Colombia prorroga la prohibición a la portación de armas en 2022

El presidente de Colombia, Iván Duque, mediante decreto 1873 de 31 de diciembre de 2021, extendió por un año más, entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2022, la prohibición del porte de armas en Colombia, argumentando que el monopolio de las mismas debe estar en manos del Estado y que dicha medida estadísticamente muestra una disminución de homicidios con armas de fuego.

En efecto y mediante el artículo primero, se prórroga la medida de suspensión de los permisos para el porte en todo el territorio nacional, de acuerdo a los términos y condiciones enunciadas en el Decreto 2409 y en consecuencia las autoridades militares de que trata el artículo 32 del Decreto Ley 2535 de 1993, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, continuarán adoptando dichas medidas hasta el 31 de diciembre del presente 2022.

Venta ilegal de armas

Pero la percepción de la realidad en materia de seguridad por parte de los ciudadanos es contraria a las estadísticas, y ven en dicho decreto una medida opuesta a esa realidad con la cual el Gobierno pretende esconder que un altísimo porcentaje de los homicidios con armas de fuego se llevan a cabo con armas que provienen del mercado ilegal (el 91% de las decomisadas, siendo de hecho muchas de ellas alquiladas por organizaciones que prestan ese servicio), comercio que crece debido a los vacios jurídicos y penales que afectan el accionar policial con lo cual el ciudadano de bien apegado a la ley queda en estado de indefensión tanto física como jurídica.

La lentitud por parte del Estado en la reforma a la justicia, la congestión en la resolución de procesos, la burocracia y los trámites, ha generado un aumento en la necesidad –por parte de la población- de solicitar la tenencia o el porte de un arma legal, pero que y por las trabas impuestas por las sucesivas restricciones (vigentes desde el 2016), no le dejan salidas diferentes a hacerlo de manera ilegal con el fin de protegerse y defenderse, incentivando con ello un auge del mercado negro lo que redunda en un aumento de la inseguridad generando otros escenarios como la conformación de grupos ilegales de seguridad, reeditando así hechos del pasado (violentos y sangrientos), producto de la impotencia ante la inoperancia del estado que en su momento no invertío en garantizarles seguridad a sus ciudadanos lo que conllevo a soluciones que afectán aún más el delicado estado del tejido social del país.

Por otro lado, y si bien es cierto que el Gobierno tiene puesta en la mira las zonas rurales que son el foco de violencia debido al auge de los cultivos de narcóticos y a su comercialización por parte de los Grupos Armados Organizados y los Grupos Delincuenciales Organizados, es también un hecho que la inseguridad está en aumento en las principales poblaciones (capitales e intermedias) del país a pesar de la implementación de planes de seguridad por parte de Alcaldías y Gobernaciones, pero que por sí solos son insuficientes para garantizar los niveles de convivencia y seguridad ciudadana que demanda en la actualidad la población colombiana y que se espera aumenten con la aplicación de la nueva política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, expedida por el gobierno colombiano a finales de diciembre de 2019.