El Consejo de Estado apunta a Defensa como responsable del accidente del Yak-42

El Consejo de Estado ha reconocido en un informe la responsabilidad del Ministerio de Defensa en el accidente del Yak-42 en Turquía que costó la vida a 62 militares que regresaban de Afganistán en mayo de 2003. El dictamen determina que la tragedia se podría haber evitado si los responsables del Ministerio de Defensa, dirigido por entonces por Federico Trillo, hubieran cumplido con su obligación de garantizar la seguridad de los vuelos de los militares.

El informe aprobado el pasado 20 de octubre, al que ha tenido acceso el diario El País, señala trece años después que “hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”.

De esta forma, el Consejo de Estado por unanimidad reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración en la tragedia, no obstante el máximo órgano consultor del Gobierno descarta nuevas indemnizaciones al considerar que las cantidades acordadas durante los últimos años son una reparación adecuada, en la medida de lo posible.

El órgano dirigido por José Manuel Romay Beccaría sustenta sus conclusiones en los hechos probados por los tribunales. A este respecto, recuerda que la Audiencia Nacional archivo la causa abierta contra varios altos cargos militares porque consideró que los hechos no eran constitutivos de delito, pero estima que la ausencia de responsabilidad penal no quiere decir que no hubiera ninguna responsabilidad.

El Consejo de Estado menciona en sus argumentos dos hechos claves que provocaron el accidente. Por un lado, coincide en que la causa fue el agotamiento y estrés de los pilotos con 22 horas de vuelo a las espaldas, así como su falta de formación para afrontar largos viajes.

Y por otro lado, afirma que el Estado tenía la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas de acuerdo con la legislación española. Cabe destacar que el ministerio argumentó tras el accidente que no tenía responsabilidad sobre las condiciones en que viajaban los soldados, ya que esto recaía sobre la agencia Namsa de la OTAN con la que se contrataron los vuelos. El contrato no establece “un total y completo traslado de responsabilidades”, señala al respecto el Consejo.

Foto: EFE