gobierno

También acudió el jefe de la Fuerza Terrestre, el teniente general José Rodríguez García. La ministra recordó que en los que cuatro años y medio de Gobierno de Pedro Sánchez se han invertido en programas de Defensa 13.000 millones de euros, un esfuerzo inverso, dijo, “como no se había hecho nunca”. La titular de Defensa también remarcó, tal y como lo viene haciendo desde que es ministra, que la Defensa es una política de Estado y, por lo tanto, “la marca el presidente del Gobierno”, que “no ha dudado ni un solo momento” y “ha dicho no sé cuantísimas veces” que “en 2029 habremos llegado al 2% del PIB”.

El primero pide “continuar con las acciones destinadas a fomentar, preservar, apoyar y priorizar frente a industrias de terceros Estados, tanto los recursos industriales y tecnológicos de las empresas españolas del sector de la Defensa, como el desarrollo de la innovación en el mismo ámbito”. Además, apuesta por incluir “un conjunto de medidas destinadas a impulsar la base industrial tecnológica nacional de defensa, de modo que se pueda poner a disposición de nuestras Fuerzas Armadas los sistemas de defensa más modernos y adecuados a través del desarrollo temprano de tecnologías susceptibles de ser implementadas a tiempo en los futuros sistemas de armas y equipos”. El texto incluye una enmienda del PP con referencias tanto al modelo de financiación como a la importancia de aumentar la soberanía tecnología.

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros una serie de contratos con un valor conjunto de más de 200 millones de euros que permitirán la compra de nuevas radios para las operaciones en el exterior, el mantenimiento de la flota de helicópteros NH90 de las Fuerzas Armadas, la contratación de seguridad en las bases tanto dentro como fuera de España o la adquisición del sistema de planeamiento de misión para el nuevo helicóptero Chinook F de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército (Famet).  Los contratos tienen un presupuesto conjunto de 218 millones de euros.

“Se trata de una oportunidad para avanzar juntos hacia el reto de la transformación del sector y de toda la cadena de valor, mediante la diversificación, la digitalización, la mejora de su sostenibilidad medioambiental y la capacitación de sus empleados”, resaltan Navantia y Pymar El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, subraya “el papel tractor de Navantia, con responsabilidad y compromiso” y, por lo tanto, anima a “la colaboración de todos los agentes del sector para potenciar el empleo, la economía y la riqueza, y mantener la soberanía industrial e impulsar la transición energética”.

 “El contexto de la guerra de Ucrania pone en la ecuación la necesidad de disuadir a una potencia nuclear como Rusia”, aseguró, pero cuando “se habla de gasto en defensa también estamos hablando” del aumento de las retribuciones para la tropa y la marinería en 207 millones de euros en 2021 “que no se actualizaban desde 2005”, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que “tanto nos ha ayudado en los incendios y las catástrofes” o “de 100.000 empleos cualificados repartidos por toda España” de la industria de defensa.

El crédito extraordinario es el primer paso y permite elevar el presupuesto para este año hasta el 1,08%. PSOE y PP se comprometieron también en julio a incrementar hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) la inversión en Defensa en una resolución en el Pleno del Congreso, que contó con el voto en contra de Unidas Podemos. 

Con un presupuesto de 2.988.000 euros, el proyecto ha sido financiado a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) y se espera que pueda estar terminado para el año 2023.El futuro museo fue aprobado por decreto el pasado 13 de julio con el objetivo de ofrecer un espacio en el que, según el portal web del Gobierno de Aragón, se pretendía profundizar y reflexionar sobre España.

Gamarra también dijo que el Gobierno español es incapaz “de apoyar al pueblo ucraniano en la defensa de la libertad y del gran proyecto que es Europa” y aseguró que “es necesario estar a la altura de la solidaridad” que reclama Ucrania.

El Gobierno español ha aprobado esta semana en el Consejo de Ministros la venta por parte de la británica Rolls Royce del fabricante de motores y turbinas ITP Aero a un consorcio liderado por el fondo estadounidense Bain Capital, en el que están las españolas Sapa Placencia y JB Capital.

Actualmente solo existen dos escalones para el material clasificado, secreto y confidencial, y no hay límite de plazo para la desclasificación de este tipo de información.Ley franquistaLa reforma de la ley de información clasificada forma parte del acuerdo entre el Gobierno y el PNV -el partido que más ha insistido en este asunto en las últimas legislaturas- y busca homologar la estructura legal a la de otros países de la Unión Europea y la OTAN. Hay que recordar que la legislación vigente en la actualidad data de 1968.

Por el momento no se plantea que el público pueda acceder a los estadios y las medidas de seguridad, como informó Guttsait a través de Twitter, serán "extraordinarias".Alrededor de los estadios se distribuirá a miembros de los diferentes cuerpos militares para incrementar la seguridad de los deportistas y demás integrantes de los clubes deportivos; también se situará personal médico que pueda realizar atenciones lo más rápido posible en caso de ataque.El protocolo está siendo desarrollado de manera conjunta entre la Federación Ucraniana de Fútbol, la Policía Nacional, los ministerios de Deportes, Defensa, Interior y Economía y la administración militar de la ciudad de Kiev.

De acuerdo con las fuentes que han informado a Infodefensa.com, se espera que ambos gobiernos concedan sus respectivas autorizaciones teniendo en cuenta el respaldo público que los dos gobiernos han mostrado al presidente ucraniano Zelenski desde el principio del conflicto.La donación sería solo parte del proceso burocrático porque luego el gobierno español tendría que aprobar las correspondientes licencias de exportación algo que, aunque requiera tiempo, tampoco debería ser un obstáculo insalvable, ya que controla la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (Jimddu), el órgano gubernativo que debe aprobar la operación.Definición del material a donar a Ucrania del Ejército español El embajador de Ucrania en España, Igor Zovkva, ha reclamado -en privado y en público- una mayor implicación de España en el envío de ayuda militar ofensiva y, como consecuencia de ello, el Ministerio de Defensa inició hace un tiempo un estudio sobre qué podía aportar en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que otros países de la Unión Europea han ofrecido y/o entregado a las Fuerzas Armadas ucranianas carros de combate o vehículos blindados pesados.Al parecer, fue la propia representación diplomática ucraniana en España quien hizo saber al ministerio su interés por los carros de combate que el Ejército de Tierra español tenía almacenados -otros los definen como abandonados- y reclamó su entrega desinteresada.Según las fuentes consultadas por Infodefensa.com, tras diversas conversaciones e informes entre Defensa y el Ejército español, se llegó a un consenso de avanzar en la donación de 10 de las 53 unidades, ya que el Ejército de Tierra ha manifestado que requiere algunos de esos carros para convertirlos en carros de ingenieros y lanzapuentes, una reivindicación operativa manifestada desde hace bastantes años.

El objeto de este proceso es la consecución de las capacidades necesarias para la definición, obtención y sostenimiento de una fuerza conjunta eficaz, sostenible en el tiempo y capaz de enfrentarse a los retos de un escenario estratégico complejo, incierto y en continua evolución.¿Cómo se refuerzan esas capacidades?De forma específica, las inversiones se orientarán a reforzar las capacidades de las FAS: sostenimiento de la fuerza actual y las infraestructuras; adquisición de nuevo material necesario para reponer aquello que debe darse de baja y para que las capacidades de las FAS evolucionen con el progreso tecnológico; incremento de la inversión en I+D+i, centrado en tecnologías disruptivas que permitan a las Fuerzas Armadas alcanzar la superioridad tecnológica; e incremento de los recursos para proyectos internacionales de cooperación en el ámbito de la Cooperación Estructurada Permanente y del Fondo Europeo de Defensa.¿El previsible aumento del presupuesto también permitirá invertir en otras áreas?Ese escenario de aumento presupuestario nos permitirá, además, reforzar la formación y el adiestramiento de nuestro personal, aspecto esencial para aumentar la capacidad operativa, su calidad de vida y poder adquisitivo.¿Hay que apostar siempre que sea posible por sistemas nacionales?El objetivo principal de la Secretaría de Estado de Defensa es dotar a las Fuerzas Armadas del recurso financiero y de material necesario para que éstas obtengan las capacidades militares que les permitan cumplir sus cometidos.

El embajador de Ucrania en España aseguró la semana pasada que la munición facilitada por España solo da “para dos horas de combate”.

De esta forma, el holding público dependiente del Ministerio de Hacienda pasa a controlar más del 24% de la multinacional tecnológica española, lo que le permitirá nombrar un tercer consejero.“Corporación Financiera Alba comunica que ha vendido a la SEPI un total de 5.663.103 acciones de Indra, representativas de un 3,21% de su capital social, a un precio de 11 euros por acción, lo que supone un importe total de 62,3 millones de euros y la obtención, en el ejercicio actual, de una plusvalía contable antes de impuestos de 8,4 millones de euros”, explicó este viernes el vehículo inversor de los March en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro de tres vehículos blindados para la Embajada de España en Kiev (Ucrania) por casi 400.000 euros.El actual conflicto bélico en Ucrania está generando situaciones de grave amenaza con escenarios de riesgo de diversa intensidad y alcance, señala el Ejecutivo en la referencia posterior a la reunión de ministros.

Recordemos que la cifra total de los compromisos contraídos en ese periodo por el Ministerio de Defensa asciende a 18.600 millones, que en buena parte revertirán en el Tesoro Público.

La salida de Esteban, tras cuatro décadas en los servicios de inteligencia, comenzó a sonar con fuerza la semana pasada después de su comparencencia en la comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados para aclarar el espionaje a los líderes independentistas.

“Resulta impostergable aumentar el presupuesto de Defensa”, insistió, para después remarcar “nuestro deber es alcanzar ese 2% del PIB a lo largo de los próximos años”.El presidente del Gobierno llegó a apuntar en una entrevista en televisión que la inversión actual en Defensa está en el 1,4% del PIB, si bien, el documento presentado a la Comisión Europea rebaja esta cifra por debajo del 1%.Dejando a un lado el baile de cifras y el debate político, el presupuesto de Defensa actual -la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2022- es de 10.152 millones de euros, algo menos del 0,9% del PIB. Aunque a esta cifra se eleva hasta los 12.000 millones al sumar otras partidas como las misiones en el exterior y la inversión en organismos autónomos del departamento.La OTAN, por su parte, sitúa a España en el furgón de cola.

Con fecha 14 de junio de 2021, el Consejo del Atlántico Norte, máximo órgano decisorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, anunció la celebración en España de la cumbre.El Ejecutivo justifica que para "el correcto desarrollo de la cumbre se requiere la contratación de diferentes servicios y suministros en el ámbito de la competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que deben ir acompañados de las necesarias medidas de seguridad".El contrato al superar los 12.000.000 euros, debe someterse a la autorización del Consejo de Ministros, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 324.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Los principales actos de la cumbre serán en el recinto ferial de Ifema.