La ley de derribos dificulta la compra del Hawk por Uruguay en EEUU

La Fuerza Aérea Uruguaya sigue buscando aviones y el Hawk se postula como una de las opciones más interesntes. No obstante, su adquisición no está exenta de dificultades, una de las principales la falta de alineamiento entre las leyes de derribo de EEUU y Uruguay.

El proceso comenzó en octubre de 2021, cuando una delegación uruguaya visitó la empresa norteamericana AirUSA (actualmente Ravn Aero) para evaluar una partida de doce -diez en vuelo y dos como repuestos- Bae Hawk Mk67, que fueron ofrecidos a Uruguay a un precio de 60 millones de dólares, incluyendo un paquete completo de repuestos, un simulador, entrenamiento y el agregado de radares ELTA EL/M 2052 a más unidades (en ese momento sólo uno lo tendría instalado). No fue la única. También hubo ofertas por unidades del modelo T1 -aunque algunas versiones indican que podrían ser T2- de origen británico, además de una partida de unidades de Omán, que serían ofrecidas en menor cantidad que la oferta original de Mk67.

Muchas ofertas, pero con pocos resultados

La oferta de AirUSA fue la primera en introducir el Hawk como alternativa para la Fuerza Aérea Uruguaya y la evaluación del modelo fue positiva, tanto en precio como técnicamente. Las limitaciones impuestas por la política de compras del Gobierno uruguayo para la compra de material a privados, sumado a las limitaciones establecidas por Estados Unidos a la transferencia de aeronaves de combate a Uruguay por las diferencias entre los dos países con respecto a la ley de derribos actualmente vigente en el país sudamericano, supone un veto que aplica para toda aeronave ya sea de fabricación norteamericana o con equipos de ese origen. Todo ello implica que la gran mayoría de los aviones de combate occidentales, con muy pocas excepciones, no pueden ser adquiridos para la Fuerza Aérea Uruguaya.

La oferta más reciente, consecuencia de gestiones también norteamericanas, enfrenta los mismos desafíos que las anteriores, mientras que el Gobierno uruguayo, que se muestra reticente, está buscando alguna alternativa que permita destrabar las negociaciones y que cuente con el visto bueno de Estados Unidos. Esto incluiría modificaciones en la reglamentación de la ley de derribos para que estén alineadas con los requisitos de Estados Unidos sobre el tema.

Las leyes de derribos y sus consecuencias

Las leyes de derribo son comunes en buena parte del mundo y establecen los protocolos a seguir por parte de una nación para defender su espacio aéreo. Estos protocolos definen cada paso, desde la detección de la aeronave hasta su interceptación y, en el peor de los casos, su derribo. Estados Unidos, tras el derribo de un avión peruano en 2001 a una aeronave civil, causando la muerte de una mujer norteamericana y su bebé, en un confuso evento donde efectivos de la CIA participaron de la intercepción pero no aprobaron el derribo, estableció ciertas regulaciones para la transferencia de aeronaves de combate a países con leyes de derribo, pero que no contasen con una capacidad efectiva para identificar potenciales vuelos en infracción.

En Latinoamérica, solamente Brasil y Chile están en la lista de países con dichas capacidades, mientras que Colombia recibe material con una excepción a esta regla, implementada por la situación de guerra interna y lucha contra el narcotráfico en la que está inmerso el país. En el caso de Argentina, la ley de derribos que se redactó cumple con los requisitos de Estados Unidos, por lo que el país no tendría problemas en recibir material aéreo de ese origen. 

Sin embargo, en Uruguay no es así, por lo que el Gobierno norteamericano ha solicitado cambios al respecto, sin que se hayan dado aún. La ley uruguaya establece una compleja serie de pasos, que en la realidad hacen casi imposible que la aeronave sea derribada en territorio uruguayo. Incluyen la notificación a toda la cadena de mando, culminando en el presidente de la República, quien será el encargado de aprobar o no el derribo.

Este proceso implica que tras la interceptación de la aeronave que no cumpla con absolutamente ninguna orden y que sus intenciones puedan poner en peligro instalaciones o vidas en Uruguay, entonces se activará el proceso de notificación a las autoridades que eventualmente culminara con una orden positiva o negativa del primer mandatario uruguayo. Si bien técnicamente esto se puede realizar en la práctica, la viabilidad de que todo esto suceda en los tiempos necesarios para que realmente se evite un ataque o no parece bastante distante, simplemente por un tema de tiempos. Sin embargo, Estados Unidos cree que el riesgo de que se derribe a una aeronave por error existe. Si eso sucede, no quiere que sea realizado con aeronaves facilitadas por ellos.

Pocas alternativas disponibles

Debido a la política de compras del actual gobierno uruguayo, que implica que toda adquisición será únicamente entre países y no a privados, en el caso de Estados Unidos fuerza a todos los proveedores a realizar sus ventas a través del sistema Foreign Military Sales, sistema que garantiza las transacciones e involucra al gobierno norteamericano como garante de la venta. Esta alternativa implica el consentimiento del vendedor del material para que la transacción sea manejada por el FMS, funcionando como un intermediario, lo que agrega algunos costos adicionales, pero también provee tranquilidad al usuario final, ya que Estados Unidos pasa a ser quien garantizara el éxito de la transacción y que el material sea provisto según los requerimientos. 

En ese sentido, prácticamente todas las aeronaves que han sido ofrecidas a Uruguay, incluyendo los Hawk Mk67, 100, 200, seguramente los T1 y T2, Embraer Super Tucano, KAI TA-50, Aero L-159 y L-139, pueden ser bloqueadas por contener equipos de origen norteamericano. Aparte de eso, la posibilidad seria adquirir material a China, Rusia o algún país que no este alineado con Estados Unidos, lo que a su vez no es una opción para Uruguay, que particularmente se ha acercado mucho al país norteamericano durante el presente gobierno.

En definitiva, todas las alternativas que actualmente se le han acercado a la FAU y que le pueden interesar, están atadas a una decisión política, que implica la modificación de la Ley de Derribos que actualmente esta vigente, aunque no reglamentada en el país. Es algo donde hasta ahora el gobierno actual se ha mostrado reacio a modificar, por lo menos con la urgencia que necesita la Fuerza Aérea.