El TCU investiga el abandono del proyecto 'Heron' de la Policía Federal brasileña

Adquiridos por el Departamento de Policía Federal (DPF) por 27,9 millones de dólares (al final del 2º mandato del presidente Luis Inácio da Silva) para ser usados ​​en el combate al crimen organizado, según la propia propaganda oficial del Gobierno afirmaba la época, dos aeronaves remotamente pilotadas (ARP) IAI Heron no operan desde febrero de 2016.

Mientras el Departamento de Policía Federal decide qué hacer con los ARP Heron, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) fue instado a actuar tras una denuncia anónima sobre el abandono del proyecto.

El tribunal envió oficio a la dirección del DPF pidiendo aclaraciones sobre una serie de posibles irregularidades involucrando desde la contratación del proyecto hasta la falta de mantenimiento y degradación de los ARP.

La investigación en curso se considera secreta, y hasta el momento, el TCU no dio más detalles sobre el caso. Mientras tanto, los ARP Heron del DPF siguen en el suelo.

El proyecto original preveía una flota de 14 ARP, la construcción de cuatro bases fijas estratégicamente localizadas por el territorio nacional y la adquisición de equipos necesarios para mantener dos bases móviles de campaña, aptas para el empleo en regiones fronterizas.

Todo el complejo sistema de ARP del DPF sería dotado con 90 agentes de élite, entrenados para recoger precisa información de inteligencia y así maximizar el combate al crimen, ya sea internamente o el transnacional, cometido a partir de las fronteras terrestres. Nada de eso sucedió, por desgracia. Por el contrario, el escenario actual bordea el descuido.

Los dos ARP se encuentran almacenados en São Miguel do Iguaçu (PR), dentro de un hangar cuya pista de aterrizaje disponible no presenta mínimas condiciones de uso y no atiende las especificaciones del fabricante original.

Una década después

El proceso de compra iniciado en 2007 colocó a la dupla de ARP para volar efectivamente sólo en 2011, un lapso de cuatro años para implementar un programa que, cuando es administrado por militares de fuerzas aéreas profesionales, tarda pocos meses en realizarse.

El Ministerio de Justicia y los líderes de la DPF decían en su momento que los ARP serían una moderna y estratégica herramienta contra el crimen transnacional en sus diferentes vertientes, por conseguir informaciones muy cualificadas sin ser percibidas y sin poner en riesgo la vida de agentes. Muy bonito en la teoría, pero la práctica es otra, una situación típica en Brasil.

Simplemente, la compra fue abandonada y el dinero del contribuyente brasileño se coló por el desagüe del descuido. El hecho es que Brasil pasó por dos grandes eventos mundiales, uno en 2014 (Copa FIFA) y otro en 2016 (Río Juegos Olímpicos) con la Policía Federal ostentando una flota de ARP en papel. El trabajo fue hecho de hecho por la Fuerza Aérea Brasileña y otras instituciones.

La situación actual es tan embarazosa que, en caso de que el DPF decida devolver estos dos equipos al servicio activo, la institución estará obligada a invertir altas sumas sólo para volver a colocarlas en condiciones de vuelo. Los contratos relativos a la disponibilidad de señal de banda satelital también tendrán que ser rehechos, pues sin ese recurso la DPF no logra ampliar el radio operacional (alcance) de los ARP o enviar imágenes captadas a una estación de mando y control en tierra, en tiempo real. También serán necesarias inversiones para modernizar el payload (carga paga) de sensores y entrenar más pilotos habilitados en el tipo.

Desde el final de los Juegos Olímpicos en Río (agosto de 2016), los ARP están sin mantenimiento, pues no hubo la renovación del contrato de soporte con el fabricante israelí. Los equipos electrónicos, cámaras electro-ópticas y demás sensores están encajados, siguiendo la recomendación técnica del fabricante sobre el almacenamiento debido a la falta de uso.

Los ARP del DPF nunca llegaron cerca del potencial planificado de apoyo e integración con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Ingresos Federales, la Policía Rodoviária Federal, el Ibama y la Funai. La información sobre el crimen transnacional podría ser compartida con otros países y organismos multilaterales, pero eso no ocurrió. Lo que existió fue una disputa políticoinstitucional entre el DPF y la Fuerza Aérea Brasileña sobre la primacía de operación de esa clase de ARP en el espacio aéreo nacional.

El acuerdo con la empresa israelí IAI, se preveía que, a partir de la compra del tercer avión, comenzaría una serie de acciones de transferencia tecnológica hacia una empresa brasileña para la fabricación, producción y homologación de los ARP en Brasil (eso ocurrió, pero por otros caminos). Según el último contrato de mantenimiento del sistema firmado con IAI, los aviones podrían atender 1.000 horas anuales y hasta 84 horas mensuales de vuelo.

Aeronaves sin pilotos

La estadística de horas de vuelo de los UAV, sin embargo, apunta que 2014 fue el año en que más volaron, cuando estuvieron en el aire por 468 horas. De los ocho pilotos formados entre 2009 y 2010, hoy no hay ningún disponible de inmediato para el trabajo y dos ya se jubilaron de la Policía Federal.

No se ha construido una base adecuada. El hangar del aeródromo donde los ARP están almacenados, prestado de la municipalidad de São Miguel do Iguaçu, fue adaptado, y la pista de aterrizaje y despegue no atiende las especificaciones técnicas y los requisitos del fabricante israelí. En 2011, PF gastó 365.000 reales para que una empresa hiciera un proyecto básico para la construcción de la base. El proyecto, presupuestado en 37 millones de reales, nunca salió del papel.

Un presupuesto muy bajo

La posesión de los ARP por el DPF siempre se consideró algo costoso, sin embargo, la ejecución presupuestaria sobre los recursos disponibles fue siempre muy baja, una contradicción notoria.

Si la operación de ese sistema hubiera sido ejecutada en su plenitud, se necesitarían 500 millones de reales anuales. Sin embargo, de 2009 hasta hoy, se desembolsaron solo cerca de 145 millones de reales. Pero la razón detrás de la interrupción del proyecto no es presupuestaria, pues existe dinero previsto en ley para el empleo de los ARP.

La bajísima ejecución presupuestaria evidencia de forma incontestable el abandono. En 2016, se comprometieron 28 millones de reales para el proyecto y sólo se liquidaron los 3,4 millones (12%). Los porcentuales en los años anteriores casi siempre apuntaron a una ejecución baja. Una extraña forma de administrar tecnologías anunciadas como estratégicas y de suma importancia para combatir el crimen organizado.

Imágenes: Departamento de Polícia Federal