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Acuerdo marco

Uruguay firma el desarrollo de fideicomisos financieros para renovar su material militar

El ministro Javier Garcia en la firma del convenio Foto: Ministerio de Defensa de Uruguay

El ministro Javier Garcia en la firma del convenio Foto: Ministerio de Defensa de Uruguay

12/12/2020 | Montevideo

Gabriel Porfilio

El pasado martes 8 de diciembre, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, y el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo de Uruguay, José Luis Puig, firmaron un acuerdo marco para desarrollar fideicomisos financieros destinados a la renovación del material militar de las Fuerzas Armadas uruguayas.

En declaraciones a la prensa local, Javier García explicó que la creación de los referidos fideicomisos, en cualquiera de sus vertientes posibles, redundará en la obtención de muy buenos beneficios para la sociedad. Destacó, como ejemplo, los estudios que está realizando la Fuerza Aérea para la enajenación o transferencia de la propiedad, de unas 37 hectáreas-, donde tiene instalado su Comando General, junto con otras reparticiones, en la zona de Boiso Lanza, en el noroeste de la capital del país, para trasladar esas reparticiones a la terminal antigua del aeropuerto internacional de Carrasco, lugar donde se asienta la Brigada Aérea No 1.

Los referidos fideicomisos, que pueden incluir la concentración de fondos recaudados por las fuerzas dentro de sus tareas habituales, como por ejemplo tarifas de sobrevuelo o permisos de navegación que otorga la Armada, permitirán generan un ahorro que será destinado a la compra de nuevas plataformas, aunque se reconoce que esto solo será una porción de la inversión total que se necesitará realizar.

Los fideicomisos que se están creando, fundamentalmente serán destinados a la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, pues son las dos instituciones armadas que se encuentran en peor situación material. La Fuerza Aérea se encuentra en el proceso de selección de nuevas aeronaves de combate para que sustituyan a los Cessna A37B Dragonfly y complementen a los Pilatus PC-7U Turbo Trainer y la Armada básicamente en proceso de recambiar toda su flota, incluyendo los buques mayores, patrulleros costeros y fluviales.

Enajenación de bienes cuestionada

 

Dentro del proceso de enajenación de bienes para reinvertir la ganancia obtenida en equipamiento para las Fuerzas Armadas, algunas opciones manejadas por el Gobierno han despertado criticas desde varios sectores de la población, tanto civiles como militares.

Si bien el traslado de las instalaciones de la Fuerza Aérea a la zona de la terminal aeroportuaria más importante del país sin dudas será una ventaja en todo sentido, en particular se destaca una enajenación que no parece del todo conveniente, al menos para el principal interesado: la venta de la sede actual de la Escuela Naval en la zona costera de Carrasco, en Montevideo.

Este bien, ubicado en una zona privilegiada de la ciudad, ha sido codiciado continuamente por inversores de bienes raíces que ven la ubicación de esa edificación como un padrón de alto valor comercial. Sin embargo, desde el punto de vista tanto logístico como financiero, el movimiento de la Escuela Naval a la potencial ubicación elegida, contigua al aeropuerto internacional de Punta del Este, en terrenos pertenecientes a la Base Aérea Aeronaval No 2, no parece ser la mejor opción.

Desde el Gobierno se apunta a que concentrar a la Escuela Naval junto a la Base Aérea Aeronaval No 2 permitiría optimizar recursos tanto materiales como humanos y destaca que en la zona se encuentra el puerto de Piriápolis, desde donde se podrían realizar entrenamientos prácticos. Sin embargo, estos argumentos, por lo menos, son cuestionables.

Un 30% de la recaudación para reinversión

 

En primera instancia, la ley que autorizó la enajenación de bienes del Ministerio de Defensa establece que el 70 % de lo recaudado será dedicado a Rentas Generales y el resto a reinversión. Considerando esto, por más millonaria que sea la venta de la actual Escuela Naval, apenas un pequeño porcentaje de lo obtenido seria destinado a la nueva sede que costaría una elevada suma de dinero en ser construida. A esto se le suma que trasladar a todo el personal tanto militar como civil que hoy trabaja y estudia en Montevideo al este del país, en una zona donde se carece de infraestructura habitacional y lejos de centros comerciales generaría un gran desestimulo tanto a profesores, funcionarios y estudiantes.

En cuanto al tema de que existe un puerto cercano para la realización de prácticas, lo cierto es que el puerto de Piriápolis es una pequeña estación dedicada sobre todo a navíos de pequeño porte, tanto deportivos como pesqueros, sin ninguna infraestructura destacable e incapaz de albergar buques mayores. Insinuar que esto es un beneficio de algún tipo, comparado con la posibilidad de utilizar las instalaciones mayores de la Armada existentes en Montevideo, no tiene ningún asidero real.

En conclusión, más allá del dinero que podría gestionar la enajenación de la sede de la Escuela Naval en Montevideo, la inversión que implicaría la construcción de nuevas instalaciones en Maldonado, el incalculable costo social de trasladar a toda la plantilla de profesores, funcionarios y estudiantes a una zona alejada en el Este del país y la carencia total de infraestructura naval en la zona hacen dudar de la conveniencia para la Armada de esta supuesta ‘mejora’ la que aparentemente solo redundaría en un beneficio económico para las arcas del Estado pero no se reflejaría de ninguna manera positiva en la Armada Nacional.

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