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Especial patrulleros en Latinoamérica

La compra de OPV para la Armada de Uruguay, una transparencia hermética

Guardacostas Río Negro de la Armada de Uruguay. Foto: Armada de Uruguay

Guardacostas Río Negro de la Armada de Uruguay. Foto: Armada de Uruguay

22/03/2021 | Montevideo

Gabriel Porfilio

La Armada Nacional de Uruguay está en crisis. Eso no es noticia. Es cierto que ha estado en crisis buena parte de su existencia, pero lo cierto es que ahora está al borde de la desaparición. Carece totalmente de capacidad bélica, la mayoría de sus buques están fuera de servicio u operando en forma limitada y, al no navegar, se fueron perdiendo tripulantes que a su vez pasaban el conocimiento a las nuevas generaciones por lo que hoy en día es hasta difícil completar las dotaciones de los pocos buques que están disponibles.

La crisis entonces no solo es material, sino también humana. Generaciones de oficiales y personal subalterno se están formando sin medios que operar y por lo tanto no obtienen la experiencia necesaria para ser buenos marinos militares. A su vez, el efecto desmoralizador de no tener buques ni capacidades limita el interés para ingresar a la Fuerza Naval por lo que el ciclo vicioso parece no terminar.

El poder político, históricamente, ha declarado que es importante mantener una fuerza naval capaz de cumplir con el mandato constitucional de defender la soberanía marítima del país, pero en muy pocas ocasiones ha hecho algo para lograrlo. La política de los gobernantes uruguayos, de todos los partidos, ha sido siempre mantener lo que se tiene, adquirir poco y de ocasión o donado, esgrimiendo siempre la excusa de que el país no tiene las capacidades económicas para equipar decentemente a sus Fuerzas Armadas aunque, por otro lado, se despilfarran los dineros públicos en otras actividades que generan mas votos y menos controversias. Pero esa es otra discusión.

A buena parte de la población uruguaya, aunque tiene una buena percepción de sus Fuerzas Armadas, le es difícil digerir cualquier tipo de gasto en defensa, por considerarlo innecesario. El político sabe esto y aunque es su deber proveer a las fuerzas con el material necesario para cumplir con su función, la percepción del votante sobre cómo se invierten los dineros públicos casi siempre está por encima del mandato constitucional.

Proyecto de adquisición de nuevos OPV y Covid-19

 

A mediados de la década pasada, el consenso político, por primera vez en mucho tiempo sin quejas de ningún sector, era que tanto la Armada como la Fuerza Aérea Uruguaya debían recibir los medios necesarios para su reequipamiento y que el Gobierno los iba a proveer, aunque no se estableció cómo.  La Armada fue encargada de realizar no uno sino dos profundos informes técnicos ponderando las distintas opciones presentadas por múltiples astilleros de gran renombre internacional y en ambas ocasiones se llegó a la conclusión técnica de que el elegido sería el buque presentado por el astillero alemán Lurssen, empresa que a su vez aceptó proveer la financiación propuesta en su momento por el Gobierno, que incluyó una opción de lease con términos muy favorables para Uruguay.

Desde entonces, en 2016, hasta ahora nada más se supo. Se congelaron las negociaciones, no hubo más comunicaciones. Nada. Con la asunción del nuevo Gobierno en 2020, el entonces senador Javier García, que ocupaba la presidencia de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores y que fue uno de los principales impulsores de la aceptación a nivel parlamentario del recambio de material en las Fuerzas Armadas, asumió la comandancia del Ministerio de Defensa y con eso la expectativa de que se avanzase rápidamente en la adquisición de material militar, fundamentalmente para la Armada y Fuerza Aérea, creció sustancialmente.

Desde su nombramiento el novel ministro declaró públicamente que su intención era reemplazar el material obsoleto de la Armada y Fuerza Aérea y que todo el proceso sería dotado de total transparencia y que todos los partidos políticos serían informados del proceso y participarían de la toma de decisiones. Lamentablemente, apenas asumió el Gobierno, la pandemia de la Covid-19 puso una pausa a todo gasto que no fuese direccionado a la lucha contra el virus y la asistencia a la población. Sin embargo algunos pasos fueron dados, se adquirieron dos Lockheed Martin KC-130 Hercules a España y se comenzó a coordinar la estrategia para crear un fideicomiso, en conjunto con la Corporación Nacional para el Desarrollo, con el fin de reunir, aunque sea parcialmente, los fondos necesarios para el recambio del material.   

La opinión pública, la transparencia y las decisiones técnicas

 

El ministro de Defensa Nacional ha sido una presencia continua en los medios de comunicación masivos uruguayos y se ha esmerado en estar presente en cada acontecimiento relevante que involucrara a las Fuerzas Armadas. Desde el despliegue en la frontera apoyando a las fuerzas de seguridad, el apoyo a la población durante la lucha contra la Covid-19 hasta la recepción de los nuevos KC-130H Hercules y su posterior utilización en diversas misiones. Durante esta continua exposición a los medios, el ministro aseveró que el país, pese a la pandemia, iba a continuar con el proceso de adquisición de buques para la Armada. Estas novedades han sido bienvenidas desde todos los frentes, pero con una salvedad, se habla para la opinión pública pero no se informan los procesos que llevan a las decisiones.

En forma permanente se esta ‘preparando’ al común de la gente para aceptar el hecho de que se van a adquirir nuevos buques, algunos mediante la colaboración de países amigos y otros serán adquiridos, pero hasta ahí llega la información. El esfuerzo a nivel gubernamental está centrado en ‘convencer’ al votante de que los medios se necesitan, cómo y qué será adquirido parece ser irrelevante. En este punto en particular es donde, particularmente, generó cuestionamientos. El ministro continuamente manifestó que el proceso sería transparente y que se informaría a todos los sectores que se pensaba comprar y por qué. Sin embargo, dicha transparencia no se debe limitar a informar a los medios de comunicación masivos, que difícilmente puedan diferenciar un gomón de una fragata, que se van a comprar buques. Un proceso transparente implica informar, públicamente, qué pasos se están siguiendo para el recambio de la flota de la Armada, que será realizado con dineros públicos, de todos los uruguayos. Y acá no se puede esgrimir el factor del secreto por ser cuestiones de defensa nacional, absolutamente ninguno de los medios que se están barajando cuentan con capacidades bélicas destacables, siendo buques con capacidades limitadas a una tarea policiaca. No son buques con capacidades estratégicas o que vayan a cambiar el balance geopolítico de la región. Es más, probablemente se abandone el concepto de Armada de Guerra para convertirse definitivamente en una fuerza policial. Este cambio generaría que la fuerza se convierta en algo distinto a lo que es su mandato constitucional de forma ‘forzada’ por el equipamiento provisto por el mismo Gobierno del que forma parte. Todo esto sin un análisis concreto de qué es lo que se quiere de las Fuerzas Armadas Uruguayas, qué es lo que precisan y cómo se debe proceder para proveerlo, no en el corto plazo sino con un plan que permita el mantenimiento y recambio de sus equipos a mediano y largo plazo. Al no considerar estas necesidades se están siguiendo los mismos mecanismos que históricamente llevaron a las Fuerzas Armadas a la desastrosa situación actual.

Paralelamente, el secreto con el que se están manejando las negociaciones, enturbia las aguas de un proceso bastante transparente que se había iniciado en la anterior administración que, seamos claros, tiene una gran responsabilidad en la situación actual de las Fuerzas Armadas por permitir y consolidar la degradación de sus capacidades. Pero al menos se tomaron el esfuerzo de realizar dos informes técnicos, que fueron públicos y donde la Armada presentó al ganador de esos estudios. Sin embargo, ahora, el proceso se ha convertido en negociaciones a puertas cerradas, con un altísimo grado de involucramiento político, dejando de lado -aunque se dice que aún se consideran- las prioridades establecidas por el estudio técnico hecho por la Armada y abriendo las puertas a que entren otros actores que no habían sido considerados antes, muchos con más peso político y financiero que técnico.

La falta de transparencia genera preocupación, pues da lugar a que se cuestionen las decisiones. El ministro recientemente declaró que se estaba negociando con ‘un país amigo’ la transferencia de algunas lanchas de patrullaje costero, para sustituir probablemente a las antiguas Cape donadas por Estados Unidos hace décadas. Se especuló que podrían ser negociaciones con Estados Unidos, las que habían sido iniciadas hace años y que estaban trabadas por una diferencia en el precio de adquisición. El ministro sigue declarando a la prensa que se van a recibir embarcaciones, más recientemente durante un recorrida de la futura base naval de Fray Bentos, proyecto que también tiene varios años, recalcó que en esa base se van a instalar lanchas de patrulla para el río Uruguay. Sin embargo, los fondos para construir esa base saldrán de la venta o transferencia de terrenos de la Armada, por lo que la disponibilidad financiera todavía no esta asegurada.

El bien general, por encima del personal

 

Después de este balance, lo que queda claro es que los gobernantes, por el bien del país y de sus Fuerzas Armadas, deben comenzar a actuar en base al mandato otorgado y no a las consecuencias políticas de sus actos. Si bien esto puede sonar como un contrasentido, la población eligió un Gobierno para que conduzca al país por cinco años. Le otorgó la confianza y el poder de determinar el destino de una Nación. Dentro de esas responsabilidades está la de tener unas Fuerzas Armadas equipadas y con las capacidades mínimas que le son encomendadas por la Constitución. No es necesario convencer a la población de las decisiones que se toman, pero sí informar del proceso en forma cabal y transparente. No para ser juzgados sino para evitar serlo.

Cuando hace unos meses, el ministro decía a la prensa que se iban a comprar dos aviones Hercules, pero que se reservaba decir el país desde donde venían ¿Qué se ganó? ¿Cuál era el misterio de informar que las negociaciones eran con España, un país amigo, que en múltiples oportunidades y durante diversos gobiernos transfirió equipo militar a Uruguay a precios muy beneficiosos? En el mismo sentido ahora se están manejando opciones, negociaciones con países, posibilidades de buques usados y nuevos, todo bajo un manto de misterio y sin ninguna claridad sobre cuáles serán los criterios a aplicar. Eso no ayuda al proceso, confunde a las empresas que participan del mismo, generan dudas en la población en general y enturbian el ambiente de negociación.

El Gobierno ha hecho todo lo necesario para preparar a la opinión publica para la futura adquisición de medios para las Fuerzas Armadas, ahora es el tiempo que se comience a ejecutar el plan con transparencia, con información, con criterio y utilizando la opinión de los profesionales de las armas para que se obtenga el material que mejor se adapte a los requerimientos de la Armada, mandados por la Constitución y que el país puede adquirir. El concepto de Fuerzas Armadas acorde al presupuesto debe desaparecer de una buena vez para tomar la conciencia de que el presupuesto se debe adecuar a las necesidades de ellas, no al revés. Esto no debería generar un costo político sino todo lo contrario. El político debe dejar de ser político el día que asume el poder y convertirse en gobernante. Esperemos que esto suceda en Uruguay, por el bien de la Nación y sus Fuerzas Armadas.

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