Cae una red que desvió millones de una venta de material policial a Angola

(Infodefensa.com) Madrid – La Guardia Civil ha desarticulado una red que supuestamente montó un entramado empresarial para desviar los fondos provenientes de un contrato de 152 millones de euros firmado entre una UTE española y el Gobierno de Angola para la entrega de material policial al país africano.

Según ha informado el instituto armado, la operación ha culminado con diez detenidos, entre los que se encuentra José Encinas Charro, ex presidente de Defex, comercializadora de los productos de armamento españoles dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Además, han sido arrestados varios altos cargos de la compañía Cueto Group International, entre ellos la directora del departamento internacional, Iciar de Yraola. Defex y Cueto constituyeron en junio de 2008 la UTE ahora investigada para suministrar de equipamiento de la Policía Nacional de la República de Angola. En aquel momento, Encinas Charro ocupaba los cargos de presidente, consejero y apoderado en Defex, que asumió en 1991 y mantuvo hasta el año 2012.

Según las pesquisas policiales, el contrato firmado por la UTE y Angola sirvió como pantalla para desviar una gran parte del importe del mismo, principalmente a través de Luxemburgo, a cuentas de los partícipes de la UTE, así como de los responsables de la adjudicación del contrato en el país africano. Para esta operación, la trama contó con la colaboración de un despacho de abogados del Ducado, que supuestamente montó una estructura financiera “altamente sofisticada y necesaria” para blanquear los fondos desviados.

La Guardia Civil comenzó la investigación en 2013, tras recibir información de las autoridades judiciales de Luxemburgo. Estas comunicaron la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente. En ese momento, el instituto armado emprendió la operación Angora, en colaboración con la policía del país centroeuropeo.

Durante la operación, los agentes han intervenido 116.000 euros, cerca de 200 libras y más de 16.000 dólares, así como ordenadores y abundante documentación. Todo ello, en 16 registros (13 en España, dos en Luxemburgo y uno en Portugal): en los domicilios de los implicados, en entidades bancarias y en las sedes de las empresas que conformaban la UTE.

La operación, desarrollada bajo la dirección de la Audiencia Nacional, aún permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones. Las diligencias han sido declaradas secretas.

Foto: Guardia Civil (archivo)