Justicia militar uruguaya indagará actividad delictiva denunciada en la Armada

15/08/2010 (Infodefensa.com) Montevideo - El ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, entregó al presidente del Supremo Tribunal Militar (STM), general (r) Julio Halty, tres expedientes para el inicio de los trámites ante la Justicia Militar, para la definición sobre la presunta comisión de "delitos militares" por parte de los oficiales involucrados en varias irregularidades en la Armada.

"Nos reunimos (con el general Halty) a los efectos de darle trámite, trasladarle, una serie de investigaciones administrativas ya culminadas, y algunas investigaciones de urgencia también culminadas para que la Justicia Militar tome cuenta de ellas y actúe" porque "presumimos que allí puedan encontrarse delitos específicamente militares", expresó Rosadilla en rueda de prensa, según informó La República.

En este sentido, el capitán de navío Alvaro Bacqué, procesado con prisión por la Justicia Especializada en Crimen Organizado, será el primer oficial sometido a la Justicia Militar, por el cúmulo de irregularidades constatadas hasta el momento.

Voluminosos expedientes

Bacqué fue procesado el pasado viernes 6 por la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Graciela Gatti, por un delito de "fraude" como consecuencia de una millonaria maniobra con vales nafta y fondos presupuestales detectada en la órbita del propio Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

El marino se desempeñaba como "Nº 2" de la Dirección Financiero Contable del Ministerio de Defensa, y tenía en su poder, dentro de una caja fuerte de su oficina, 159 libretas de vales de nafta válidos hasta mayo de 2011, valor 500 dólares cada uno, lo que totalizan 1.987.500 dólares. Sin embargo, según reveló el propio Rosadilla en la Comisión de Defensa del Parlamento faltaban 436 vales, por un monto de 5.450.000 dólares. Los vales eran cambiados en las estaciones de servicio para obtener "dinero". El oficial reconoció su participación en la maniobra.

Según La República, Rosadilla entregó asimismo al presidente del STM otros dos voluminosos expedientes, los cuales refieren a investigaciones administrativas sustanciadas durante la administración del hoy diputado José Bayardi, entre ellos, uno por el manejo de los fondos provenientes por la participación de las tropas uruguayas en las Misiones de Paz de la ONU ("Fondos ONU").

Sin embargo, el ministro no presentó los expedientes vinculados con el tema de las "compras fantasmas" en la Armada, por cuanto aún está actuando la Justicia Ordinaria y el MDN no tiene acceso al expediente. El caso refiere a la compra de una grúa hidráulica y un banco de prueba para motores realizados por el Comando General de la Armada, por 600.000 dólares, que no pudieron ser halladas en su lugar de destino, el Dique Nacional.

Tampoco fue remitido el caso del teniente de navío Ernesto Menafra, sobrino del ex comandante en Jefe de la Armada, contralmirante Oscar Debali, enjuiciado por la jueza Gatti por una maniobra irregular constatada en la Quinta División del Estado Mayor -Comunicaciones- por el manejo de tarjetas de recarga para celulares. Menafra fue procesado por un delito de "pecualdo".

Todas las garantías

El presidente del Supremo Tribunal Militar (STM), general (r) Julio Halty, afirmó que los investigados por la Justicia Militar tendrán "todas las garantías del debido proceso", como forma de dilucidar la posible comisión de delitos militares.

"Los expedientes fueron remitidos a los efectos de que la Justicia Militar tome conocimiento y determine si los involucrados cometieron o no delitos militares". En este sentido, "el procedimiento dentro de la Justicia Militar es muy similar a la Justicia Ordinaria, y se brindan todas las garantías del debido proceso a los encausados", explicó Halty en declaración al diario La República. Explicó que el caso es instruido por un juez de Instrucción, el cual es el encargado de disponer el interrogatorio de testigos y la citación del encausado, para la definición de los posibles delitos militares. Posteriormente, el expediente es derivado a la Fiscalía Militar (dependiente del MDN) para la determinación sobre la existencia de delito y la pena; y por último derivado al juez de Instancia para el dictado de condena y la disposición de pena, en caso de constatarse responsabilidad.