​La encrucijada de la Defensa en España

España ha sabido afianzarse como una democracia occidental avanzada en el contexto internacional. Ser miembro de la UE y de la OTAN nos han permitido asentar determinados cimientos jurídicos, económicos, sociales y defensivos, permitiéndonos consolidar nuestra prosperidad, bienestar, seguridad y libertad, todo lo cual dábamos por supuesto hasta que ha quedado recientemente de manifiesto, incluso ante los más escépticos, que la geopolítica puede estar, aún en el siglo XXI, al albur de la voluntad de dirigentes de regímenes autocráticos carentes de contrapesos internos y en algún caso de escrúpulos; capaces por lo tanto de violar los acuerdos internacionales en función de sus intereses, que incluso pueden no ser coincidentes con los de su propio país (aunque eso es inherente al poder y pasa hasta en las mejores familias).

En esas circunstancias, es obligación de los gobernantes occidentales asegurar la defensa de los intereses nacionales ante cualquier eventualidad que atente contra ellos, sea de forma sutil o más fragrante. A esa conclusión llegaron los propios aliados, quienes se comprometieron en el seno de la OTAN (Cardiff 2014) a destinar un mínimo del 2% del PIB a Defensa en el plazo de diez años. En países como el nuestro, ese compromiso nunca se ha tenido en cuenta, hasta la reciente cumbre de Madrid.

Lo cierto es que ante la férrea voluntad de un dirigente no sujeto al libre escrutinio periódico de los ciudadanos, una verdadera democracia muestra la acuciante necesidad de disponer de una capacidad de disuasión y de respuesta adecuada. Para ello, en el caso de España, es imprescindible aprobar una ley de financiación de la defensa a muy largo plazo que evite tanto el debate anual a este respecto a la hora de elaborar los presupuestos, como la incertidumbre en los grandes programas de desarrollo, industrialización y suministro de los sistemas básicos de las Fuerzas Armadas. Parece condición sine qua non hacerlo con un abrumador pacto parlamentario, algo sin embargo complicado toda vez que el “largo plazo” en el ámbito de la política nacional suele consistir en una legislatura. Además, la sostenibilidad de un esfuerzo semejante (casi generacional), por muchos réditos que nos proporcione en términos de empleo cualificado, desarrollo tecnológico, balanza de pagos (exportaciones), cohesión social y seguridad nacional, requiere tanto una contención del gasto prescindible (siempre difícil de embridar ante un horizonte electoral), como un esfuerzo pedagógico a la sociedad, al que ya llegamos tarde.

Tener que duplicar el presupuesto de Defensa, hacerlo con un amplísimo consenso parlamentario para poder consolidarlo por varias décadas, siendo la española una sociedad reacia a todo gasto militar, es toda una encrucijada. Y es que el problema fundamental de la Política de Defensa en España consiste en la mentalidad “buenista” que tenemos los españoles, ajenos a la realidad del mundo exterior en virtud de nuestra escasa cultura de defensa y de nuestra excesiva receptividad a la demagogia que nos acompañó desde la cuna (por ejemplo, aquel mantra de que, con lo que cuesta un “tanque”, se podría construir un nuevo colegio), o que nos hizo gritar a todo pulmón “no a la guerra”, como si quienes se preparan para luchar en nuestra defensa en caso extremo estuviesen deseando que la hubiera.

La lógica del sentido común ha de imperar en época de paz, pero no es de aplicación, sin embargo, en los casos de grave crisis o de conflicto, en los que solo una lógica paradójica (tan bien ejemplificada por el si vis pacem, para bellum, “si quieres la paz, prepárate para la guerra”, de Flavio Vegecio Renato) puede guiar las decisiones del vértice estratégico en pos de la disuasión a nuestros enemigos exteriores que, ciertamente, los tenemos. Solo esa particular lógica estratégica es capaz de procurarnos la paz, siempre y cuando tengamos los medios y la preparación suficientes.

Pero tras un largo periodo de desidia durante el que la inversión en defensa siempre fue una primera opción a la hora de hacer recortes, lo cierto que es que estamos lejos del mínimo aconsejable. Quizá por ello es evidente el poco respeto con el que nos tratan determinados vecinos, que llegan a expandir sus aguas territoriales o su ZEE a nuestra costa, internándose así en una zona gris que a veces no combatimos por no tener ni los recursos ni la voluntad para hacerlo, maniatados como están quienes tienen la última palabra debido a ese problema fundamental que les impide servirnos como deben.

En ese contexto es imperativo impulsar la difusión de la Cultura de Defensa en la sociedad, si bien se tardará mucho tiempo, aun teniendo éxito, hasta que sean los ciudadanos quienes exijan a sus representantes públicos que cumplan con diligencia su obligación de protegerles. Mientras, solo la determinación estratégica del gobernante (y su valor y generosidad para poner los intereses generales por delante de los suyos o al menos su inteligencia para compatibilizarlos) puede sacudirse el miedo a tomar decisiones que sabe que chocarán con la demagogia al uso.

Desde el Clúster de la Industria de Defensa apoyaremos ese esfuerzo con denuedo, en la medida de nuestras posibilidades. Animamos, además, a otras asociaciones del sector, a hacer lo propio de forma coordinada y perentoria. Porque la Defensa de España está en una encrucijada.