La Guardia Civil contará con 26,8 millones para los servicios de sus buques oceánicos

El Consejo de Ministros autorizó en su reunión del pasado viernes una partida de 26.832.000 euros para la contratación de los servicios auxiliares de los tres buques oceánicos -Río Miño, Río Tajo y Río Segura- del Servicio Marítimo (Semar) de la Guardia Civil.

Con este presupuesto, la Dirección General de la Guardia Civil contratará el personal necesario para la puesta en marcha de estas embarcaciones. Cabe destacar que la tripulación completa incluye ciertos puestos como capitán, jefe de máquinas, oficial de puente y de máquinas o contramaestre que el Instituto Armado no puede cubrir ya que no cuenta con este tipo de titulaciones.

El contrato también recoge el servicio de reconocimiento, revisión, mantenimiento, preparación y limpieza que permite una correcta navegación en las condiciones adecuadas. Al igual que sucede con algunos puesto de la tripulación, la Guardia Civil no dispone de un equipo preparado y con la formación necesaria para este tipo de tareas.

Estos servicios, explica el Gobierno, se contratan sucesivamente desde la entrada en servicio de los buques oceánicos para garantizar su navegación y estado operativo permanente. Actualmente, la flota oceánica de la Guardia Civil cuenta con los buques Río Miño, Río Tajo y Río Segura integrados en el Grupo Marítimo de Canarias.

Dichos buques realizan funciones de refuerzo y apoyo al despliegue efectuado por España en las aguas del estrecho de Gibraltar y de Canarias. Asimismo, ofrecen cobertura logística al resto de las embarcaciones desplegadas mediante su participación en la localización e interceptación de pateras con inmigrantes irregulares y la actuación contra cualquier amenaza como el terrorismo o el narcotráfico.

Proceso de contratación

En este contexto, la Guardia Civil ha iniciado los trámites para contratar nuevamente estos servicios mediante procedimiento abierto y con un plazo de ejecución de 36 meses, desde el 1 de diciembre de 2017 (fecha más próxima en la que se calcula se habrá podido concluir la tramitación del expediente) o a partir del día siguiente a la fecha de la formalización del contrato si esta fuera posterior.