

En su visita a El Salvador, este 2015, Giuliani, contratado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep), manifestó que cuando fungió como alcalde de Nueva York, se analizó, entre otros problemas delincuenciales y después de manejar estadísticas de ocurrencia de asaltos por un tiempo, que los atracos ocurrían más en los andenes de las estaciones del metro que dentro de los vagones, pues en ese sentido se concentró más presencia policial en esos lugares y se comenzó a detectar baja en los delitos. Esto se consiguió precisamente porque se atacó el problema tras un análisis y seguimiento.

Honduras, sin embargo, registró entre enero y julio pasados 3.000 asesinatos, lo que representa una baja del 15,1% con respecto al mismo período de 2014 y un promedio de 14,1 muertes al día, según un informe del Ministerio de Seguridad.

El Salvador, por su parte, pudiera cerrar el 2015 con un promedio diario de 18 muertes violentas, según confirmó la Policía en un pre-balance anual, este pasado 22 de diciembre.

Algunas de las fuentes de financiación para este impuesto en Honduras provienen de las transacciones financieras, comidas rápidas y casinos; mientras que en El Salvador se originan solamente en el sector de telecomunicaciones, sobre todo en el consumo por servicios de telefonía.

Honduras ha recaudado con su impuesto, desde 2012 a octubre de 2015, aproximadamente 380,8 millones de dólares, siendo el sector de Defensa el que ha recibido el mayor porcentaje de esos fondos, con alrededor del 41%.

En El Salvador se ha calculado que el impuesto para este rubro podría recaudar un promedio anual de 140 millones de dólares, pero el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, dio a conocer el incumplimiento de la Ley de Contribución a la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) por parte de las empresas telefónicas, que entró en vigencia el pasado 14 de noviembre tras un proceso de verificación y control tributario.

Las empresas de telefonía, que son las encargadas de retener la contribución, incumplieron el plazo de aplicación establecido por ley, con 15 días de retraso, iniciando unas el 29 y 30 de noviembre y otras el 1 de diciembre de este año.

Lo anterior repercutió en los ingresos reportados de este sector, correspondiente al mes de noviembre, que alcanzaron apenas 84.207 dólares, cuando lo proyectado era de dos millones de dólares, debido a que la contribución se aplicó irregularmente desde su entrada en vigencia.

En todo caso, aún no es posible apreciar un impacto positivo de los impuestos de seguridad en los dos países referidos versus reducciones directas en los índices de violencia, delincuencia y crimen, por lo que para analistas y para la opinión pública, dichos impuestos no están siendo efectivos para contribuir a un clima de paz y estabilidad en los respectivos países y sus poblaciones.