Argentina posee un litoral marítimo de más de 4.000 kilómetros de extensión que le brinda un aporte de aproximadamente el 1,5% del PBI y, ante la falta del equipamiento adecuado para su control, es depredado año a año por cientos de barcos que pescan de manera ilegal en sus aguas, provocando una pérdida económica que especialistas calculan en 2.000 millones de dólares.

Las tareas de vigilancia y disuasión de la actividad pesquera de este espacio soberano son llevadas a cabo por un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, a cargo de la Prefectura Naval Argentina (PNA), el Ministerio de Defensa, a cargo de la Armada Argentina (ARA), la Cancillería y la Subsecretaría de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para mencionar algunas. Estas Áreas coordinan patrullajes en forma geográfica y temporal desplegando unidades navales, apoyadas por medios aéreos para recorrer los límites de la ZEE.

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