Un ex alto cargo de Defensa señala que se puede revender material pero no interrumpir contratos

(Infodefensa.com) Madrid –  El general de división de Intendencia en la reserva Francisco Pérez Muinelo, ex director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, ha señalado que sería necesario “un mínimo de 10.000 millones de euros” para poder mantener el modelo de adquisiciones actual y ha asegurado que, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos pendientes,  sólo cabe el recurso de “revender parte del material adquirido”, puesto que “no es posible” interrumpir contratos, por las gravosas indemnizaciones que conllevaría.

En una entrevista con Europa Press, el general, director general de Asuntos Económicos a finales de los años 90, cuando el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, ocupaba la Secretaría de Estado de Defensa, avisa de que la continuada y progresiva reducción que ha sufrido el presupuesto de Defensa ha conducido a la “amenaza” de la “viabilidad del modelo de Fuerzas Armadas consensuado en el Parlamento”.

Ha añadido que esta reducción también ha puesto “en riesgo” unos programas de equipamiento “muy importantes” para la “necesaria modernización” de los Ejércitos, así como para la “consolidación de la industria de defensa nacional”. Por ello, defiende que España se debería “permitir” destinar a Defensa esos 10.000 millones de euros, alrededor de un 1% del PIB.  

Pérez Muinelo argumenta que con el nivel de recursos actual –un 0,66% del PIB en 2011-, “no es fácil” financiar unas Fuerzas Armadas que cuentan con unos 85.000 soldados y marineros profesionales, que puedan mantener 3.000 efectivos desplegados en el exterior y que cumplan con los compromisos asumidos con la OTAN.

Asimismo, el general recuerda que el sector de la defensa “no participó en la mejora económica general” durante los años de bonanza. Señala que, aunque el PIB entre 1985 y 2005 creció un 85% y el presupuesto del Estado lo hizo un 61%, el de Defensa “disminuyó en un 31%”.  

El general reconoce que esto no quiere decir que el Ministerio de Defensa deba tener trato de favor ante la crisis, pero avisa de que, dada la gravedad de la situación, habrá que ajustarse a lo señalado por el ministro Morenés y buscar “tener lo necesario al 100% de operatividad” antes que “lo deseable al 50%”. Para ello, defiende que resulta “obligado” revisar la actual estructura del órgano central y de los Ejércitos para reorganizarlos con el objetivo de reducir costes y buscar una mayor eficiencia.

Pago de programas especiales

Respecto a los 19 programas especiales de armamento, cuya deuda se estima en 31.000 millones de euros, el general Pérez Muinelo alerta de que los compromisos de pago hipotecan los próximos veinte años, a lo que hay que añadir que las reducciones presupuestarias “impiden hacer frente al pago de los vencimientos correspondientes a los ejercicios en curso”.

Ante esta situación, el general apunta que la solución no es interrumpir contratos, puesto que las indemnizaciones resultarían más gravosas que cumplir el propio contrato. Por eso señala que una opción viable sería “revender parte del material adquirido”, como ya están haciendo algunos países. Por ejemplo, Alemania “ha cedido” 15 Eurofighters a Austria y Reino Unido ha hecho lo mismo con 72 de estos aviones a Arabia Saudí.

El general, que participó en las gestiones de algunos de estos programas, es contrario a la denominación de 'deuda de defensa', ya que, en su opinión, los programas especiales  son “una inversión realizada por el Estado”, no sólo para Defensa sino también para “potenciar la industria española”.

Recuerda, por ejemplo, que en la compra de 87 Eurofighter “por 9.255 millones de euros” y de 27 aviones A400M “por unos 4.400 millones” había “alternativas más económicas”, como comprar aviones americanos F18 o Hércules, pero habría supuesto “dar la espalda a Europa, no propiciar la integración de CASA en EADS y no contar en Sevilla con uno de los polos aeronáuticos más importantes de Europa”.

De cara al futuro, el general defiende la conveniencia de que las decisiones que se tomen sean “meditadas y consensuadas políticamente”, sin olvidarse de escuchar “atentamente la opinión de los expertos militares”.

Además, hace hincapié en la necesidad de que se traslade tanto al “gran público” las relaciones de la Defensa con la industria y la “interacción entre programas militares y el desarrollo y potenciación de la capacidad industrial y de su I+D”.

Foto: Europa Press