El ministro de Defensa, Pedro Morenés, deja en manos de su homólogo de Hacienda, Cristobal Montoro, el contrato relacionado con el desarrollo de las futuras fragatas españolas F-110 para evitar conflicto de intereses por sus conexiones con la empresa MBDA España antes de llegar al Gobierno hace unos cuatro años.
Morenés fue presidente de MBDA España –compañía que se dedica al diseño y la fabricación de misiles- desde enero hasta diciembre de 2011.
El boletín oficial del estado recogió el jueves, 1 de octubre, un decreto ley firmado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que se recusa a Morenés y se encarga a Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, la labor de presentar las propuestas de los contratos de desarrollo relacionados con las nuevas fragatas al Consejo de Ministros, que tiene que autorizar la celebración del contrato de ejecución de la llamada fase de definición. El diario oficial no aclara si ha sido el propio ministro el que ha solicitado ser apartado del proceso de adjudicación.
El BOE señala las causas por las que un ministro puede ser recusado por este proceso, regulado por el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Entre ellas están “tener interés personal en el asunto de que se trate o en otra cuya resolución de “parentesco” o bien terner relación de “amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”.
La Ley advierte a su vez que “la no abstención en los casos en que proceda dará a lugar a responsabilidad”.
Por su relación pasada con MBDA
Según explicaron fuentes del ministerio de Defensa, la decisión busca evitar que Morenés pueda cometer conflicto de interés, ya que MBDA “podría tener participación” en dicho contrato, actualmente en fase final de negociación.
“Se abstiene porque en esta fase puede participar una sociedad en la que trabajó el ministro", aseguraron las mismas fuentes.
Partida de 135 millones
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio una partida de 135 millones para varios paquetes tecnológicos relacionados con el desarrollo de la nueva fragata, que está llamada a sustituir a las actuales F-80 de la clase Santa Maria en la labores de escolta y que se encuentran al final de su vida operativa.
Los acuerdos contemplan la realización de tres programas de desarrollo y uno de ellos está centrado en el desarrollo de un sistema de actuación y control de misiles, donde podría entrar a participar la compañía MBDA. Según fuentes del sector, las empresas principales en estos proyectos de desarrollo se espera que sean los astilleros públicos Navantia y la multinacional tecnológica Indra.
El Ministerio de Industria adelantará el presupuesto para los Programas Especiales de Armamento (PEAs) en seis pagos anuales que irán de 2015 a 2020. Por su parte, Defensa se compromete a devolver la cantidad prestada a partir de 2021.