La Corte mexicana invalida la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena
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La Corte mexicana invalida la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena

El ministro Luis María Aguilar aseguró que las autoridades de seguridad pública deben tener un carácter civil
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Tropas de la Guardia Nacional de México. Imagen JAQC
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) invalidó las reformas que transfieren el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el análisis de las impugnaciones formuladas por senadores, en contra del Decreto. Con ocho votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal constitucional mexicano se pronunció en contra de que la Sedena maneje la Guardia Nacional.

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”, establece el artículo 21 constitucional, por lo que estos elementos tendrán que regresar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, invalidando el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa Nacional.

El ministro Luis María Aguilar recordó que las autoridades de seguridad pública deben tener un carácter civil, por lo que mencionó que la formación y entrenamiento es lo que distingue a éstas de los militares.

“El entrenamiento y la formación que reciben los miembros de las fuerzas armadas por su propia naturaleza y funciones difieren del que requieren los cuerpos policiacos para realizar sus tareas en materia de seguridad pública, toda vez que la misión principal encomendada a las fuerzas armadas es la defensa de la soberanía e integridad de patria y defensa del Estado frente del enemigo”, dijo.

Las y los ministros que respaldaron el proyecto argumentaron que pasar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Sedena es contrario a la Constitución pues, de acuerdo con la Carta Magna, esa corporación de seguridad creada en 2019 debe tener un carácter civil, no militar.

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