7.500 empleos perdidos
La emergencia sanitaria diezma el 25% de las plazas de seguridad privada de El Salvador
Agentes policiales revisan documentos de autorización a un vigilante privado (izquierda). Foto: Policía Nacional
03/06/2020 | San Salvador
Alberto López
La emergencia del Covid-19 ha diezmado hasta un 25% de las plazas laborales de seguridad privada en El Salvador, debido al cierre de locales comerciales por falta de clientes y movilización de empleados por la cuarentena domiciliar que ya lleva poco más de dos meses.
Según información de la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (Unaps) de El Salvador, se ha perdido alrededor de una cuarta parte de las 30.000 plazas de trabajo que generan las empresas formales de seguridad, representadas en dicha gremial. Esto supone cerca de 7.500 empleos perdidos debido a la crisis consecuencia de la pandemia.
En El Salvador, debido a los altos índices delincuenciales de los últimos años, ha habido un boom de las agencias de seguridad privada y es usual que comercios de todo tamaño contraten los servicios de este tipo de compañías. Sin embargo, la cuarentena domiciliar de los últimos dos meses ha obligado a cerrar centros y zonas comerciales en todo el territorio, por lo que se ha experimentado un efecto cascada en otras actividades productivas relacionadas con el comercio, como es el caso de la seguridad privada.
La inversión en este sector es relevante. Por poner un ejemplo, de acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador, en 2013, el presupuesto de las empresas para protegerse con seguridad privada fue mayor que el gasto estatal en seguridad pública y defensa: presupuestos anuales sumados (Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Fuerza Armada de El Salvador) alcanzaban en ese momento alrededor de 500 millones de dólares y el sector privado invertía arriba de 600 millones de dólares anuales en el tema de seguridad.
La Policía salvadoreña es la encargada de capacitar y certificar a los vigilantes de seguridad pública, así como supervisar a las agencias privadas que ofrecen estos servicios en El Salvador.
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