El relevo en la presidencia de Indra y en la división militar de Airbus DS coincide con la presentación de un informe de PWC sobre el sector de la industria aeroespacial y de defensa en España. O viceversa, como ustedes prefieran. En cualquier caso la industria de defensa en España ha sido protagonista durante la semana pasada.
Un sector que en la última década se ha movido en un escenario marcado por las restricciones de inversión en el interior y por el desplazamiento del centro de gravedad hacia la internacionalización. Este escenario ha venido, además, marcado en el ámbito europeo por un proceso, lento pero imparable, de mayor integración.
Estos factores han abierto el debate sobre la posibilidad de profundizar en procesos de concentración de compañías, lo que, evidentemente, obliga a renuncias a la soberanía nacional. En España la discusión sobre el modelo industrial ha llevado a plantear dos alternativas: el de campeón nacional o el de especialistas verticales. Aparentemente, desde instancias oficiales se ha apoyado el primero, mientras que una parte del sector se inclina, como hace el informe de PWC, sobre el segundo.
No parece prudente establecer posturas predeterminadas “a priori” sin analizar en detalle qué modelo es posible para España partiendo del potencial real que tenemos y cuál es nuestra posición en Europa y en el mundo. La visión a largo plazo será esencial conjugando la planificación estratégica de las necesidades de la Defensa Nacional con las posibilidades de nuestra industria.
Un modelo que deberá tener en cuenta las posibilidades de internacionalización sobre la base de buenas tecnologías, precios competitivos y flexibilidad para aportar valor al conjunto de la cadena de producción y suministro. Lo que implicará sin duda renuncias a la soberanía pero, al mismo tiempo, una mayor capacidad para poder liderar segmentos concretos, no solo en la producción de grandes sistemas sino en servicios de apoyo a ciclo de vida de los grandes programas. Una diferenciación no tanto basada en el producto como en tecnologías concretas, procesos y servicios, que aprovechen nuestra capacidad de innovar.
El papel del sector público como regulador, supervisor y cliente es esencial. Se reclaman esfuerzos inversores suficientes, y políticas específicas con visión a largo plazo que proporcionen estabilidad jurídica. Todo ello implica imbricar a la defensa en la política industrial nacional y aprovechar las oportunidades internacionales. Las críticas al escaso aprovechamiento de fondos europeos, publicadas igualmente a finales de la semana pasada, pueden dar una indicación de las posibilidades que podemos estar desaprovechando.
Porque el apoyo al desarrollo industrial no requiere tan solo inversiones o respaldo más o menos efectivo en el exterior, sino que es preciso actuar en la gestión siendo más activos e imaginativos y estableciendo una regulación más práctica que facilite la actuación empresarial. No se precisa solo apoyo institucional en el exterior sino también un esfuerzo en desarrollo de normativa y en coordinación institucional.
Visión a largo plazo, capacidad de aportar valor en tecnología, procesos y servicios, y apoyo en regulación por parte del sector público son factores que se han anunciado como determinantes para el futuro modelo de industria de defensa español, junto con, y esto no es menos importante, el esfuerzo en formación y capacidad de retención del conocimiento.