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Nuevo COO de la compañía

Conde defiende que su incorporación a Escribano cumple la ley

Comparecencia de Agustín Conde en el Senado. Foto: Ministerio de Defensa

Comparecencia de Agustín Conde en el Senado. Foto: Ministerio de Defensa

07/03/2019 | Madrid

El ex secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, recién incorporado a la dirección de la empresa Escribano, ha defendido que su entrada en la compañía cumple con la legislación vigente, después del debate surgido por la modificación durante su etapa en el ministerio del contrato del programa 8x8 para incorporar una estación de armas de Escribano.

Conde ha afirmado en declaraciones a El País que esta ampliación del contrato "ha sido considerada en el expediente" de la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que, en este caso, ha concluido que no existe incompatibilidad. Y ha añadido: "Lo que no puede hacer y lo que sí un ex alto cargo lo marca la ley y su interpretación no le corresponde a la prensa sino a un organismo que depende de un Gobierno que además no es el mío y ya se ha pronunciado".

El nuevo directivo de Escribano también ha justificado el no haber esperado dos años para fichar por la empresa como establece la legislación: "¿Y por qué habría de esperar? Soy un ciudadano privado, tengo derecho al trabajo y respeto los límites que me marca la ley". La norma, en concreto, determina que para ocupar un puesto en una empresa privada deben de pasar dos años desde el cese en el cargo en la Administración, aunque -como es el caso- el interesado puede solicitar un permiso de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Ampliación del contrato

 

El Consejo de Ministros autorizó en noviembre de 2017 una ampliación del presupuesto del programa Vehículo de Combate sobre Ruedas 8x8 del Ejército de Tierra para incluir, entre otras mejoras, la estación de armas remota Guardian de la empresa española Escribano. Esta decisión supuso una inversión adicional de 2.671.680 euros, lo que elevó el presupuesto del proyecto para la fabricación de los cinco demostradores tecnológicos del vehículo a los 91.969.680 euros.

 

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