El sector de defensa y seguridad centroamericano, debilitado tras el impacto del Covid-19
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El sector de defensa y seguridad centroamericano, debilitado tras el impacto del Covid-19

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Puede preverse que los sectores de defensa y seguridad de la región centroamericana quedarán debilitados después del impacto del Covid-19. Esto porque la “nueva normalidad” será continuar destinando mucho más presupuesto a los sistemas de salud e investigación médica; ya en El Salvador, recientemente, se recortó presupuestos de los Ministerios de Seguridad Pública y Defensa Nacional, para reforzar al de Salud Pública.

De hecho, Panamá intentó invertir en equipo y munición antidisturbios, en prevención a posibles explosiones sociales de protestas por la emergencia del Covid-19, ya sea por la falta de recursos de la población que no está trabajando, por hambruna, etc., pero rápidamente hubo presión ciudadana para que el Ministerio de Seguridad de Panamá desistiera de la compra y se reorientara esos recursos a la crisis por la pandemia.

Obviamente es lógico que se priorice fondos para la emergencia de salud que ha impactado tan fuerte en esta zona, donde lo que menos abundan son los recursos económicos y los rubros de seguridad y defensa siempre han luchado por mejores presupuestos, aún en condiciones relativamente normales sin pandemia, pero con la necesidad de mejores recursos para enfrentar y combatir las amenazas del narcotráfico, violencia social, delincuencia común y crimen organizado.

De hecho, ya pasó un fenómeno parecido hace aproximadamente una década, cuando la crisis financiera mundial de 2008 y 2009 impactó las economías centroamericanas, precisamente, en un momento que se tendía a mejorar los presupuestos de seguridad y defensa.

Así lo estableció un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de octubre de 2011, denominado Gasto público en seguridad y defensa en Centroamérica.

La Cepal dijo en ese momento que el gasto dirigido a seguridad, justicia y defensa había aumentado entre 2006 y 2010 de forma acumulada en términos generales, pero que el efecto de la crisis financiera mundial había impactado a la mayoría de países centroamericanos e incidido en deficiencias de recursos para atender las necesidades en defensa y seguridad de dichas naciones, aún cuando los problemas de violencia y seguridad habían aumentado en ese momento.

Y es que aunque las cuarentenas domiciliares provocaron ciertas reducciones de violencia, homicidios y otros delitos por el obvio encierro en la región, desde mediados de marzo pasado (cuando comenzaron los claustros), tampoco quiere decir que estos problemas hayan desaparecido por completo de la realidad centroamericana.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un informe en el que advirtió que a pesar de la llegada del coronavirus a América Central, esto no ha sido un factor que genere una disminución de la violencia y los homicidios en esta región del mundo.

El informe detalló que de marzo a mediados de abril de 2020 los niveles de homicidio se mantuvieron estables en Honduras o México y disminuyeron ligeramente en Guatemala.

"Aunque las medidas de confinamiento a nivel mundial provocadas por el coronavirus han logrado interrumpir las rutas del narcotráfico, no han tenido mucha repercusión en el número de muertes causadas por la delincuencia organizada y la violencia de las pandillas. En cambio, sí se produjo una fuerte reducción de las muertes violentas en los países que ya tienen unos índices menores", explicó esta área de Naciones Unidas.

Así, puede intuirse que al abrirse las puertas del confinamiento (que se prevé para finales de agosto o inicios de septiembre) no existe ninguna esperanza concreta de que los índices delincuenciales se mantengan bajos, sino que vuelvan a su estándar o incluso aumenten de los promedios del primer bimestre de este año, antes de las cuarentenas domiciliares que comenzaron en marzo, de forma general, en toda América Central.

Aparte de que es muy posible de que los presupuestos de seguridad y defensa para 2021, que comienzan a calcularse en agosto próximo, sean menores a los solicitados el año pasado para este 2020, pues la salud pública seguirá siendo la prioridad para los gobiernos centroamericanos.



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