Un crédito extraordinario recurrido ante el Tribunal Constitucional
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Un crédito extraordinario recurrido ante el Tribunal Constitucional

Avión de trasporte militar A400m. Foto: Airbus
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(Infodefensa.com) N.F., Madrid – El Gobierno ha optado, un año más, por autorizar un crédito extraordinario para atender al pago de obligaciones correspondientes a los llamados Programas Especiales de Armamento (PEAs).

En este ocasión, el crédito es de 883,6 millones y fue aprobado por el Consejo de Ministros del 1 de agosto como parte de un Real Decreto Ley por el que se aprobaba una inversión de 1.318,4 millones de euros “en diverso equipamiento y operativa de las Fuerzas Armas españolas”.

Para la oposición –PSOE y UPyD fundamentalmente–, estos decretos son “un mecanismo para adoptar medidas extraordinarias y no para gastos que el Gobierno ya tiene previstos”, por lo que constituyen “una vulneración flagrante de la Constitución”.

En esta línea, el 31 de octubre, el Grupo Socialista, junto con UPyD e Izquierda Plural, decidió recurrir el citado Real Decreto ante el Tribunal Constitucional. El portavoz socialista Diego López Garrido señaló entonces que “estos gastos de armamento, que suponen miles de millones de euros, deben ser objeto de debate parlamentario y aprobación en el Parlamento”.

“El gobierno no está para legislar, el que legisla es el Parlamento, pero el PP ha cambiado esos papeles y ha convertido al gobierno en legislador y eso es inaceptable, y más cuando están en juego miles de millones de euros que al final van a pagar los españoles”, añadió el diputado.

Días después, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, indicó durante su intervención en unas jornadas de la Fundación Círculo, que el Ministerio de Defensa está “convencido de la constitucionalidad” de las medidas adoptadas para el pago de los PEAs, y que el crédito aprobado por el Gobierno es una medida “beneficiosa para el Estado, las Fuerzas Armadas y la industria”. Sobre el recurso, señaló que “introduce un factor de inestabilidad e incertidumbre para años venideros, que es justo lo que hay que evitar”.

También la Asociación TEDAE manifestó su preocupación por “las consecuencias financieras”, tanto nacionales como internacionales, que puede acarrear el recurso contra la normativa que atiende el pago de los PEAs “en un sector que contribuye con el 0,5% de PIB y genera 20.000 puestos de trabajo directos”.

Añadían que la “inquietud existente” ante la impugnación de la citada normativa obedece a que “podría quedar en el aire la alternativa para el pago de unos productos que ya se han entregado”, afirmaban desde TEDAE.



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