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Es necesario potenciar la industria de defensa como soporte de las capacidades militares de las Fuerzas Armadas
Robles borrell
La ministra Margarita Robles y el Alto Representante de la UE, Josep Borrell. Foto: Ministerio de Defensa
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Desde primeros de marzo se han sucedido las declaraciones políticas defendiendo la necesidad de incrementar nuestro esfuerzo en Defensa. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han realizado declaraciones en ese sentido. Más recientemente la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, planteaban la misma idea no solo por razones de política industrial. También hacían referencia a la necesidad de mejorar nuestras capacidades militares para garantizar nuestras libertades. Las declaraciones de los responsables políticos españoles coinciden con las ideas planteadas por Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, que está pidiendo a los países europeos invertir más y mejor en defensa.

Hay que valorar positivamente que la reclamación de un mayor esfuerzo en defensa se realice desde fuera del Ministerio de Defensa. Pero más allá de declaraciones hay que esperar a ver como se plasman estas ideas en medidas concretas.

El Gobierno ha presentado en Bruselas el Plan 2022–2025 donde se fija el objetivo político de alcanzar para defensa el 2% del PIB en 2030. Al más alto nivel, se ha anunciado un incremento de 0,2% en 2023 y otro tanto para el bienio 2024-2025. Este compromiso nos recuerda a otros adquiridos con anterioridad. Por otra parte, el escenario macro del plan está siendo revisado casi constantemente lo que plantea dudas sobre su viabilidad real.

La importancia de potenciar la industria de defensa como soporte necesario de las capacidades militares está reflejada en el acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de abril que autorizaba al Ministerio de Industria a adquirir compromisos de gasto para impulsar programas de defensa por un total de casi 3.800 millones de euros entre 2023 y 2028. De ellos, 3.500 millones se dedicarán a tres programas del sector aeronáutico. Recordemos que la cifra total de los compromisos contraídos en ese periodo por el Ministerio de Defensa asciende a 18.600 millones, que en buena parte revertirán en el Tesoro Público.

En relación con estos pagos, el Gobierno ha continuado con la práctica tradicional de realizar reprogramaciones para aliviar la presión sobre el presupuesto del ministerio. El 8 de marzo se liberaron 550 millones de los compromisos contraídos para paliar carencias en política de sostenimiento en el ejercicio 2022, a costa de incrementar compromisos a partir de 2030. En la misma línea el 12 de abril se aprobó un nuevo calendario de pagos del programa F100 del que quedan por devolver 1.200 millones cuando ya se está planteando la modernización de media vida de los buques.

Por otra parte, con fecha 8 de marzo y 10 de mayo se han aprobado sendas partidas por un importe total de 862 millones con cargo al Fondo de Contingencia para financiar operaciones exteriores en su mayoría autorizadas a finales de 2021.

Aunque parece que hay verdadera voluntad de incrementar el presupuesto de defensa, la realidad muestra que seguimos manteniendo esquemas tradicionales. Si finalmente se produce, el volumen de incremento está todavía por concretar y estará determinado tanto por la voluntad política final como por la viabilidad del cuadro general. El mecanismo de financiación de programas especiales, que los propios responsables de industria reconocen que hay que revisar, sigue demasiado centrado en sectores o industrias muy concretas y condicionando las inversiones hasta mediados de la década de 2030. Las Fuerzas Armadas para financiar su preparación y participación en operaciones siguen dependiendo de una fórmula que no favorece una gestión eficiente, mientras mantienen unos niveles de financiación para mantenimiento ciertamente escasos.

Como reclamó Borrell para el conjunto de Europa, no solo hay que invertir más. También hay que hacerlo mejor. En ese sentido habrá que incidir desde el propio ministerio en establecer objetivos a largo plazo, favorecer la relación entre capacidades operativas e industriales y revisar estructuras y procedimientos de gestión. Las Fuerzas Armadas han estado sometidas a procesos de reorganización constantes en las últimas décadas. La estructura administrativa del ministerio no ha seguido un proceso paralelo. La Secretaría de Estado de Defensa mantiene básicamente la misma estructura desde su creación, salvando la reforma inconclusa e incompleta del sistema de adquisiciones abordado en 2014.

Si el incremento de presupuesto se materializa, habrá que actuar también en ese ámbito para modificar nuestros mecanismos de financiación, fijar objetivos operativos e industriales a largo plazo y potenciar los órganos de gestión. Sin entrar en otras valoraciones, no parece que los cambios que se han producido en el Ministerio de Defensa apunten en esa dirección.




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