Defensa quiere que el Estado salga de la empresa imputada Defex

(Infodefensa.com) Madrid - El Ministerio de Defensa es partidario de que el Estado salga de la compañía Defex, dedicada a fomentar la exportación de armamento, de la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente de Hacienda, posee un 51%, informaron fuentes del departamento.

Las citadas fuentes, citadas por el diario El País sin identificarlas, indicaron que son las firmas privadas del sector de la Defensa —poseedoras del restante 49%— las que deben mantener la compañía, si lo desean, pero sin participación del Estado.

El Consejo de Ministros del pasado 25 de julio acordó transferir a Defensa los derechos derivados de la participación pública en las empresas de material militar.

Cinco directivos de Defex están imputados en la Audiencia Nacional por su implicación en una exportación de material policial a Angola por casi 152 millones de euros, de los que 41,4 habrían sido desviados a Luxemburgo para el pago de comisiones y cohechos.

Según el diario, el martes compareció ante el juez Pablo Ruz el presidente de Defex, Fernando Aguilar Viyuela, en representación de la empresa, a la que se acusa de los delitos de corrupción, fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

Aguilar alegó que la venta a Angola se hizo en 2008 y 2009, mientras que él sucedió al frente de la compañía a José Ignacio Encinas (también imputado) en 2012, y se remitió a un acta de la agencia tributaria para negar que Defex haya cometido fraude fiscal.

La empresa no pagaba impuestos, pues presentaba sus cuentas consolidadas con las de la SEPI, que compensaba los beneficios de Defex con las pérdidas de otras compañías del holding público.

La fiscalía sostiene que esta conducta era fraudulenta, pues la SEPI solo posee el 51% de Defex y no llega al 70% que exige la ley para la consolidación fiscal. En todo caso, según la Fiscalía, Defex sería cómplice del delito fiscal cometido por Cueto, la firma con la que se asoció para la operación de Angola, cuyo representante se acogió el martes a su derecho a no declarar ante el juez, agrega El País.