La Corte Suprema cierra caso de venta de armas de Chile a Ecuador sin encontrar responsables

28/05/2010 (Infodefensa.com) Santiago de Chile - La Corte Suprema chilena dio por definitivamente cerrada la investigación a la venta de armas de Chile a Ecuador a través de FAMAE a comienzos del 1995, cuando los ecuatorianos estaban en guerra con Perú, sin hallar responsables pese a que se acreditó delito.

"Pese a que se acreditó delito, no hubo cómo demostrar quiénes fueron los responsables, y el plazo de la investigación venció, por lo que el tribunal sobreseyó el caso", informó una fuente judicial a la prensa local.

Por cuatro votos a uno, la Sala Penal de la Corte Suprema reafirmó el sobreseimiento de la causa, luego de que el Consejo de Defensa del Estado solicitara la reapertura del caso, que ya había sido sobreseído por un juez chileno.

En aquel momento, el magistrado consideró que los hechos ocurrieron 10 años antes del inicio de la investigación y, pese a que se acreditó que hubo delito por la venta ilegal de armas por parte de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE) de Chile al Ejército de Ecuador, no se pudo encontrar documentación que autorizara la transacción por parte del Ministerio de Defensa.

El caso se reabrió después de las denuncias realizadas en marzo de 2005 por el ex general ecuatoriano Víctor Bayas, quien dijo que Chile había vendido armas a Ecuador en pleno conflicto bélico con Perú, entre enero y febrero de 1995.

De ser cierto, la venta de armas se habría concretado mientras Ecuador mantenía una guerra no declarada con Perú por la frontera en la Cordillera del Cóndor por 348 kilómetros cuadrados, localizados en la región amazónica suramericana, pese a que Chile era uno de los países garantes de la paz que ambos países firmaron en 1942. Las hostilidades entre ambos países comenzaron el 22 de enero de 1995 y se prolongaron hasta el 17 de febrero de ese mismo año.

Perú acusó a Chile en abril de 2005 de faltar a ese compromiso y de apartarse de su neutralidad. Chile respondió que la venta de armas fue acordada con Ecuador cuatro meses antes de estallar el conflicto -en septiembre de 1994-cuando aún el general Augusto Pinochet era comandante en jefe del Ejército chileno.

El 22 de mayo del 2006, tras una declaración conjunta de las cancillerías de Chile y Perú se puso término a la polémica.

A juicio de los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Carlos Künsemuller, había una cuestión previa -que fue ignorada por el juez Billard y por la Corte Marcial- que impide reabrir el caso, razón por la cual se rechazó la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

"Cualquiera fuera la data (...) considerar las primeras tratativas realizadas en 1993, el envío material de las armas en 1995 o la recepción de los dineros por parte de FAMAE en 1998, en todas esas oportunidades regía el antiguo tenor del artículo 19 de la Ley sobre Control de Armas y Explosivos", reseñan los supremos.

Tal normativa, que sólo fue derogada en mayo de 2005, exigía para iniciar un proceso criminal por este tipo de delito que fuera requerido o denunciado por el ministro del Interior, de Defensa, algún intendente regional, gobernador provincial, director general de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, un comandante de guarnición, un prefecto de Carabineros u oficial de la Policía de Investigaciones al mando de una prefectura. Ninguno de estos requisitos que eran una "condición indispensable" se dieron en este caso, concluyen los magistrados.

El voto en contra fue del abogado integrante Luis Bates, quien estimó que como el asunto fue conocido por la justicia militar podía salvarse el requisito omitido y decretarse la reapertura del caso

Fusiles, cohetes, municiones y visores

Según un informe hecho público en 2007 por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Bridac) de Chile, una importante dotación de fusiles, municiones, subametralladoras, cohetes LAW, visores nocturnos y raciones de combate fueron embarcados en dos Hércules C-130 de la Fuerza Aéreas ecuatoriana durante una operación secreta realizada el 31 de enero de 1995.

El informe, revelado entonces por el diario La Tercera, señaló que en la madrugada de ese día las autoridades chilenas ordenaron la suspensión temporal de las llegadas y salidas comerciales en el aeropuerto internacional de Santiago con el fin de embarcar las armas a ese país. Entonces, miembros de la Fábrica de Materiales del Ejército (FAMAE) y del "Grupo 10" de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), embarcaron el material bélico. El informe policial destaca que se ordenó operar con el mínimo de luces mientras se efectuaba el aterrizaje y despegue de los dos aviones ecuatorianos.