Cómo luchar contra la inseguridad ciudadana en América Latina

(Infodefensa.com, bajo autorización de la Fundación Safe Democracy) El delito organizado, los secuestros extorsivos, la narcoguerrilla y el lavado de dinero describen hoy la realidad de muchos países de América Latina, que tiene un componente cada día más transnacional, y frente a la cual la respuesta de mano dura ha resultado ser ineficaz. Sólo a través de un enfoque integral de lucha contra el crimen organizado -combinando políticas integradoras que profundicen el crecimiento económico con inclusión social- podrá darse una solución efectiva a este problema que alcanza hoy niveles epidémicos, afirma Joaquín Mirkin.

Joaquín Mirkin es Consejero Editorial de la edición de América Latina de Infodefensa.com y Director Ejecutivo de la Fundación Safe Democracy. Es experto en Comunicación y Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, ha realizado un Master en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid y otro Master en Comunicación Política e Institucional del Instituto Ortega y Gasset de Madrid. Ha trabajado los últimos 9 años en Periodismo (en el diario Página/12 de Buenos Aires), en Comunicación y Relaciones Institucionales. Reside desde hace más de seis años en Madrid.

(Desde Bogotá y Madrid) La inseguridad ciudadana es uno de los grandes problemas de América Latina. Y no se trata solo de una sensación. Lo confirman los índices de homicidios, que se han duplicado desde 1980 hasta alcanzar hoy niveles epidémicos.

La clásica respuesta basada en los enfoques policiales y represivos conocidos como mano dura, no han dado los resultados esperados, a pesar de su popularidad. Más bien, todo lo contrario.

La tasa de homicidios en ascensoBernardo Kliksberg, uno de los mayores expertos mundiales en políticas públicas y lucha contra la pobreza, Asesor Principal del PNUD en Nueva York, y colaborador de Safe Democracy, afirma que la evolución de la tasa de criminalidad en América Latina es alarmante. Cuatro de cada diez latinoamericanos dice que ellos o algún familiar suyo ha sido asaltado, agredido o ha sido víctima de un delito en el último año.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la media de homicidios en 1980 era de 12,5 al año por cada 100.000 habitantes, mientras que el número de pobres era de 136 millones de personas (40,5 por ciento). En 2006 la tasa de homicidios había ascendido hasta 25,1 cada 100.000 habitantes, es decir, que la criminalidad se ha duplicado en 26 años. Si bien la pobreza ha retrocedido en números relativos (35,1 por ciento), ha trepado considerablemente hasta alcanzar el escandaloso número de 190 millones de personas pobres, 50 millones de personas más en dos décadas como resultado de políticas económicas desastrosas.

Según datos de la OPS (de 2006), los países con mayor criminalidad son El Salvador, Colombia, Venezuela y Brasil. México no aparece entre los primeros puestos, pero es probable que hoy sea uno de los países con mayor inseguridad de la región. Costa Rica, Cuba, Perú, Argentina, Chile y Uruguay, por su parte, son los países con menor número de homicidios de la región.

La ineficacia de la mano duraFrente al crecimiento del delito, el enfoque que ha prevalecido ha sido el de mano dura, que es como apagar un incendio con gasolina. La mano dura se tradujo en un reforzamiento de la policía, otorgándole mayor discrecionalidad, aumentando las penas y bajando la edad de imputabilidad para meter presos a los adolescentes que delinquen. Se le han otorgado responsabilidades represivas a la policía para las que no está preparada, ni le corresponde.

El enfoque puramente represivo ha demostrado ser ineficaz. Por el contrario, ha aumentado la sensación de inseguridad. Donde se aplicó la mano dura y la súper mano dura, como en la región de Centroamérica, el efecto ha sido contraproducente: el delito ha crecido. Se calcula que las maras tienen cien mil integrantes en Honduras, otros cien mil en Guatemala y cifras aún mayores en El Salvador, con ramificaciones en Estados Unidos y Europa.

Inversiones millonarias sin resultadosBrasil es uno de los países que más ha sufrido la inseguridad ciudadana, tan bien retratada en películas como Ciudad de Dios y la reciente Tropa de Elite.

¿Qué ha hecho Brasil hasta la llegada de Lula al poder? Invertir cada día más en seguridad pública y privada. Esta inversión representaba el 10,3 por ciento del Producto Bruto en 2001, según estudios del BID, el equivalente al Producto Bruto anual de Chile. Brasil se gastaba un Chile completo anual en represión. Pero la estrategia no mejoró la seguridad. Más bien lo contrario.

Río de Janeiro es la segunda ciudad más poblada de Brasil y encabeza todos los registros de violencia con índices de criminalidad que superan a otros centros urbanos de América Latina. La presencia del delito organizado en las zonas más pobres hace de la inseguridad un problema endémico.

En México, el gasto en seguridad pública subió, pero el delito siguió creciendo, a punto tal de que México vive hoy una ola de violencia indiscriminada, con el mayor índice de secuestros del mundo.

Los narcotraficantes colombianos y de otros países se han instalado fuertemente en México desde donde introducen, junto con los carteles mexicanos, la droga en Europa y Estados Unidos y Canadá. Esto se ha traducido en un recrudecimiento de la violencia.

La exclusión aumenta la inseguridadPero hay otro tipo de delito que aumenta porque crece la exclusión, la pobreza y la desigualdad. Hay millones de jóvenes en América Latina que están completamente excluidos. Al nacer en la favela, en la villa miseria o en barrios pobres -provenientes de familias desarticuladas y sin haber terminado la escuela-, son arrojados a la delincuencia, y empujados a sumarse a bandas organizadas, a convertirse en sicarios a sueldos, o contrabandear drogas. Si no se logra integrar dentro del sistema a los millones de jóvenes hoy excluidos la inseguridad crecerá exponencialmente.

El delito organizado, el narcoterrorismo, las bandas de secuestros extorsivos y el lavado de dinero tiene un componente cada día más transnacional. En este sentido, su lucha y represión es fundamental y debe ampliarse en la colaboración internacional entre las fuerzas de seguridad. Para ello, hay que mejorar las condiciones de trabajo y la formación de la policía, reforzando las unidades especiales, que no sean tan fácilmente corrompibles.

Encuentro en Bogotá sobre seguridad ciudadana en los países andinosHace pocos días, fui invitado a participar de un encuentro en Bogotá sobre Seguridad Ciudadana en los Países Andinos organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y por el Parlamento Andino. El evento contó con la participación de Samuel Moreno Rojas, alcalde de Bogotá, y de la presidenta del Parlamento Andino, Ivonne Baki, líderes ejemplares en su compromiso con el desarrollo.

Participaron además los alcaldes de Quito, Cuenca y Machala (Ecuador), Trujillo y Surquillo (Perú), de Medellín (Colombia), y un grupo de expertos como Frank Sánchez, asesor económico de Barack Obama; Gonzalo Flores Céspedes, Fiscal de Bolivia; Raúl Sohr, periodista de Chilevisión; Carlos Salazar, consultor en Comunicación; Rubén Darío Ramírez, experto en seguridad de Bogotá; Lourdes Espinoza, de la Comunidad Andina de Naciones; y yo mismo, como Director Ejecutivo de la Fundación Safe Democracy.

El objetivo era intercambiar experiencias exitosas en seguridad ciudadana y comentar los fracasos, estableciendo una agenda en común. Para ello, suscribimos la Declaración de Bogotá, donde resaltamos la importancia de establecer políticas públicas comunes en materia de seguridad ciudadana, a través de la cooperación en capacitación, intercambio de información y de experiencias.

Políticas orientadas a la rehabilitación y la inclusiónMe gustaría comentar algunos ejemplos. Nicaragua tiene un índice de homicidios de ocho cada 100.000 habitantes, tres o cuatro veces menos que el de sus vecinos de la región. ¿Cómo logró reducir estas cifras? Aplicando un enfoque basado en la prevención y la rehabilitación que incluyó la construcción de una relación directa entre la policía y la comunidad, en lugar de optar por endurecimientos legales, y se abrieron oportunidades de trabajo y de desarrollo artístico y vocacional en las cárceles.

Algo similar hizo Costa Rica: implementó políticas orientadas a la rehabilitación. El 70 por ciento de la población carcelaria trabaja en tareas agrícolas, abasteciendo el sistema penitenciario con alimentos o en oficios como la carpintería. En Costa Rica, el sistema penitenciario está obligado a dar cursos de alfabetización, escuela primaria, secundaria y universidad para los presos que lo deseen.

José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad de Río de Janeiro, está desarrollando junto con el gobierno federal de Brasil un enfoque integral de lucha contra el delito. Aunque el trabajo es sumamente complejo, Beltrame tiene la concepción de que la violencia que vive Río de Janeiro está originada por la ausencia del Estado, y sólo se solucionará con políticas públicas, con desarrollo del ser humano y con la promoción de la vida. A través de la Política de Aceleración del Crecimiento, el Estado ya no se ocupa sólo de la seguridad pública, sino que ofrece dignidad a la población. Han decidido entrar de una vez por todas a la favela, pero no puntualmente, como hemos visto tantas veces, sino para quedarse, y hacer allí obra pública y ofrecer servicios.Bogotá, en 1994, alcanzó una tasa de 72 homicidios por cada cien mil habitantes. Cerca de 4.000 mil homicidios al año. En 1993 llegó a tener la cifra epidémica de 80 homicidios por cada cien mil habitantes. En el año 1994, con 72 homicidios por cada 100.000 habitantes Bogotá era mas violenta que ciudades como Río de Janeiro, o San Paulo.

Hoy Bogotá es la única ciudad importante de América Latina que en los últimos años ha visto caer sus tasas de criminalidad. Mientras en 1998, el 24 por ciento de los ciudadanos de Bogotá afirmaba que se sentía seguro en su barrio, esa cifra subió al 31 por ciento en 2007 y en 2008 se ubica en el 43 por ciento, según me dijo Samuel Moreno Rojas, el alcalde mayor de la ciudad.

Esto ha sido posible por el rol protagónico que en este esfuerzo jugó la Alcaldía de Bogotá, con Samuel Moreno Rojas y sus dos anteriores alcaldes, Luis Eduardo Garzón y Antanas Mockus, como promotores de un enfoque integral, en el marco del crecimiento económico.

Un enfoque integral de lucha contra el delitoAmérica Latina vive la mejor época de los últimos 30 años: crecimiento sostenido del 5 por ciento del PIB derivado de la fuerte demanda mundial de exportaciones agrícolas, energía y minería y otros commoditties. Posee empresas que crecen y se globalizan. Es un momento de oportunidad de todo punto de vista.

En este contexto, sólo un enfoque integral de lucha contra el delito, que ubique la inseguridad en el contexto social y económico que atraviesa América Latina, permitirá un acercamiento efectivo al problema, más allá de la mano dura. Este enfoque integral debe combinar la prevención, el combate contra el delito organizado con la mayor efectividad posible y al mismo tiempo con políticas integradoras que profundicen el crecimiento económico combinado con inclusión social e incorporen gradualmente al sistema a los millones de jóvenes hoy excluidos. Chile, Brasil, Colombia y otros países están transitando por ese camino. El trabajo es complejo y difícil, pero vale la pena el esfuerzo.