ERC solicita al Gobierno fiscalizar y liquidar los programas especiales de armamento

Esquerra Republica ha pedido al Gobierno el fin de los programas especiales de armamento (PEA) del Ministerio de Defensa. Este el mecanismo utilizado desde al año 1998 por el departamento para financiar grandes programas de modernización de las Fuerzas Armadas españolas como el caza de combate Eurofighter, los carros de combate Leopardo o las fragatas F-100.

En concreto, la formación independentista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para acometer una fiscalización de los PEA desde su creación, recortar de forma progresiva la inversión en estos programas y establecer una fecha para su finalización. También demanda que el dinero dedicado a estos proyectos sea destinado a iniciativas sociales orientadas a paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus.

La iniciativa, recogida por Europa Press, también plantea la devolución de todos los créditos realizados en el ámbito de la I+D+i militar, así como concentrar las inversiones futuras para investigación y desarrollo en el ámbito civil.

ERC pretende que el Ejecutivo presente dos informes en la Comisión de Defensa. Por un lado, una evaluación de los PEA con los detalles de la inversión realizada desde la puesta en marcha de estos programas hace ya más de dos décadas, las empresas adjudicatarias y los programas financiados, por otro, un dossier que incluye el dinero destinado a la I+D+i militar en los últimos 15 años, las compañías a las que han ido a parar estos fondos y los órganos responsables de la gestión de estas partidas.

El partido catalán cuestiona en su escrito el modelo de financiación de los PEA y recuerda que el Tribunal Constitucional obligó en 2016 al Ministerio de Defensa a incluir las partidas destinadas a estos programas en el presupuesto ordinario.

Según la iniciativa, los programas estaban basados en un principio en un complejo esquema de financiación, por el que los ministerios de Defensa e Industria adelantaban el dinero a las empresas a través de créditos a interés cero, a devolver en 20 años en concepto de I+D durante la fase de producción. Tras finalizar esta etapa, la empresa tenía que retornar el importe del crédito y Defensa desembolsaba el importe para la compra del material.

ERC critica que “el objetivo era mantener aparentemente austero el presupuesto de Defensa, mientras otros ministerios ocultaban el gasto militar, a la vez que se engrosaban los datos de inversión pública española en I+D, que, por entonces relegaba al Estado a la cola de los países de la OCDE”.