Amper negocia con varios fondos la entrada como accionistas en el capital
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Amper negocia con varios fondos la entrada como accionistas en el capital

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(Infodefensa.com) Madrid – Amper está negociando con varios fondos la entrada como acciones en el capital del Grupo  con el fin de finalizar con éxito su plan de reestructuración de deuda.

Esta reestructuración pasa por convencer a sus 23 bancos acreedores de la conveniencia de mover desde la matriz hasta las filiales latinoamericanas los 121 millones de deuda del grupo. Más del 80 por ciento del negocio proviene de Suramérica y resultaría más operativo pasar los compromisos financieros allí donde se genera el negocio, recoge El Confidencial.

En principio, el 95 por ciento de sus acreedores ven bien este movimiento, aunque lo consideran insuficiente. Quieren que Amper les presente un nuevo plan de negocio y que el primer accionista del grupo, Veremonte, inyecte todo el dinero que se comprometió a aportar el pasado mes de diciembre.

Este último punto ya está completado con la ampliación de capital que ha puesto en marcha la compañía esta semana. Enrique Bañuelos, propietario de Veremonte, inyectó en diciembre10 de los 15 millones que había previsto. Los otros cinco los desembolsó en julio, aunque debido a un problema con la conversión en acciones de la compra que había llevado a cabo Amper con su filial estadounidense, la ejecución ejecutiva se ha retrasado hasta ahora.

Estos movimientos han permitido a la compañía un stand still con los bancos hasta el 16 de diciembre para terminar de fijar el plan de negocio y la reestructuración, que pasa por dar entrada a nuevos accionistas

No obstante, un 5 por ciento de los acreedores no está de acuerdo con estas operaciones y, aunque su apoyo es irrelevante para seguir adelante con el plan de reestructuración, sí es necesario para levantar las garantías que la banca ha obligado a la compañía a poner hasta que logre finalizar con éxito la refinanciación.

Además de la entrada de nuevos accionistas, el plan de reestructuración busca conseguir una prórroga de entre dos y tres años y un agresivo plan de ajuste que se ha plasmado en un recorte del 35 por ciento de la plantilla, bajadas de sueldo de entre el 5 y el 20 por ciento, y la reducción a menos de la mitad de los gastos operativos en España.



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