Designan como auditor general de las FFAA argentinas a militar que denunció la venta de armas a Ecuador

13/07/2009 (Infodefensa.com) Buenos Aires - La presidenta argentina, Cristina Kirchner, designó al contraalmirante José Agustín Reilly como nuevo auditor general de las Fuerzas Armadas de acuerdo con el decreto 859/2009.

Según explica el Ministerio a cargo de Nilda Garré, "la figura del auditor general de las Fuerzas Armadas es de suma importancia dentro del nuevo Sistema de Justicia Militar, ya que es el responsable de asesorar en cuestiones jurídicas al Ministerio de Defensa, al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los jefes de Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas y a las misiones de mantenimiento de la paz, personal y contingentes destacados en el extranjero".

El contraalmirante podrá desempeñarse en dicho cargo por el lapso de dos años, que empezó a regir el 27 de febrero de 2009. Sin embargo, el militar ya prestaba funciones desde 1995 en la Auditoría General de las Fuerzas Armadas.

Reilly se hizo conocido a poco de ingresar a la citada oficina por la presentación de un informe que daba cuenta de la irregular venta de armas a Ecuador, durante el gobierno de Carlos Menem.

Asimismo, el militar tiene un completo perfil de formación académica. Tras graduarse como abogado en la Universidad de Buenos Aires, con doctorado en la misma institución, "fue alumno de la United States Naval Justice School, en Newport, Rhode Islan, y participó en la Base Naval de Norfolk, Virginia".

También fue miembro de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y de Derecho de la Guerra, con sede en Bruselas y se desempeñó en la comisión Ministerial Redactora del Anteproyecto de Código de Justicia Militar, que diera como resultado el Nuevo Sistema de Justicia Militar que entró en vigencia el 27 de febrero del corriente, sancionado por la ley 26.394.

Es preciso recordar que, entre otros aspectos, el Nuevo Sistema de Justicia Militar deroga el antiguo Código de Justicia Militar, erradica la pena de muerte, permite el tratamiento de los delitos esencialmente militares en la órbita de la justicia común y favorece a un cambio integral del sistema disciplinario.

Según indica un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa, "el proceso de selección del oficial superior propuesto para desempeñar la titularidad de la Auditoría General de las Fuerzas Armadas es de conocimiento público" por lo que se dispone de un lapso de 30 días para presentar adhesiones y oposiciones a la figura del militar.