La Audiencia avala por segunda vez el ERE de Santa Bárbara

La Audiencia Nacional ha avalado por segunda vez la validez del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que realizó Santa Bárbara Sistemas en 2013 y que afectó a unos 600 trabajadores y supuso el cierre de sus operaciones en la fábrica de La Coruña bajo el razonamiento de que necesitaba ajustarse a la caída de la demanda y asegurar así su futuro.

Según el fallo, que confirma lo expresado en su primera resolución y vuelve a dar la razón a la empresa, el ERE es "ajustado a derecho" y desestima las alegaciones de los sindicatos UGT, CCOO y otros que lo había recurrido por estimar que era ilegal.

La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso Infodefensa.com, considera que en el caso presentado por la compañía, fiaial del grupo europeo de General Dynamics, los despidos son razonables y sí concurrían las causas económicas, productivas y organizativas que los justificaron y que argumentó en su momento la multinacional.

El presidente del Comité de Empresa, Esteban Elorza, declaró a la prensa asturiana que recurrirán el fallo al Tribunal Supremo. “Vamos a luchar hasta la última hora, eso lo tenemos muy claro”, agregó el representante sindical. En el mismo sentido se había expresado el expresidente del Comité de Empresa de la fábrica de La Coruña, Roberto Teijido, ahora adjudicada a la empresa Hércules de Armamento.

Único objetivo: el futuro de la compañía

Fuentes de la dirección de la empresa Santa Bárbara han indicado que la dirección de la empresa ha tenido conocimiento de la nueva decisión de la Audiencia Nacional respecto al expediente de regulación de empleo que "confirma su primer criterio, en el sentido de que es ajustado a derecho".

Para la multinacional, esa nueva sentencia de la Audiencia Nacional "implica un segundo refrendo de que la decisión de reestructuración se ajusta a derecho y conforma la validez de las razones que apoyaban al ERE, así como la validez de las medidas que se tomaron en su momento".

La dirección de Santa Bárbara considera que esta segunda sentencia, que va en el mismo sentido que la primera de la Audiencia Nacional, "abre una nueva oportunidad para centrar nuestras energías y esfuerzos en seguir apoyando nuestro productos, haciéndolos más competitivos".

"Nuestro único objetivo y determinación, como siempre, es hacer frente al presente y futuro de la compañía, con garantías de éxito y vocación de crecimiento", han agregado desde la empresa.

Ajustado a derecho

En enero pasado, el Tribunal Supremo anuló una primera sentencia de la Audiencia Nacional que había dado la razón a la compañía y ordenó que revisara el fallo teniendo en cuenta "las alegaciones y pruebas ya articuladas y practicadas por CCOO y UGT", lo que aumentó la esperanza de algunos de que pudiera ser desestimado.

Los sindicatos, en su momento, impugnaron el despido colectivo pretendiendo que se declarara nulo o, subsidariamente, no ajustado a derecho, pero en esta segunda ocasión la Audiencia Nacional ha vuelto a desestimar la excepción de falta de legitimación para ser parte de "quienes no son demandantes ni demandados, llamados al proceso en calidad de interesados".

Asimismo, se niega el incumplimiento significativo de requisitos formales. Además, reconoce que "no debe concluirse unilateralmente el período de consultas antes del transcurso íntegro del plazo", pero afirma que "en este caso ello no es lo suficientemente significativo como para anular el despido".

Ha agregado que "la finalidad del período de consultas ya se había cumplido hasta donde las partes estuvieron dispuestas, dado que no era remotamente previsible que acercaran posiciones absolutamente enfrentadas en el último día, cuando ni siquiera habían acordado celebrar reunión".

Asimismo, la Audiencia Nacional insiste en que en este ERE "concurren causa económica, productiva y organizativa, con pérdidas actuales, contracción de la demanda, subactividad y distribución ineficiente de la plantilla".

Un proceso que se remonta a 2013

Santa Bárbara Sistemas inició en febrero de 2013 un procedimiento de despido colectivo en sus centros de trabajo de Trubia (Asturias), Coruña, Granada, Sevilla y Madrid tras celebrar un período de consultas con el Comité de Empresa intercentros sin que se llegara a un acuerdo.

Al final de ese periodo -recuerda el Supremo- la empresa comunicó que iba a proceder a 600 extinciones en sus distintos centros que, según hechos probados, se tradujo finalmente en 593 despidos, de los cuales 459 fueron de adscripción voluntaria.