La confrontación en las calles de Venezuela se acentúa

A medida que trascurren los días se agrava aún más la crisis política, económica, social y humanitaria por la que atraviesa Venezuela desde hace casi dos años. En las acciones de calle propiciadas por la oposición, que comenzaron a finales de marzo pasado y que han sido reprimidas fuertemente por las Fuerzas Militares y de Seguridad, se han contabilizado, de manera oficial, 57 fallecidos a la fecha.

La Guardia Nacional, cuarto componente militar de la Fuerza Armada Nacional, ha estado al frente de la represión, aunque también han actuado la Policía Nacional Bolivariana y otros cuerpos de seguridad del Estado. En este contexto, se acusa a la Guardia Nacional de aupar y proteger a los denominados Colectivos de la Paz. Estos grupos de civiles armados afectos al régimen, se afirma, participan en la represión de las protestas y saqueos a comercios (se cuentan por centenares en todo el país), y, supuestamente, estarían incursos en la muerte de varios manifestantes.

Además, la Fuerza Armada Nacional ha implementado el Plan Zamora que, entre otros aspectos, comprende el sometimiento a la jurisdicción penal militar de civiles por delitos no militares.

El hecho es que las protestas han cobrado mayor contundencia en todo el país y todo parece indicar que no hay vuelta atrás. La oposición pide la celebración de elecciones generales adelantadas para reemplazar al presidente Nicolás Maduro y ese reclamo es respaldado por no pocos gobiernos y organismos internacionales como vía para superar las crisis.

El origen de las problemas

Las protestas se iniciaron a raíz de dos sentencias dictadas el pasado 28 de marzo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica, mediante las cuales se le eliminan facultades a la Asamblea Nacional, controlada mayoritariamente por la oposición, y se le otorgan poderes especiales al presidente Nicolás Maduro, generando el “rompimiento del orden constitucional” como lo han aseverado tanto sectores internos como internacionales.

Al cuadro inicial de esta nueva etapa de confrontación entre la oposición y el régimen chavista, que lleva ya más de 18 años en el poder, se suma ahora una nueva circunstancia y fue la convocatoria, el 1º de mayo pasado, del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución actual que fue promulgada en 1999 a incitativa del entonces presidente Hugo Chávez. Si bien la convocatoria a una Asamblea Constituyente tiene una base constitucional, no lo tienen las bases comiciales establecidas por Maduro y con las cuales, según opiniones calificadas, pretende asegurarse una mayoría absoluta que le permita perpetuarse en el poder.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo control absoluto del oficialismo, acogió la propuesta de Maduro y fijó para finales del mes de julio los comicios para elegir a los delegados que reformaran la Constitución y los cuales reemplazaran, de hecho, a la actual Asamblea Nacional, cuyo período finaliza en enero de 2021.

Disidencia y aislamiento internacional

Este nuevo elemento introducido por Maduro, como es de suponer, ha provocado un incremento en la confrontación gobierno-oposición. Pero, además, ha provocado nuevas disidencias en el seno del chavismo.

En ese orden, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, figura clave del chavismo que ya había expresado su desacuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo de Justica, nuevamente se pronunció en contra de la convocatoria de Maduro a la Asamblea Constituyente. También lo han hecho otros personajes afectos al régimen, como es el caso, entre otros, de exministros, dos diputados y dos magistrados del Tribunal Supremo de Justica que fueron elegidos por la anterior Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Se cuentan, además, oficiales retirados que participaron en los intentos de golpe de estado de 1992 y que luego ocuparon posiciones de mando dentro de la institución militar durante los gobiernos de Chávez y Maduro, entre los que destaca el mayor general (Ejército. Retirado) Clíver Alcalá Cordones.

Igualmente, se han sumado movimientos políticos minoritarios que formaron parte del denominado Polo Patriótico el cual encabezado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

El rechazo a la convocatoria a la Asamblea Constituyente también ha tenido eco a nivel internacional. De igual modo que sucedió con las sentencias, gobiernos y organismos internacionales exigen al Gobierno de Maduro enmarcarse en el orden constitucional. Asimismo, un nuevo grupo de gobiernos americanos han retirado sus embajadores de Caracas con carácter indefinido, mientras que otros, que durante años habían mantenido un apoyo incondicional al régimen chavista, comienzan a marcar distancia. Por lo demás, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha convocado para el próximo 31 de mayo a una reunión extraordinaria de Cancilleres para tratar la crisis venezolana.