Vivimos tiempos complejos. Las tensiones internacionales crecen, los conflictos se multiplican y Europa, una vez más, se ve obligada a reforzar sus defensas. España no es ajena a ese desafío. Pero frente a quienes plantean respuestas simplistas basadas en el aumento indiscriminado del gasto militar, desde el Partido Socialista apostamos por una visión más sensata: invertir con inteligencia, fortalecer nuestra industria y garantizar la seguridad sin poner en riesgo los logros sociales que tanto nos ha costado conquistar.
El reciente acuerdo alcanzado con la OTAN marca un antes y un después. No solo cumple con nuestras obligaciones como país aliado, sino que lo hace de forma equilibrada y sostenible: alcanzar un 2,1 % del PIB en inversión en seguridad y defensa antes de 2029, lo que sitúa a España al nivel del compromiso general asumido por los países de la Alianza Atlántica.
Este dato no es resultado de la casualidad, si no que ha sido calculado y estimado por las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa como el nivel óptimo para mantener nuestras capacidades militares, adaptarnos a nuevas amenazas y sostener una industria propia. En 2025, el gasto total previsto en defensa alcanza los 33.123 millones de euros, lo que supone un aumento de más del 60 % con respecto al presupuesto de 2023, cuando apenas superaba los 20.000 millones.
Este aumento es un esfuerzo significativo, pero asumible, que no compromete nuestro Estado del Bienestar ni implica más impuestos para la ciudadanía. Se financia en gran parte con remanentes del plan de recuperación europeo, créditos no ejecutados de años anteriores y los buenos resultados económicos de 2024, que permitieron cerrar el año con un crecimiento del PIB del 2,5 %. Es, en esencia, una decisión basada en la responsabilidad fiscal y la visión estratégica, pero, sobre todo, en la defensa del Estado del Bienestar.
Considero importante poner el foco en un aspecto fundamental de este acuerdo: el impulso a nuestra industria de defensa nacional. El Gobierno de España entiende que la seguridad no se limita únicamente al ámbito militar. También se construye desde los centros de innovación, las fábricas, las universidades y las empresas que desarrollan tecnología puntera. Actualmente, la industria de defensa y aeroespacial española emplea directamente a más de 23.000 personas y genera más de 60.000 empleos indirectos, con un peso destacado de las PYMEs y una inversión creciente en I+D+i.
La seguridad no se limita al ámbito militar: también se construye desde los centros de innovación, las fábricas, las universidades y las empresas que desarrollan tecnología puntera
Quien piense que "los enemigos de Europa" usan solo misiles y tanques está equivocados. Hoy en día, también recurren a los drones no tripulados, el sabotaje de las cadenas de suministros y las infraestructuras, la desinformación a través de las redes sociales y los ciberataques. Por ello, el plan industrial y tecnológico aprobado en abril de 2025 destina 3.260 millones de euros a reforzar la ciberseguridad, las comunicaciones cifradas, el desarrollo de satélites, inteligencia artificial y computación cuántica. En total, más del 31 % del plan se dirige a la innovación tecnológica avanzada.
Es por ello que fortalecer la base industrial española es clave para nuestra autonomía estratégica y para la creación de empleo cualificado. Se estima que el plan generará más de 36.000 empleos directos y 60.000 indirectos, consolidando a España como un actor relevante en la industria europea de defensa.
Frente a las voces que reclaman un gasto del 5 % del PIB en defensa, debemos ser claros: esa cifra es desproporcionada e insostenible para un país como el nuestro. Pasar del 2 % al 5 % de aquí al año 2035 exigiría gastar unos 350.000 millones de euros adicionales, que solo podrían conseguirse a base de subirle los impuestos unos 3.000 euros anuales a cada trabajador y trabajadora.
Pasar del 2 % al 5 % de aquí al año 2035 exigiría subirle los impuestos unos 3.000 euros anuales a cada trabajador y trabajadora
No solo sería un error económico, también implicaría recortes inaceptables en servicios públicos fundamentales y retrocesos en derechos sociales. En lugar de gastar más, apostamos por gastar mejor: por priorizar la eficiencia, la cooperación europea, la compra conjunta y el desarrollo de capacidades propias.
En este escenario internacional tan incierto, España mantiene su vocación europeísta, su compromiso con el multilateralismo y su defensa de la paz. Pero la paz no se defiende sola: necesita medios, necesita preparación y, sobre todo, necesita autonomía. No podemos seguir dependiendo de la industria de otros países para garantizar nuestra seguridad. Por eso, el plan industrial y tecnológico de defensa es una pieza clave de nuestra estrategia: porque refuerza nuestra soberanía, dinamiza nuestra economía y protege nuestro futuro.
Lo esencial es aumentar la interoperabilidad de nuestras Fuerzas Armadas. Lo fundamental es establecer mecanismos de compra común, desarrollar una industria de la defensa propia y crear, de una vez por todas, al menos a juicio del Gobierno de España, el Ejército Común Europeo, como motor de integración y eficacia militar en el seno de la Unión Europea.
Este acuerdo demuestra que es posible avanzar en defensa sin retroceder en derechos. Que se puede ser un socio firme en la OTAN sin abandonar una agenda progresista. Y que la mejor forma de prepararnos para los desafíos globales es desde la innovación, la industria nacional y la cohesión social.
En definitiva, estamos ante un nuevo modelo de defensa: uno que pone a las personas, el conocimiento y la industria en el centro. Un modelo que refuerza nuestra posición internacional sin renunciar a nuestros valores. Y, sobre todo, un modelo que demuestra que la seguridad y el bienestar no solo son compatibles, sino que deben ir siempre de la mano.