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Informe especial

La Fuerza Aérea Colombiana y el postergado fortalecimiento de sus fuegos aéreos


Especial FFAA de Colombia | Necesidades de la Fuerza Aérea Colombiana


29/06/2020 | El Carmen de Bolívar

Erich Saumeth

En los últimos años, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) ha venido insistiendo en la necesidad de fortalecer sus fuegos aéreos, que no es nada diferente a poder materializar una serie de 14 proyectos a través de los cuales iniciar la renovación de algunas de sus principales plataformas, así como para adquirir los medios para garantizar la defensa efectiva del espacio aéreo del país.

Para la FAC, el objetivo general es incrementar su capacidad aérea estratégica con el fin de garantizar la seguridad y la defensa de la nación, adquiriendo nuevos sistemas de acuerdo a una visión a siete años (2019-2025), resaltando el proyecto Fortalecimiento de las capacidades de fuegos aéreos para la seguridad y la defensa a nivel nacional, tasado en aproximadamente 21 millones de dólares.

Lista de necesidades

 

En este mismo sentido, la FAC proyecta la renovación y modernización del equipo aeronáutico por valores aproximados a los 11,3 millones de dólares, el fortalecimiento de las capacidades de mantenimiento para aeronaves y componentes por 15,5 millones de dólares, el refuerzo del mando y control por 1,3 millones, el incremeto de la inteligencia y contra-inteligencia por 810.000 dólares y el fortalecimiento de los servicios de navegación aérea por 540.000 dólares.

Además, la fuerza prevé la ampliación y modernización de los sistemas de combustibles por 810.000 dólares, el mejoramiento de las áreas de investigación, ciencia y tecnología por 270.000 dólares, el aumento de la infraestructura para soporte de operaciones aéreas porl 7,7 millones, la renovación de sus capacidades de movilidad terrestre y despliegue por 945.000 dólares y el incremento –y recuperación- de sus instalaciones de alojamiento por 810.000 dólares.

Finalmente, la Fuerza Aérea planifica el refuerzo de sus capacidades de seguridad por 1,3 millones de dólares, así como de sus sistemas de armas para la auto-protección y suministro de armamento aéreo por 7 millones y la adquisición de un sistema misilistico de corto-mediano alcance.

Con esta lista de proyectos, se pretende –en algún momento- poder actualizar y fortalecer las capacidades defensivas, de detección y supresión simultánea de amenazas aéreas, terrestres y navales, con un alto grado de precisión en un hipotético teatro de operaciones convencionales, así como para poder seguir combantiendo a grupos armados organizados (GAO) y ha organizaciones narco-terroristas reincidentes.

Sin embargo, y por razones en apariencia presupuestales, el Ministerio de Hacienda ha bloqueando repetidamente –desde el segundo semestre de 2019- los desembolsos programados para el inicio de la mayoría de estos proyectos, no habiendo ninguna seguridad en cuanto a que estos se hagan efectivos en futuras vigencias fiscales.

A pesar de ello, la FAC continúa las conversaciones con posibles proveedores en el objetivo de determinar y sustentar de manera clara y concisa los medios y equipos que se necesitarían para, por ejemplo, dotar a su Sistema Integral de Defensa Aérea (Sisdan) de por lo menos una batería de misiles de corto/mediano alcance, dado que en la práctica la especialidad de defensa antiaérea y antimisil no cuenta con ningún sistema de armas para el cumplimiento de su misión.

Reiteradas negativas

 

De hecho, en 2019, la FAC presentó un proyecto denominado Adquisición de baterías antiaéreas de mediano alcance (dentro del plan de fortalecimiento de las capacidades de fuegos aéreos), habiéndole sido aprobada una partida para el inicio del proceso de adquisición (aproximadamente 14,7 millones de dólares), que luego aparecería inexplicablemente bloqueada según lo que en su momento reportó el Sistema de Información Financiera (SIF).

La ya no sorpresiva, pero sí reiterativa, negativa del Gobierno colombiano a financiar la compra de una batería de misiles antiaéreos choca con las aproximadamente 20 violaciones al espacio aéreo nacional por parte de aeronaves de la Aviación Militar (AMBV), el Ejército y la Guardia Nacional Venezolana en los últimos 25 años, motivadas todas en la inexistencia de ese sistema misilístico que permita disuadir y negar el espacio aéreo nacional a aeronaves que pretendan entrar sin autorización en él.

Lo anterior ha dejado a la defensa aérea de la nación casi exclusivamente bajo la responsabilidad de las aeronaves de caza de la FAC, que ya se encuentran en su último lustro de servicio operativo, sumando con ello una necesidad más de renovación de sistemas y equipos, que no solo cierren el espacio aéreo a trazas ilegales de vuelos originados en el tráfico de narcóticos, sino que además le permitan a esta fuerza cumplir con su rol y misión constitucional.

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