Inyección económica para dotar de defensa antiaérea y antimisil de corto alcance a los buques de la Armada

Una necesidad operativa largamente demandada por la Armada es reforzar la protección cercana de sus principales unidades de superficie frente a amenazas como misiles, vehículos de superficie no tripulados (USV), drones (UAS) o pequeñas embarcaciones de ataque rápido (Fast Patrol Boats). 

Para hacer frente a esta demanda, el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa presentado por el Gobierno el pasado mes de abril incluye un Programa Especial de Modernización que, bajo el nombre de Sistema Lanzador Embarcado tiene como objetivo “adquirir sistemas que deben de ser capaces de proporcionar defensa antimisil para los buques en el escenario más desfavorable”.

Para ponerlo en marcha lo antes posible, ha sido incluido en el Real Decreto del Ministerio de Industria para prefinanciar varios de estos programas, un total de 46 millones de euros para éste, que será un adelanto para impulsar su puesta en marcha independientemente de que su coste posterior sea superior. De hecho, el Gobierno ha incluido una partida de 70 millones este año para este PEM. 

Este programa está concebido como un programa especial que permitirá dotar a varios buques de guerra españoles de una capacidad de defensa antiaérea y antimisil de corto alcance. Su desarrollo requerirá la creación de una torre o lanzador embarcado, la integración de sensores específicos, sistemas de dirección de tiro y consolas de operador, todo ello adaptado e integrado dentro del Sistema de Combate de los Buques de la Armada (Scomba).

Uno de los pilares del programa SLE será su capacidad para operar en escenarios altamente exigentes, incluidos aquellos en los que múltiples amenazas se presenten de forma simultánea. El sistema deberá permitir la detección, seguimiento y neutralización de objetivos consecutivos mediante el uso de lanzadores múltiples o tiempos de recarga reducidos. Para ello, se contempla la integración de tecnología nacional en varias líneas clave: el diseño y fabricación de sensores avanzados, su integración en Scomba, la incorporación de la dirección de tiro al sistema de combate naval, y la creación o adaptación del lanzador y sus subsistemas asociados.

Además, será capaz de realizar el seguimiento incluso de varios misiles y enfrentar amenazas consecutivas ya sea con lanzadores múltiples o tiempo de recarga reducido. 

Cobertura eficaz contra amenazas aéreas

El objetivo último es garantizar una cobertura eficaz contra amenazas aéreas a los buques más valiosos de la Armada, como las fragatas FFG, los Buques de Acción Marítima (BAM), los buques logísticos de aprovisionamiento en combate y los buques anfibios. Con esta mejora, se reforzarán capacidades críticas como el mando y control, el targeting (gestión de blancos), la defensa aérea integrada, la interoperabilidad, y el reconocimiento y vigilancia, todo ello con criterios de modularidad, movilidad y superioridad en el enfrentamiento.

Además del impacto operativo, el Ministerio de Defensa subraya la relevancia industrial del programa. Su desarrollo no solo permitirá fortalecer las capacidades de disuasión y defensa de la Armada, sino que también dinamizará sectores clave de la industria nacional de defensa. Entre los campos tecnológicos que se verán impulsados están el mando y control (C4I), la inteligencia, vigilancia y adquisición de objetivos (Istar), la integración de sistemas críticos en plataformas navales y el diseño de sistemas de armas complejos, considerados esenciales para la seguridad nacional.

Una pieza estratégica

El sistema lanzador embarcado se concibe así como una pieza estratégica dentro del conjunto de programas de modernización en curso. Su diseño debe adaptarse a los entornos navales más complejos, con un alto grado de automatización e interoperabilidad, y asegurar una integración total con el resto de sistemas de misión a bordo de los buques. Asimismo, se pretende que la operación del sistema requiera una dotación mínima, lo que redundará en una mayor eficiencia operativa y menores exigencias logísticas.

Esta inversión forma parte de un paquete de más de 4.700 millones de euros destinados a otros ocho grandes programas de modernización tecnológica y militar incluidos en el mismo real decreto, que también contempla proyectos como el nuevo vehículo lanzapuentes, el sistema de combate terrestre superior o la fabricación avanzada de obuses autopropulsados.

Estos préstamos se conceden a un tipo de interés del 0% y sin exigencia de garantías iniciales, permitiendo el anticipo de fondos a las empresas beneficiarias que sean seleccionadas por el Ministerio de Defensa, siempre que se comprometan a reintegrarlos al Tesoro Público en función del calendario de ejecución acordado en cada contrato. Las condiciones establecen también que los fondos deben emplearse exclusivamente en territorio nacional, contribuyendo así a la consolidación de una base industrial y tecnológica propia y soberana en el ámbito de la defensa.