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El jefe policial no acató orden de comisión legislativa

Tribunal de El Salvador libera de cargos al director de la Policía por incumplimiento de deberes

El comisionado Mauricio Arriaza (al extremo derecho), en un evento. Foto: Presidencia de El Salvador

El comisionado Mauricio Arriaza (al extremo derecho), en un evento. Foto: Presidencia de El Salvador

02/01/2021 | San Salvador

Alberto López

Un tribunal de Paz de El Salvador liberó de cargos, definitivamente, al director general de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Mauricio Arriaza, por incumplimiento de deberes.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Arriaza al no conducir con apremio (acompañamiento policial) al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que rindiera un informe en una comisión especial de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el fallo judicial que exonera de cargos al jefe policial, los diputados no fundamentaron el apremio para mandar a traer al ministro Zelaya, por lo que de esa manera se anuló la validez del apremio y eso deja sin delito que perseguir en contra del comisionado Arriaza.

Sin embargo, se advirtió en la sentencia al director de la PNC que la resolución que lo libera de cargos no era un cheque en blanco para que cualquier funcionario de gobierno incumpla los llamados de las comisiones legislativas, pues estas están facultadas por la Constitución y las leyes secundarias a citar a todo funcionario y de mandarlo a traer con apremio si se niega a asistir, solo que debe advertirlo y fundamentar las razones legales que lo llevarían  a utilizar ese recurso.

Secuencia de episodios

 

Por este tema del apremio, Arriaza viene protagonizando varios episodios con la Asamblea, que primero intentó retirarle su fuero o inmunidad penal, pues gozaba de ese beneficio como viceministro de Seguridad Pública, pero renunció al cargo y evitó así un proceso de antejuicio para el retiro del fuero.

A continuación, la mayoría del pleno de diputados votó por la destitución de su cargo como director de la Policía, lo que según la Constitución es una orden vinculante por parte del órgano legislativo, pero el presidente Nayib Bukele dejó claro que no acatará dicha decisión y según él no es vinculante para acatarla.

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