La Justicia de El Salvador insta al Ejecutivo a no volver a intervenir militarmente el Congreso

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador advirtió al Ministerio de la Defensa Nacional y a la Policía Nacional Civil (PNC) no volver a intervenir el Congreso, como se hizo el pasado 9 de febrero a consecuencia de una convocatoria de ministros.

La Sala de lo Constitucional declaró como inconstitucional la convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa del 9 de febrero anterior, que pretendía que los diputados aprobaran un préstamo para el plan de seguridad gubernamental y derivó en una intervención militar y policial en el Salón Azul.

En ese sentido, los magistrados ordenaron al ministro de la Defensa Nacional y al director de la PNC que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados, pues tienen un deber que cumplir solo con las misiones que la Constitución les confía. Esta orden será extensiva a los cuerpos militares y policiales de El Salvador.

Plan de control territorial

La Sala declaró "inconstitucional" por vicios de contenido el punto cuatro del acuerdo emitido por el consejo de ministros mediante el cual se convocó a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria a las 3 p.m. del 9 de febrero para obtener una autorización para suscribir un préstamo que financiaría la fase III del Plan de Control Territorial del Ejecutivo, por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 109 millones de dólares.

En esa fecha, además, el presidente Nayib Bukele llamó a una manifestación de sus simpatizantes en contra de los diputados y a la insurrección, amparado en otro artículo constitucional. La manifestación se realizó en las afueras de la Asamblea Legislativa.

Los magistrados reiteraron a los titulares de Defensa y Policía que “desde la dimensión estatal hay una obligación total de no instrumentalizar a la Fuerza Armada o la Policía Nacional Civil para eventos que, en lugar de asegurar la paz ciudadana en su dimensión individual y colectiva, la alteren generando tensión, zozobra, temor e inseguridad por el uso indebido de las fuerzas que el Estado tiene para, en la justa dimensión del Estado de Derecho, asegurar la paz interna y externa”.

“El uso desnaturalizado de ambas instituciones es plenamente violatorio de la Constitución, a la vez que es delictivo para todos los que participen en dichas actividades en cualquier orden y nivel, inclusive la aquiescencia", agregaron los magistrados constitucionalistas en su resolución.