La OTAN se cita en La Haya en una cumbre marcada por Trump, la presión presupuestaria y una España díscola

La ciudad de La Haya acoge hoy y mañana la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países miembros de la OTAN, un acontecimiento programado desde la cita anterior en Vilna y que se celebra en el World Forum de la capital política neerlandesa. 

A pesar de que la mayoría de las últimas cumbres de la Alianza Atlántica se han definido como históricas, es cierto que en este caso puede hacer honor realmente al calificativo: será la primera liderada por el nuevo secretario general, Mark Rutte, y servirá de antesala a los actos conmemorativos del 75.º aniversario de la Alianza previstos para el mes de julio en Washington. 

Además de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, Australia, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda acuden como invitados, pues tienen un papel importante en la estratégica región del Indopacífico. Sin embargo, y aunque estaba prevista la asistencia de sus máximos dirigentes, el primer ministro australiano Anthony Albanese ha anunciado que no acudirá e irá en su lugar el ministro de Defensa, Richard Marles.

La relación de Defensa entre Estados Unidos y Australia se ha ido enfirando poco a poco, sobre todo después de que se supiesen que Washington tiene previsto revisar el pacto de seguridad Aukus, por que el Camberra tiene previsto adquirir submarinos nucleares de tecnología estadounidense. Otro punto de tensión han sido las recientes declaraciones de Albanese en las que advirtió que su Gobierno tomará sus propias decisiones con respecto al aumento de la inversión en defensa, después de que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, pidiera al país austral subir su gasto al 3,5% del PIB.

El presidente de Corea de Sur, Lee Jae-myung, y el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, también han anunciado que no acudirán a La Haya ante la situación en Oriente Medio, por lo que Nueva Zelanda, será el único país invitado representado por su primer ministro, Christopher Luxon.​

La cumbre gira en torno a dos ejes principales: por un lado, el rumbo estratégico y presupuestario que deben adoptar los países miembros para responder a la amenaza que representa Rusia y a la creciente presión de Estados Unidos, de la mano de un Donald Trump que amenaza con cortar el grifo presupuestario, para que Europa contribuya más al esfuerzo común en materia de defensa; por otro, la propia seguridad, física y digital, en La Haya.

La Cumbre, en datos

Países Bajos ha desplegado un operativo de seguridad sin precedentes para un evento de estas características en su territorio. Un total de 27.000 policías y 10.000 soldados vigilan el perímetro de La Haya, el aeropuerto internacional de Schiphol y los principales accesos al recinto de la cumbre. 

Las autoridades holandesas no descartan intentos de sabotaje cibernético o campañas de desinformación, y han advertido que los servicios de seguridad están preparados para intervenir de inmediato en caso de que se produzca cualquier incidente. Por ello, desde mediados del presente mes de junio se han aplicado zonas de alto riesgo con facultades extraordinarias de control, restricciones del espacio aéreo y marítimo, cortes de tráfico, limitaciones del transporte público y controles de acceso en los hoteles donde se hospedan las delegaciones internacionales. 

Todo ello ha sido coordinado con el fin de garantizar tanto la seguridad de los líderes asistentes como la de los ciudadanos. Aunque se permitirán protestas y concentraciones, estas serán reubicadas en espacios seguros y alejados del World Forum. 

En total, se estima que unas 8.500 personas participarán en la cumbre, incluidos más de 6.000 delegados, con un coste económico para el país anfitrión que podría acercarse a los 95 millones de euros.

Contenido político

En cuanto al contenido político de la cumbre, los aliados llegan con un acuerdo preliminar en torno a una nueva meta de gasto en defensa que a punto ha estado España de echar por tierra.

La propuesta más ambiciosa impulsada inicialmente por Estados Unidos planteaba elevar el objetivo actual del 2% del PIB al 5%, con un 3,5% dedicado exclusivamente a gasto militar y otro 1,5% para capacidades duales como infraestructuras estratégicas o ciberdefensa. Tras meses de negociación, los jefes de Estado y de Gobierno han acordado incluir esa cifra en la declaración final como una orientación estratégica para 2035, aunque con fórmulas flexibles que permitan interpretaciones soberanas, obligados por el desmarque de Pedro Sánchez a ratificar el 5% de porcentaje. 

De este modo, se ha sustituido el compromiso vinculante por una redacción más abierta, en la que se señala que “los aliados se comprometen” a avanzar hacia ese objetivo, sin imponer su cumplimiento inmediato. Con ello, se busca preservar la unidad dentro de la Alianza sin forzar a los países con menor margen fiscal a realizar aumentos presupuestarios abruptos.

Países favorables al aumento

Algunos países, como Polonia, ya destinan más del 4,5% de su PIB a defensa, y otros como Países Bajos, Reino Unido o Italia han mostrado disposición a acercarse a la nueva meta. En estos casos, el aumento del gasto se enmarca en una visión de disuasión clara ante una Rusia que ha reforzado su estructura militar, modernizado su arsenal estratégico y demostrado estar dispuesta a emplear la fuerza para alterar las fronteras europeas. En cambio, otros Estados miembros mantienen una posición más prudente. 

Es el caso de España, cuya delegación, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha trabajado para obtener una excepción que permita cumplir con los objetivos de capacidades militares sin tener que elevar el gasto más allá del 2,1% del PIB, que es el techo previsto en el plan nacional español hasta 2035.

Desde el Gobierno se argumenta que España ya ha incrementado de forma sostenida su presupuesto de defensa desde 2018 y que alcanzará el 2% del PIB en 2025. A partir de ahí, se mantendrá un crecimiento moderado hasta alcanzar un 2,1% que permitirá modernizar las Fuerzas Armadas, cumplir con los compromisos adquiridos en el seno de la OTAN y al mismo tiempo preservar el modelo de Estado del Bienestar. 

Tanto Sánchez como Albares han defendido esta posición en Bruselas y La Haya, subrayando que un aumento al 5% sería desproporcionado y afectaría a otras partidas esenciales como las pensiones, la sanidad o la educación. A su juicio, el gasto en defensa debe ser coherente con las posibilidades económicas del país y, sobre todo, debe traducirse en capacidades reales que refuercen la seguridad colectiva.

2.500 soldados españoles en el flanco oriental

Este enfoque también ha sido respaldado con hechos sobre el terreno. España mantiene actualmente desplegados más de 2.500 militares en misiones de disuasión en el flanco oriental de la OTAN, participa activamente en la defensa del espacio aéreo báltico, colabora en la seguridad del mar Negro y contribuye a operaciones cibernéticas y de inteligencia. Además, lidera varios proyectos europeos de capacidades conjuntas, como el futuro sistema de combate aéreo FCAS o el desarrollo del Eurodrone, y participa en iniciativas de cooperación estructurada permanente en el marco de la defensa europea. Por tanto, la posición española no se basa en una negativa a invertir, sino en una defensa del principio de eficiencia y proporcionalidad, evitando duplicidades y priorizando la obtención de resultados operativos.

Sin embargo, este planteamiento también ha generado fricciones, especialmente con Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha criticado abiertamente a los países que, como España, aún no alcanzan el 2% del PIB en gasto militar. Durante su primer mandato acusó a los aliados europeos de aprovecharse del paraguas de seguridad estadounidense sin contribuir en la misma medida, y ya entonces planteó que los países que no cumplieran con los objetivos acordados podrían quedar al margen de la protección del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. 

En cualquier caso, también Bélgica se ha desmarcado de los nuevos porcentajes y, así, su ministro de Exteriores, Maxime Prévot, afirmó este lunes, en una entrevista en la cadena pública francófona RTBF, que su país no podrá cumplir con un gasto militar puro del 3,5 % del PIB “ni a corto ni a medio plazo” por su situación económica y por alta deuda que tiene y que acudirá a esta cumbre "con peticiones de máxima flexibilidad" en relación con el nuevo objetivo general de inversión en defensa.

Equilibrio precario 

En este contexto, la OTAN llega a la cumbre de La Haya con un equilibrio precario entre unidad política, solidaridad militar y diversidad económica. La prioridad compartida sigue siendo la contención de Rusia, pero en paralelo emergen otros desafíos globales, como la competencia estratégica con China, las amenazas híbridas, el terrorismo, la inestabilidad en el Sahel o la crisis en Oriente Medio. La Alianza debe adaptarse a este entorno multidimensional sin fracturarse internamente, lo que exige acuerdos pragmáticos como el alcanzado sobre el gasto.

La cumbre servirá también para reforzar otros compromisos. Se espera que los jefes de Estado y de Gobierno ratifiquen la hoja de ruta hacia 2035, revisable en 2029, con el objetivo de consolidar capacidades comunes, impulsar una defensa europea más cohesionada y acelerar la cooperación industrial en áreas clave como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o los sistemas autónomos. Además, se prevé una renovación de los planes de contingencia de la Alianza, con un enfoque más robusto en el norte y el este de Europa, así como un refuerzo de los mandos estructurales de la OTAN y una nueva estrategia para garantizar el flujo logístico de tropas y suministros en caso de crisis.

Los retos que se abren tras la cumbre son numerosos. El primero consiste en garantizar que el nuevo objetivo del 5% no se convierta en una fuente de división dentro de la Alianza, sino en una meta flexible que permita a cada Estado avanzar a su propio ritmo sin quedar rezagado. Será fundamental que todos los países miembros elaboren planes nacionales realistas y coordinados, que permitan alcanzar las capacidades requeridas de forma complementaria. 

El segundo gran reto reside en consolidar la industria europea de defensa, de forma que los esfuerzos presupuestarios se traduzcan en autonomía tecnológica, resiliencia estratégica y competitividad frente a actores globales. Esto exige acelerar proyectos conjuntos, reducir la fragmentación del mercado y fomentar las inversiones cruzadas entre países. 

Un tercer desafío será reforzar la estructura de mando y control de la OTAN para asegurar la capacidad de respuesta rápida en todos los escenarios posibles, desde el Ártico hasta el Mediterráneo. La interoperabilidad, la movilidad militar y la ciberdefensa deben ser pilares centrales. 

Un elemento central en los debates de La Haya será la reafirmación del carácter defensivo de la OTAN. Según los principios establecidos por la Alianza, su objetivo no es llevar a cabo una estrategia de expansión militar, sino proteger la libertad y seguridad del conjunto de sus miembros ante cualquier amenaza, ya sea convencional, cibernética o híbrida. Este enfoque de “disuasión y defensa” implica mantener fuerzas creíbles y listas para su despliegue inmediato, y al mismo tiempo impulsar la resiliencia de las sociedades civiles ante posibles ataques informáticos, sabotajes o campañas de desinformación. El nuevo Concepto Estratégico aprobado en Madrid en 2022 subraya que la disuasión “requiere tanto capacidades militares robustas como la protección frente a amenazas no militares”, y La Haya será el marco donde se concrete cómo combinar ambos elementos de forma equilibrada.

Por último, los líderes deberán mostrar determinación política para mantener el compromiso con Ucrania y responder con unidad a cualquier intento de desestabilización, tanto en el ámbito convencional como en el digital o el informativo.