Las Fuerzas Militares colombianas (FFMM), en ejercicio de su misionalidad constitucional, han asumido la posición de no ceder territorio y de defender, con los medios necesarios, la integridad y soberanía nacional en el departamento del Amazonas, en el zona de Leticia.
Esta postura se da en el marco de la reciente controversia entre Colombia y Perú por la soberanía de la isla de Santa Rosa, actualmente poblada y administrada por autoridades peruanas, pero cuya soberanía ha sido desconocida por el presidente Gustavo Petro el pasado 7 de agosto.
De hecho, el pasado 8 de agosto, el comandante de la Armada Colombiana (ARC), almirante Juan R Rozo, presentó al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, las unidades y medios desplegados por la Fuerza Naval del Sur (con jurisdicción en el Amazonas) para garantizar la soberanía nacional. En la oportunidad, destacó al menos un elemento de combate compuesto por aeronaves del tipo Embraer A-29B Super Tucano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAEC) para el apoyo cercano a las unidades de la ARC en labores de patrullaje, vigilancia y monitoreo en la zona y reforzar la presencia fluvial y terrestre.
Sin embargo, Infodefensa pudo confirmar que por lo menos desde 2015, las Fuerzas Militares (por medio del Ministerio de la Defensa) advirtieron a esta administración presidencial, así como a las dos anteriores, acerca de una ”administración de facto” por parte de las autoridades del Perú en Santa Rosa, así como de las consecuencias jurídicas que esto implica y de la posibilidad de problemas de índole fronterizo en el futuro cercano.
El origen de la disputa: el desplazamiento del thalweg
Para Colombia, el thalweg —línea que, para la doctrina internacional, define los límites en ríos fronterizos siguiendo su parte más profunda— ha experimentado un desplazamiento natural en el curso del Amazonas. Este cambio, registrado en las últimas décadas, modificó la posición relativa de la isla de Santa Rosa, dejándola, según las autoridades colombianas, en el margen que corresponde a la soberanía nacional.
Colombia argumenta que este fenómeno es jurídicamente relevante, dado que la movilidad natural del río debe ser reconocida como un factor determinante para la soberanía, y no puede ser utilizada como pretexto para reivindicaciones unilaterales. Además, en tratados como el Protocolo de Río de Janeiro de 1942, que puso fin a la guerra colombo-peruana de 1932-1933, se establece que el límite fluvial se traza siguiendo precisamente ese criterio.