México prioriza la renovación policial en los presupuestos de seguridad

La profesionalización, certificación y renovación policial será la prioridad a la hora de gastar las transferencias de presupuesto federal a estados y municipios de México en materia de seguridad. Así lo sanciona el decreto que aprobó la nueva política de seguridad pública para el sexenio 2018-2024, publicado el 16 de mayo.

En concreto, el texto marca diez prioridades que las entidades federativas deben tener en cuenta para destinar recursos procedentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a las entidades federativas (FASP), un fondo que para 2019 tiene un presupuesto de 11.000 millones de pesos (poco más de 500 millones de euros).

El primero de los criterios, fruto de un consenso entre el gobierno federal y los 32 estados, es la profesinoalización y certificación de policías estatales y municipales, así como personal de centros penitenciarios y fiscalías, en las áreas de sistema de justicia penal, derechos humanos y perspectiva de género. El criterio número 10 es el impulso de un nuevo modelo policial, que deberá considerar "unenfoque de derechos humano, proximidad y participación ciudadana". Se trata de una idea repetida durante los ya casi seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque eclipsada por la prioridad total en la construcción de la Guardia Nacional: las policías estatales y municipales deben contar con medios adecuados y similares en todo el país. Por ello, el texto recoge que se deben homologar sueldos, capacitación, reconocimiento y equipamiento de los cuerpos de seguridad civil.

Entre los nuevos criterios de distribución de recursos federales en materia de seguridad también está mejorar el equipamiento policial y de cuerpos especializados. "El equipamiento policial de las instituciones es precario y obsoleto, así como en muchos casos es insuficiente para enfrentar a la delincuencia", reconoce el decreto. El texto indica que se deben dedicar más recursos federales y locales al equipamiento de las fuerzas de seguridad subnacionales, para que cuenten con "mejores uniformes, mejor protección, mejores vehículos, mejor armamento".

Fortalecimiento tecnológico, la otra gran prioridad

Tres de los criterios de gasto marcados tienen que ver con el refuerzo de la tecnología. Se tratan de la actualización y el fortalecimiento de la Red Nacional de Radiocomunicación que usan los gobiernos de la Federación, el fortalecimiento del registro vehicular (para actuar eficazmente contra los robos y porque muchos vehículos robados se usan para cometer otros crímenes) y el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia y geolocalización, considerados claves para reducir la criminalidad.

El impulso de unidades de inteligencia financiera en los estados, la mejora de los servicios médicos forenses, el fortalecimiento del sistema penitenciario y la interconexión de los sistemas de información de nivel federal, estatatal y municipal son las otras cuatro áreas marcadas como prioridades de gasto de las transferencias federales. Esto último se considera clave para el combate del crimen mediante la coordinación de las distintas fuerzas y niveles territoriales de autoridad. Como señala el documento, publicado por la Secretaría de Seguridad Pública, "la inteligencia debe ser la base de un correcto desempeño para las fuerzas del orden, en la medida en que minimiza el uso de la fuerza, redunda en la seguridad de la población y de los propios agentes y permite desarticular de raíz los procedimientos delictivos".