Mateo y Lucas

Europa está en guerra. Como indicó el Alto Representante Borrell hace unos días, Europa se está jugando su supervivencia en Ucrania. La situación obliga a revisar el modelo de Defensa que teníamos planteado desde el final de la guerra fría. Entre otras cosas, la situación requiere mayor agilidad en la respuesta política y militar. La industria de defensa tiene una buena parte de responsabilidad para permitirla.

Desde el inicio de la guerra se traslada la idea de que la industria debe responder a esa nueva situación. Básicamente se afirma que el gobierno ha hecho su parte con el incremento del presupuesto. Se añade que estamos en un escenario de seguridad y confianza, que garantiza la inversión constante y sostenida en el tiempo con objetivos muy claros.

Es cierto que el gobierno ha realizado un esfuerzo importante en nuevas inversiones. Las autorizadas durante el presente año superan los 13.000 millones de euros, con compromisos que llegan hasta mediados de la próxima década. No parece tan claro que vivamos en España un clima de confianza. Como tampoco parece que el escenario de inversión esté garantizado, ni cuáles son realmente sus objetivos.

Sin entrar a valorar el factor confianza, el escenario que se aventura para alcanzar un nivel de inversión en defensa del 2% del PIB en 2029, sigue dependiendo de criterios puramente políticos, con demasiadas variables en función de la coyuntura que presente el devenir de los tiempos. Conviene recordar que, desde las organizaciones internacionales, la cifra se establece ahora como suelo. La formulación de un verdadero pacto de Estado para consolidar ese objetivo nos parece hoy algo de ciencia ficción. Lamentablemente. El incremento de inversiones, que es una realidad que hay que valorar positivamente, no ha venido acompañado de una traslación al marco normativo que permita establecer unas bases mínimas de estabilidad. Algo que es muy necesario para la industria, y también para las Fuerzas Armadas.

En relación con los objetivos que debe perseguir el incremento de presupuesto de defensa, repetimos muy notable en el ámbito de las inversiones, no debe olvidarse que el primero es proporcionar a las Fuerzas Armadas los recursos que necesitan para cumplir sus misiones. Las nuevas inversiones deben responder así a las prioridades que el planeamiento de fuerzas establezca. Dichas prioridades deben compaginarse con el desarrollo de tecnología y capacidad industrial para disponer de una base suficiente, propia o en colaboración, que soporte la actuación operativa velando por el principio de libertad de acción. Las capacidades militares e industriales deben estar equilibradas. Sería bueno realizar una valoración de si las nuevas inversiones favorecen ese equilibrio y si las decisiones adoptadas permiten disponer de un nivel de independencia adecuado con respecto a intereses de terceros actores.

Este aspecto está directamente relacionado con el modelo de definición de requisitos, que sigue siendo muy cerrado, y también con la fragmentación que de facto se está produciendo en la aplicación de la política de adquisiciones y que, aparentemente, está rompiendo la unidad de mercado interior, o al menos dificulta que el Ministerio de Defensa se presente como cliente único e inteligente. La fragmentación complica además la aplicación de una política industrial coherente y alejada de intereses particulares para un sector que es estratégico.

Desde el nivel político se habla de la necesidad de generar empleo y favorecer la cohesión territorial. Este último aspecto es interesante, pero centrándonos en el primero, no parece que debamos conformarnos en ser ensambladores de sistemas suministrados por tecnólogos extranjeros, con frecuencia extracomunitarios, que dejan una huella tecnológica e industrial cuestionable. Sería conveniente evaluar cuál es realmente el poso de desarrollo tecnológico que dejan los nuevos programas autorizados durante este año, y el nivel de participación real de nuestra industria a lo largo de toda la cadena de valor. La generación de puestos de trabajo es un aspecto primordial para el corto plazo, pero el futuro dependerá en buena medida de la capacidad que tengamos para generar y controlar activos propios que permitan posicionar a nuestra industria en el mercado internacional, especialmente de cara a una cada vez mayor integración a nivel europeo que ya se apunta como una realidad.

En ese escenario europeo el papel de las empresas españolas es muy activo. Sin embargo, los resultados de la última convocatoria del Fondo Europeo de Defensa, apuntan a una cierta pérdida de impulso en ese marco. Una de las razones puede estar en la limitada capacidad de los órganos administrativos responsables de su gestión. Unas limitaciones que también están afectando internamente al desarrollo de actividades de desarrollo tecnológico o de gestión de programas, incluyendo el control de su ejecución. La carencia de efectivos en las Fuerzas Armadas es una realidad, pero el aumento se ha quedado fuera de los incrementos de puestos en la función pública española que se han autorizado este mismo año. A pesar del limitado músculo, la estructura de adquisiciones sigue siendo básicamente la misma desde hace años y no parece responder al nuevo escenario estratégico, operativo, financiero e industrial.

En este último aspecto, el debate interno está abierto. En un sector mayoritariamente de capital privado nacional, el protagonismo público está resucitando, aunque los objetivos no parecen demasiado claros de cara a establecer como se quiere conformar a medio y largo plazo. Algunas entradas de capital extranjero en empresas que son estratégicas para la defensa nacional, han sorprendido a nuestras autoridades. Si eso es así, será conveniente que se revisen los esquemas de inteligencia industrial para evitar nuevas sorpresas. Pero, a lo mejor, el problema ha estado en que mientras aquí estábamos a setas, otros estaban a Rolex. Las quejas sobre la falta de presencia española en algunas iniciativas internacionales de apoyo a Ucrania, deberían llevar también a un análisis de las políticas que hemos aplicado en determinados segmentos.

La industria debe responder con agilidad y tiene que cambiar porque no se pueden hacer las cosas como se venían haciendo. Hay que hacer examen de conciencia y tener dolor de los pecados. Pero responsabilizar a todo un sector de incumplimiento constante de plazos no parece que sea el mejor camino para conseguir el propósito de la enmienda. La administración tiene herramientas suficientes para actuar sobre aquellos que no responden en tiempo y forma, y para revisar normativa, estructura y procesos que favorezcan la agilidad en la respuesta industrial en las condiciones que exige el nuevo marco estratégico. También para incentivar una competencia que sirva de estímulo a hacer las cosas de otra manera.

Aunque sea como referencia filosófica conviene repasar de vez en cuando los Evangelios de Mateo (7:3) y Lucas (6:41).