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ESPAÑA | Defensa
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Opinión

Las sombras tras el aumento del presupuesto de Defensa

Cazas de combate F-18 y Harrier en el ejercito Ocean Sky. Foto: Ministerio de Defensa

Cazas de combate F-18 y Harrier en el ejercito Ocean Sky. Foto: Ministerio de Defensa

01/11/2020 | Madrid

La Ventana

El presupuesto de defensa aumenta un 4,7%. Ese es el gran titular que se extrae del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021. Un dato aparentemente objetivo. La realidad es diferente.

Según los datos oficiales, el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa asciende a un total de 10.863 millones de euros. Descontando la asignación al CNI, organismos autónomos y transferencias, la cantidad resultante es de 9.072 millones de euros de los que 25 procederían de fondos europeos. Las inversiones reales ascienden a unos 3.000 millones con un incremento teórico del orden de 150 millones.

El 78% del total para inversiones reales, corresponde a pagos asociados a programas especiales. Una partida que será elevada al menos durante la próxima década, y que condiciona las posibilidades de abrir nuevas inversiones y de realizar asignaciones suficientes y adecuadas para necesidades de adiestramiento y apoyo logístico. Estas dotaciones no llegan a los 650 millones de euros. Una reducción de unos 200 millones con respecto al anterior presupuesto aprobado para 2018, que supera el  5,4% de disminución que el propio gobierno reconoce. Son partidas que sustentan la preparación de las unidades y el mantenimiento en servicio de unos sistemas que son cada vez más complejos. A primera vista el incremento teórico de inversiones se realiza a costa de los créditos en apoyo logístico, gastos operativos y otras adquisiciones. Estas últimas se reducen a niveles mínimos y en un 50%, se destinan a infraestructura y al pago de contratos en vigor, como es el caso del avión entrenador.

Volviendo a los programas especiales, la dotación para el programa 122B asciende a 2.341,6 millones. El 56% de esta cantidad corresponde a compromisos de pago asociados a programas iniciados hace dos décadas y con entregas finalizadas hace años, como es el caso del programa Leopardo. Es significativo citar que estos pagos se realizan a los contratistas principales, que a su vez tendrán que reintegrar al tesoro un porcentaje importante como devolución de los anticipos de crédito que recibieron en su momento. Las arcas públicas recuperarán buena parte de ese dinero sin generar nueva actividad industrial.

En las condiciones que marca el proyecto, ciertos subsectores se ven más favorecidos que otros, lo que muestra una clara intencionalidad de política industrial que tiene sus repercusiones operativas. Una cuarta parte de la cantidad para programas especiales está asociada con programas navales y un 20% a otros, como Chinook, el 8x8 o el NGWS, que ya tienen obligaciones contractuales o derivadas de compromisos internacionales con implicaciones en el horizonte de 2040. Son programas necesarios para proporcionar sistemas principales y que deberían propiciar la actividad industrial. Su efecto tractor es significativo, pero su financiación supone una hipoteca gravosa para establecer políticas de equipamiento equilibradas que permitan el desarrollo industrial y la modernización de los sistemas que necesitan los Ejércitos.

Por otra parte, es significativo mencionar la partida destinada a I+D. Mientras que el INTA ha visto recortadas sus asignaciones en un 18%, el presupuesto del programa 464A es de 30 millones de euros. Una cantidad estancada desde hace años que es ciertamente limitada para incentivar el desarrollo tecnológico, teniendo en cuenta además que esta partida está condicionando el soporte público a la participación en iniciativas europeas como el EDIDP y el futuro fondo europeo de defensa. Las posibilidades para acceder a otras fuentes de financiación para desarrollo tecnológico podrían compensar esta carencia, aunque las barreras, sobre todo psicológicas, no son menores.

Hay que señalar que las cifras del presupuesto, se verán previsiblemente complementadas con créditos del fondo de contingencia para financiar la participación en operaciones que han estado entre los 800 y 1000 millones anuales. El mecanismo de dotación de estos créditos es otra asignatura pendiente y es fuente de numerosos problemas para que los gestores puedan hacer un uso eficiente de los fondos recibidos por esta vía.

Más allá de los titulares no puede esconderse la realidad. El proyecto de presupuesto de defensa no es coherente con las prioridades políticas que el propio libro amarillo presenta  en cuanto a fortalecer la base industrial o garantizar la disponibilidad y capacidad de actuación de las Fuerzas Armadas.

El supuesto incremento se realiza a costa de partidas esenciales para la operatividad y para la actividad industrial. Pero sobre todo pone de manifiesto la necesidad de abordar los problemas estructurales que tiene la financiación de nuestra defensa. Significativamente los pagos de programas especiales, con el mecanismo actual, producen un déficit financiero crónico e hipotecan las posibilidades de abrir nuevas inversiones, reponer o modernizar capacidades y atender a las necesidades de preparación y mantenimiento. La financiación de las operaciones debe regularizarse para poder acompasar el esfuerzo operativo con las necesidades de créditos en tiempo y forma. La contribución de otros actores a la defensa nacional, reflejada en la Directiva de Defensa Nacional vigente, debe también trasladarse a medidas concretas.

La industria de defensa y las Fuerzas Armadas vienen sufriendo desde hace años los problemas que representa la carencia de una estrategia financiera que permita establecer políticas de equipamiento sólidas y coherentes, para mantener y mejorar, sin sobresaltos, la capacitación industrial y por supuesto la operatividad de las fuerzas. Quizás el momento político no sea el más adecuado pero no podemos quedarnos en el titular.

La primera medida para “mejorar la cultura y conciencia de defensa de la ciudadanía” es explicar bien los números y no mandar mensajes que lleven a engaño. Porque son los ciudadanos en definitiva los que se benefician o sufren las consecuencias de las decisiones políticas.

 

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