La Justicia brasileña da luz verde a la compra de los nuevos vehículos de combate 8x8 del EJército
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La Justicia brasileña da luz verde a la compra de los nuevos vehículos de combate 8x8 del EJército

La jueza afirma que la adquisición de los blindados "forma parte de una política pública a largo plazo, apoyada en un amplio debate técnico"
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Centauro II. Foto: CIO
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La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, suspendió la decisión del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF1) que, en apelación interlocutoria, frenó cautelarmente la firma del contrato entre el Ejército brasileño y el Consorcio CIO, empresa ganadora de continuar el proceso de compra de blindados italianos.

Según la jueza, tal y como informó la Unión en la solicitud de suspensión de orden preliminar, la adquisición de los blindados "forma parte de una política pública a largo plazo, apoyada en un amplio debate técnico, que comenzó hace diez años". 

Asimismo, la presidente del tribunal sostuvo que el proyecto en cuestión -Proyecto Fuerzas Blindadas- comenzó en 2012, hace por tanto más de diez años, y no fue algo elaborado de forma precipitada o repentina. El gasto fue debidamente incluido en el Plan Plurianual 2020-2023, aprobado por el Congreso en diciembre de 2019, e incluido como Inversión Plurianual Prioritaria, explicó el ministro. 

Además, según la magistrada, la compra se realizará a lo largo de 17 años, hasta 2040, y la alegación de grandes gastos en un momento de restricciones presupuestarias -justificación utilizada para suspender la compra- es improcedente.

"Contrariamente a lo que se afirma en la decisión impugnada, no existe ninguna disposición que prevea el desembolso instantáneo del importe de 5.000 millones de dólares. Sí existe la necesidad de pago de un millón de reales (188.918 dólares), como una forma de confirmar el contrato y dentro del período de compromiso de la asignación presupuestaria de 2023", explicó.

A Centauro II e a torre Hitfact MK II, as propostas do IDV e Leonardo para o Exército Brasileiro


Medida cautelar

La acción popular que desencadenó la paralización de la licitación fue presentada por Charles Capella de Abreu, quien formó parte del gobierno de la expresidenta Dilma Roussef, ante el Tribunal Regional Federal de la I Región (TRF-1) y avalada por el juez Wilson Alves de Souza.

"La referida compra, cuando se apagan las luces del actual Gobierno y ante el estado calamitoso en que se encuentran otras áreas de mayor urgencia, representa una verdadera violación de la moral pública", sostenía la demanda. Cappella afirmaba que la mitad de los 5.000 millones de reales (946 millones de dólares) a los que, según él, ascendería el contrato proviene de recortes en otras áreas, como Salud (272 millones de dólares) y Educación (264 millones de dólares).

Por su parte, el juez avaló los argumentos de Cappella. "En este contexto, se ve claramente que el acto atacado no responde a los supuestos de conveniencia y oportunidad, pues se evidencia la falta de razonabilidad, el desvío, la ilegalidad y hasta el elemental sentido común, pues no cabe otra calificación cuando al mismo tiempo que se recortan los presupuestos de educación y salud por falta de dinero, si se pretende comprar armas en tiempos de paz", había dicho el magistrado en la medida cautelar. 

El pasado 25 de noviembre, el Ejército dio a conocer el resultado de la ahora paralizada licitación, en la que el blindado Centaruo II, del Consorcio CIO (conformado a partes iguales por Iveco y Leonardo), se impuso a los modelos LAV 700 de General Dynamics Land Systems y ST1-BR de la firma china Norinco



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