La necesidad de los Programas Especiales de Armamento
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La necesidad de los Programas Especiales de Armamento

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(Infodefensa.com) Madrid – El pleno del Congreso del 30 de junio de 1998 aprobó el dictamen para establecer la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas que llevó a la suspensión del servicio militar obligatorio. Una aspiración que se planteaba de forma generalizada desde muchos sectores políticos y sociales españoles.

Aunque su aprobación no contó con el apoyo del principal partido de la oposición, en ese momento el PSOE, esto se debió a motivos de carácter “táctico”, puesto que en el fondo todos los partidos estuvieron básicamente de acuerdo en dos factores fundamentales. En primer lugar, los Ejércitos españoles tenían que profesionalizarse y, aunque no había acuerdo en cuanto al número de efectivos, todos los partidos planteaban como objetivo la suspensión de un servicio militar que había dejado de ser obligatorio “de facto”. En segundo lugar, había un acuerdo generalizado en el fondo, aunque no en la forma, en que la plena profesionalización debía acompañarse de un plan de modernización del equipamiento que compensase la reducción de efectivos y estructura de nuestras Fuerzas Armadas.

El dictamen reconocía que “profesionalización y modernización son conceptos indisociables” y llamaba a la necesidad de establecer “programas plurianuales realistas para garantizar un notable grado de seguridad en su cumplimiento”.

Ese modelo de Fuerzas Armadas respondía a unos criterios generales que deben interpretarse en clave nacional. La profesionalización como demanda social y la modernización para permitir la generación de riqueza interna en un momento que era especialmente delicado. La modernización no era sólo una demanda militar, sino también industrial y económica para permitir el posicionamiento de nuestro tejido productivo a nivel internacional en un momento en el que se estaban produciendo importantes iniciativas, especialmente, aunque no solo, en el sector aeronáutico.

De hecho, el gobierno ya había puesto en marcha desde enero de 1997 un mecanismo de financiación de determinados programas que se consideraban estratégicos tanto por cuestiones puramente operativas, como, y sobre todo, por consideraciones industriales y estratégicas. Así surgen los dos primeros programas especiales: fragatas F-100 y avión EF2000. El primero de ellos ha permitido que nuestra Armada disponga de unos buques de primera línea, pero sobre todo ha posicionado a nuestra industria naval como un productor de referencia mundial, como pronto demostró el programa de cooperación con Noruega. El caso del EF2000 quizás sea aún más llamativo, puesto que mucho antes de que nuestro Ejército del Aire recibiese los primeros aviones, en torno al programa se había desarrollado una capacidad industrial de la que antes se carecía. El caso de los motores de aviación quizá sea el más destacado.

A finales de 1998 se incorpora el Leopardo como nuevo programa especial destinado a renovar la flota de carros del Ejército. Una renovación necesaria, aunque para algunos no fuera prioritaria desde el punto de vista operativo, puesto que las unidades acorazadas contaban con unos carros recién modernizados. En cualquier caso, era un programa necesario para mantener una capacidad de producción de vehículos acorazados que se consideraba esencial desde el punto de vista industrial y laboral en algunas zonas.

Así quedaron configurados los tres primeros Programas Especiales de Armamento, que representan aproximadamente el 50% del total del volumen inversor, que ronda los 30.000 millones de euros para los 20 programas actuales.

Durante la VII legislatura se abordaron nuevos programas: A400M, S80, Buque de Proyección Estratégica, helicóptero Tigre y vehículos Pizarro. El impulso al sector aeronáutico español en torno al A400M es de sobra conocido. En la entrada en el programa Tigre, no exenta de polémicas de cara al Ejército de Tierra, influyó de forma notable el componente industrial. El programa Pizarro materializó una vieja aspiración de las unidades mecanizadas del Ejército, pero sobre todo la puesta en valor de un proyecto de ingeniería español que a la larga ha devenido casi 20 años después en un importante programa de adquisición para el Reino Unido. En el sector naval, aunque la apuesta tecnológica por el S80 es todavía una incógnita, el BPE ha permitido uno de los mayores programas de exportación de la industria naval española hacia un socio tan exigente como es Australia.

El cambio de partido en el gobierno en 2004 no sólo no paralizó el esquema de modernización e impulso industrial y tecnológico, sino que lo potenció en número de programas. En el periodo 2004-2011 se abordaron 11 nuevos programas especiales, de los que hay que destacar los misiles IRIS-T y Taurus, los BAM y el BAC Cantabria, los programas derivados de la creación de la UME y, sobre todo, el programa NH90.

Los programas de misiles, junto con el programa Meteor, han permitido posicionar a la industria española en un sector en el que éramos meros clientes. Actualmente, empresas españolas son referente mundial en componentes de misiles, una tecnología que ha derivado en múltiples aplicaciones duales con una importante capacidad tractora en componentes industriales. En el ámbito naval tanto los BAM como el BAC han dado como resultado oportunidades de negocio y presencia de nuestras empresas en mercados exteriores. Quizás el caso más paradigmático haya sido el del NH90, que ha permitido la creación de un polo industrial en helicópteros en Albacete. Las deficiencias de origen político en este programa han tenido que solucionarse durante la presente legislatura no sin dificultades.

Por otro lado, la UME nació, igualmente, no exenta de polémica, pero su utilidad y solvencia están ahora fuera de toda duda. Quizá su creación sea un ejemplo a considerar, puesto que la decisión de organización de la unidad venía acompañada de un crédito de unos 900 millones de euros que permitió abordar su creación con garantías de éxito, lo que sin duda benefició a un conjunto de empresas nacionales, especialmente en el ámbito del mando y control. Eficacia operativa y modernización venían de la mano de un horizonte financiero del que se ha carecido en otros casos.

El último de los programas especiales abordado durante la presente legislatura, el helicóptero de enseñanza EC135, viene también de la mano de un condicionamiento industrial fijado por gobiernos anteriores y que pretendía garantizar la viabilidad de la factoría de Albacete. El Ministerio de Defensa ha retomado una iniciativa de gobierno heredada como muestra de su compromiso hacia el desarrollo industrial nacional.

El problema fundamental de todos estos programas no deriva, en nuestra opinión, de un mero problema financiero, sino más bien de un compromiso político que no puede ser variable en función de situaciones coyunturales. El pretendido “colapso financiero” no se debe a un volumen de deuda más o menos abultado. Recordemos que mientras que el presupuesto de defensa recibía créditos suficientes se afrontaban los pagos derivados. Es sólo cuando durante la legislatura anterior se decide no asignar en presupuesto ordinario las partidas correspondientes a los pagos de los compromisos contraídos cuando se produce un problema de insolvencia. No es un “colapso financiero” del Ministerio de Defensa, es una falta de asumir compromisos contraídos por España como nación, lo que a la larga produce pérdida de credibilidad y el riesgo de tener que asumir penalizaciones con mayores costes.

El volumen de pagos pendientes, en el entorno de los 20.000 millones de euros hasta 2030, no puede sorprender a nadie, puesto que los sucesivos gobiernos, de ambos signos, han ido extendiendo los calendarios financieros para adaptarlos a las posibilidades reales. Durante la legislatura actual las primeras comparecencias políticas de los responsables del departamento ya anunciaban que el gobierno estaba dispuesto a asumir sus compromisos, reconduciendo programas con vicios originales, como el NH90, e introduciendo mejoras de gestión, como se ha realizado con la centralización de las oficinas de programa.

El llamado “nuevo ciclo inversor” anunciado recientemente desde el Ministerio de Defensa pretende dar continuidad a una línea política iniciada en 1996 y continuada entre 2004 y 2011, pero sobre todo busca garantizar la viabilidad de un sector trascendental para el desarrollo tecnológico e industrial como es el de la defensa, si no queremos que nuestras inversiones pasadas resulten inútiles y que nos convirtamos en meros compradores o mantenedores de material que se convertirá en obsoleto.

En este marco, la actuación iniciada en 2011 resulta coherente. En primer lugar porque garantiza el pago de los compromisos, es decir, elimina los números rojos que habían producido los impagos, a través de un mecanismo jurídicamente válido, como es el de los créditos extraordinarios, único recurso posible si no se puede incrementar el presupuesto ordinario. En segundo lugar, porque actúa en la mejora de la gestión, reconduciendo problemas de origen sin perjudicar la posición de nuestras empresas en el marco internacional y abordando la que, quizá, sea la reforma estructural más ambiciosa de toda la administración durante la presente legislatura. En tercer y último lugar, porque actúa sobre el futuro permitiendo unas inversiones inicialmente modestas pero que resultan esenciales para asegurar la viabilidad industrial a medio y largo plazo.

Por supuesto que hay muchas lecciones aprendidas de la experiencia acumulada y que se han producido errores. Para corregirlos el debate debería alejarse de posiciones demagógicas y centrarse en cómo abordar el futuro asegurando un horizonte de estabilidad que permita garantizar el pago de la deuda que, insistimos, no es de defensa; garantizar el sostenimiento de unas Fuerzas Armadas que no pueden reducirse más sin riesgos para nuestra seguridad y que han alcanzado los niveles de efectivos que reclamaban los partidos que no apoyaron en su momento la profesionalización por considerar exagerado el volumen entonces fijado; y permitir el posicionamiento de nuestra industria en el ámbito europeo con competitividad suficiente, al mismo tiempo que se mantiene capacidad para generar riqueza en nuestro país.



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